En una sesión especial de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, este lunes la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público entregaron detalles de sus funcionarios y exfuncionarios investigados en eventuales casos de corrupción.

La convocatoria estaba fijada para que las autoridades de ambas instituciones “proporcionen antecedentes sobre eventuales casos de corrupción que afectarían a exfuncionario y funcionarios de sus instituciones”.

En esa línea, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, fue el primero en intervenir frente a los diputados integrantes de la instancia parlamentaria, dando cuenta de las acciones que buscan prevenir casos de corrupción en la policía civil. Entre ellas, destacó la instalación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todo el país, la aprobación del Modelo de Control Interno para la Prevención y Control de Conductas Indebidas, la instalación de una Jefatura Nacional de Control Normativo y Administrativo, junto con un Departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.

Además de establecer un Nuevo Código de Integridad, que fija el “estándar” de los detectives, instrucciones para mejorar la Ley de Lobby, además de informes financieros que se envían a la Contraloría, entre otros.

“Se implementó el procedimiento para seleccionar aleatoriamente las unidades que deben someterse a las pruebas de detección de consumo de drogas y un procedimiento para recibir denuncias por maltrato, acoso laboral o acoso sexual. En 2025 hicimos 3.068 test de drogas, resultando 8 funcionarios positivos y fueron inmediatamente eliminados de las filas”, afirmó Cerna, destacando que quien se rehúsa, también es presunción de consumo que termina con la destitución.

Asimismo, Cerna afirmó que entre 2024 y 2025, abrió un canal de denuncias internas por casos de corrupción. “Respecto a las denuncias administrativas y mecanismos de procedimiento, según el registro de la plataforma OIRS-PDI, la evaluación de los reclamos recibió ha sido la siguiente: respecto a corrupción, el 2024 hubo tres, el 2025 dos, y este año van tres. El 2024, dos fueron desestimados y una terminó una investigación administrativa. El 2025, dos, ambas, llegaron a una investigación administrativa. Y el 2026, dos desestimadas y una está en un sumario administrativo que está en etapa de desarrollo”, planteó, sumando 9 denuncias en total.

“Estas cifras muestran que en cada uno de los años informados los reclamos calificados como hechos de corrupción representan un número ínfimo respecto al total recibido y esta condición se ha mantenido constante en el tiempo”, afirmó Cerna.

“Es delicado, nos duele, pero lo tomamos con mucha rigurosidad, de frente, y sobre todo con mucha decisión, y va a seguir así mientras me mantenga en el cargo, porque creo que la única forma de erradicar las malas prácticas que dañan la credibilidad y legitimidad que nos hemos ganado con mucho esfuerzo y sacrificio”, afirmó el director de la PDI.

“El que se corrompe debe estar fuera”, zanjó la máxima autoridad de la policía civil.

Ante las consultas de la diputada Lorena Fries (FA), del diputado Marcos Barraza (PC), y de Francisco Orrego (RN) quienes requerían cifras sobre detectives investigados o apartados de sus funciones, Cerna se comprometió a enviar los antecedentes, y defendió que de los 13 mil funcionarios, una minoría está en la mira de la justicia.

Ministerio Público: 4 fiscales investigados

Durante el turno del Ministerio Público, expuso la fiscal nacional (s), Carmen Gloria Wittwer, quien señaló que actualmente se encuentran cuatro fiscales en investigación penal, además de una abogada asistente cumpliendo una pena carcelaria en función a faltas en su trabajo.

También, en primera instancia destacó la promulgación el Código de Ética de Fiscales y Abogados del Ministerio Público, durante el año 2025.

“Surge frente a la necesidad de fortalecer la legitimidad y confianza de la función persecutora del Estado”, señaló la fiscal Wittwer.

Así, la autoridad relató que “en relación con las investigaciones administrativas en el período desde el 2023 al 31 de julio al 2026, se han realizado 470 investigaciones administrativas, seguidas contra 641 fiscales y funcionarios”.

“Lo relevante y lo que destaco, es que de este universo, el 27% (173) corresponde a investigaciones por conducta funcionaria indebida. Las otras obedecen a otras causales: acoso y maltrato laboral, uso indebido de información o equipos, no actuación exigible en causas; es decir, un 27% de las 470 investigaciones corresponden a conducta funcionaria indebida”, detalló la fiscal nacional (s).

De ellos, el 18,02% fueron removidos y al 41,02% de las investigaciones terminó en sanciones disciplinarias.

“La corrupción es intolerable no solo porque investigamos hechos de corrupción, sino que porque quienes investigan no pueden incurrir en los mismos actos”, afirmó Wittwer.

Ante la consulta del diputado Orrego (RN) sobre cuántos fiscales hay en el país y cuántos de ellos están sometidos a investigación penal y han sido condenados.

“En total somos 796 fiscales, de los cuales, 19 somos fiscales regionales (...) No tengo el dato exacto, pero efectivamente, en investigaciones penales vigentes, (son) cuatro (investigados). Y condenados, hay una abogada asistente de la Región del Maule cumpliendo condena por cohecho en el ejercicio de su función”, respondió la fiscal Wittwer.