La Contraloría General de la República (CGR) detectó que un total de 485 funcionarios públicos de la Administración Central se encontraban suspendidos preventivamente, pero continuaban recibiendo sus remuneraciones, entre 2020 y marzo de 2026. El organismo puso especial atención en los casos que llevan años sin resolución.

De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, 13 funcionarios permanecían suspendidos por más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en esta condición. En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva.

El caso más prolongado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con una suspensión estimada de 4 años y 7 meses. Le siguen casos del SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses, y del SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses.

Ante estos antecedentes, la Contraloría determinó que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años pasarán a ser tramitados por el propio organismo fiscalizador, con el objetivo de determinar si existen eventuales responsabilidades por las demoras en su tramitación.

Además, los servicios que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar en un plazo de 15 días hábiles sobre el estado de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o adoptar acciones para acelerar su término. La Contraloría también realizará nuevas verificaciones para revisar la veracidad de la información entregada por los organismos fiscalizados.

El informe señala que el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones correspondientes a los diez casos de suspensión más prolongada. Asimismo, se detectó que 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La fiscalización se complementa con el Instructivo N°29, emitido el 16 de septiembre, que establece que la suspensión preventiva debe mantenerse solo mientras sea necesaria para resguardar la investigación. La Contraloría recordó que los sumarios deben tramitarse con celeridad y que la medida debe levantarse cuando deje de existir un riesgo para el procedimiento.

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El informe CIC N°25 menciona que dos funcionarios que estaban suspendidos cumplían, en ese período, una medida cautelar de prisión preventiva. Otro caso se refiere a que el fiscal que decretó una suspensión preventiva también se encontraba en esa condición.

Otra situación que complejiza el término de estas suspensiones tiene que ver con 20 funcionarios suspendidos cuyos sumarios están a cargo de un fiscal que ya no trabaja en el servicio.

Además, se identificó decenas de casos en que funcionarios suspendidos viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego en ese período.