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El titular de la Segpres salió a responder al oficio enviado -tras solicitud UDI- por la Comisión de Seguridad de la Cámara a los Ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno que buscaba conocer la fecha de promulgación de la legislación, que fue despachada hace dos semanas.

Tras la votación, el trámite en la instancia se entendió por cumplido. “Este proyecto de ley, a pesar del veto, es un gran avance”, afirmó el presidente de la comisión, Felipe Kast. Oposición anunció una nueva iniciativa una vez finalizado el trámite.

El militante de Evópoli y parlamentario por la Región de La Araucanía advirtió que “el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", con respecto a la agenda de seguridad que se discute en esa instancia legislativa. En la mañana desde el gobierno las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo salieron a defender la decisión del Ejecutivo.

El objetivo esencial del proyecto era dar una pena de privación de libertad a la ocupación ilegal. La discordia se generó por una medida que permite a civiles usar la fuerza para recobrar, por su cuenta, sus terrenos, sus casas o sus departamentos, en cualquier momento.

Este miércoles, la Cámara Alta propinó una nueva derrota a La Moneda al aprobar la iniciativa contra las ocupaciones de terrenos. “Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La Cámara de Diputados visó este martes -con las fuerzas parlamentarias de los partidos del Ejecutivo divididas y desordenadas- el texto impulsado por la derecha. En el PPD cuestionaron el descuelgue del PC y el Frente Amplio. "Uno espera gestos mínimos de lealtad y que tengan la decencia para cumplir la palabra y que no nos expongan al ridículo”, dijo el diputado Jaime Araya (PPD-indep.), quien advirtió que su bancada también podría quedar en libertad de acción para votar la reforma de pensiones.

El parlamentario de RN asumirá la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja y critica al Ejecutivo por la agenda desplegada.

El Ejecutivo ingresó indicaciones que buscaban considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, normas sobre catastro anual de campamentos y revertir el denominado “autotutelaje”.

Casi dos tercios de los diputados de la alianza gubernamental votaron en contra de la idea de legislar de esta iniciativa a pesar de la posición de La Moneda. Esta era la segunda señal de advertencia de las bancadas de Apruebo Dignidad en contra de las iniciativas que ha promovido la ministra del Interior.

Parlamentarios de la DC o el Partido Demócratas están más cerca de apoyar la postura de la derecha que permitiría a civiles recuperar terrenos por la fuerza en cualquier momento. Sin embargo, hay una decisión clara del gobierno de no permitir que avance esta reforma en los mismos términos que quiere imponer la oposición. Al final, la votación de la iniciativa se pospuso un par de días.

En esta ocasión, parlamentarios de sectores no alineados, como la DC o el Partido Demócratas, están más cerca de apoyar la postura de la derecha para permitir las recuperaciones de terrenos. Sin embargo, hay una decisión clara del gobierno de no permitir que avance esta reforma en los mismos términos que quiere imponer la oposición.

Sin la presencia de ministros, la instancia controlada por la derecha despachó el articulado del proyecto que eleva penas y endurece medidas por la ocupación de terrenos. Entre los puntos más delicados, se establece la autodefensa y la flagrancia permanente de la usurpación, lo permite que civiles actúen por su cuenta para recuperar terrenos.

La norma fue presentada por diputados de oposición y provocó el rechazo de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien estaba en la instancia e hizo reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.

Tras la instancia se acordó que durante la próxima semana se vote el proyecto en general.

Además de migrantes detenidos sin documentación, la iniciativa incluye a chilenos que no cuenten con su identificación. La diputada Lorena Fries (CS) anunció reserva de constitucionalidad.