En una reunión telemática, los cinco integrantes opositores de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados iniciaron las coordinaciones para una ofensiva en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Esto, luego del golpe de la Contraloría General a la exsecretaria de Estado del Presidente José Antonio Kast, que en un dictamen, a petición de parlamentarios, zanjó que la exfiscal actuó fuera de sus atribuciones legales y debió abstenerse de pedir información reservada, de una investigación en curso, que ella misma conocía por su paso por el Ministerio Público en Iquique.

En la reunión online de este viernes, que se extendió de 8.30 a 9.15 horas, los parlamentarios de oposición, Bernardo Salinas (PC), Patricio Pinilla (DC), Jaime Araya (independiente-PPD), Tatiana Urrutia (FA) y Raúl Leiva (PS), concordaron en impulsar la creación de una comisión especial investigadora y además una posible acusación constitucional con consulta a los partidos.

Pinilla, por ejemplo, planteó que lo de Steinert “es una situación grave, porque incumplió la ley, faltó al deber de abstención”.

El congresista DC apuntó que “la reacción del gobierno ha sido impropia, el vicepresidente (Claudio Alvarado) dijo que es un error, Arrau la respaldó. No hay un aprendizaje. El gobierno debe ser más claro y preciso. La reacción es un despropósito, más cuando tiene que ver con las policías”.

“Acordamos tener una reunión con presidentes de partido y jefes de bancada. Las opciones son varias, desde una comisión especial investigadora a una acusación constitucional. Ninguna se descarta”, señaló.

Leiva, por su parte, sostuvo que “lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir en uso de los instrumentos de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados”.

En la misma línea de Pinilla, cuestionó la reacción del Ejecutivo, al señalar que “no ha tomado debida cuenta de la gravedad de este hecho y eso también nos permite hacer un análisis político mucho más complejo”.

Con todo, remarcó que “cualquier decisión no es individual, actuamos de manera colectiva, no solo nosotros como integrantes, sino también respetando el parecer de nuestras bancadas y de las presidencias de nuestros partidos políticos”.

Y adelantó que van a tener una próxima reunión junto con las bancadas y con los timoneles de sus tiendas “para ver los pasos a seguir desde el punto de vista de fiscalización y esta herramienta que nos entrega la Constitución a quienes integramos la Cámara de Diputados”.

Araya, en tanto, advirtió que el dictamen sobre Steinert “es gravísimo, por lo que sostuvimos esta reunión para definir los pasos a seguir. Lo primero es que vamos a trabajar unidos para fortalecer la institucionalidad que el gobierno ha dañado profundamente con estos hechos”.

El parlamentario PPD destacó que el objetivo es poner el foco “en fortalecer la institucionalidad, en no hacer pequeños puntos políticos, no actuar como el Partido Republicano, sino que hacerlo con sentido de Estado, porque aquí se vulneró gravemente la ley en un contexto de una investigación de crimen organizado”.

“Nos parece que tenemos que actuar con la mayor prudencia y responsabilidad. Están arriba de la mesa la comisión especial investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas, políticas, e incluso de responsabilidad penal abiertas, y las vamos a evaluar en conjunto, buscando que esto sea un cierre definitivo a estas malas prácticas que ha desarrollado el gobierno del presidente Kast”.

Salinas agregó que “estamos evaluando como miembros de la Comisión de Seguridad, pero también en nuestras bancadas, la posibilidad de explorar una comisión especial de investigación y, si así lo amerita, una acusación constitucional”.

“Eso va a ser parte de la evaluación que vamos a tener, porque a la luz de los antecedentes de la Contraloría, esto amerita un análisis mucho más profundo”, complementó el parlamentario PC.

La diputada Urrutia comentó que “no vamos a actuar con liviandad ni a anunciar acusaciones constitucionales al voleo. Vamos a estudiar los pasos a seguir junto a las bancadas que advertimos esta ilegalidad desde el primer día. Hoy la Contraloría confirma que, a solo 48 horas de asumir, la encargada de la seguridad pública del país se entrometió en una causa penal vigente contra el crimen organizado, lo que es de la máxima gravedad”.

“Una CEI permitiría esclarecer las preguntas que el gobierno ha intentado dejar sin respuesta y evitar que siga eludiendo la responsabilidad política que le corresponde”, añadió la frenteamplista.