SEÑOR DIRECTOR:

En la reciente cuenta al país, el Presidente Boric anunció que el CCP de Punta Peuco pasaría a ser una cárcel común, lo que en la práctica -según él- significa quitarle el supuesto “privilegio” que por años ha acompañado a ese penal, entregando a Gendarmería de Chile lo relativo a la administración de la nueva segregación que sería objeto dicho recinto carcelario.

Una decisión de este tipo requiere previamente de un análisis del perfil criminológico del reo de Punta Peuco, que no es igual al resto de los reos comunes, y que, desde el punto de vista de la finalidad de la pena, no tienen necesidades de prevención especial. Además, debe considerarse el perfil etario-sanitario, ya que se trata de internos provectos, con serias enfermedades crónicas, algunas terminales.

Asimismo, el anuncio debe ser visado desde el punto de vista de la política carcelaria, ya que -por el tipo de preso que alberga- Punta Peuco es un penal de mínima seguridad. Por cierto, resulta impensado en ese lugar la posibilidad de fugas, riñas entre internos, ataques a funcionarios o ingreso de armas, drogas o celulares, por ejemplo.

Así las cosas, el carácter “especial” de Punta Peuco obedece a un trasfondo multidimensional que no debiera ser soslayado por la autoridad en base a criterios meramente político-ideológicos, so pena de acabar judicializándose esta medida, principalmente, por la afectación de los derechos fundamentales de los internos de ese penal.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario