Recientemente se afirmó en una carta en su medio que las contribuciones son un impuesto injusto en sí y que es “inaceptable que el Estado, que debe proteger el derecho de propiedad, sea la principal amenaza para que los chilenos puedan seguir viviendo bajo el techo para el que ahorraron”.

Dichas afirmaciones son una caricatura. En primer lugar, la mayor parte del 23% de viviendas afectas paga sus contribuciones y los reclamos por reavalúos no agrícolas equivalen al 0,02% del total.

En segundo lugar, el Estado de Chile protege día a día el derecho de propiedad de todos los chilenos, pero para ello requiere recursos permanentemente. El financiamiento público se nutre de distintos impuestos, siendo uno de ellos el territorial. Este es eficiente, mayormente equitativo y progresivo, en beneficio de las comunas más vulnerables, permitiendo que el aparato público se encuentre desplegado en todo el territorio para observar y ejercer la ley.

Por último, si el impuesto territorial fuese “injusto en sí”, todos los países OCDE, que tienen distintas formas de impuestos recurrentes sobre propiedades inmuebles, en promedio equivalentes al 1% del PIB, estarían cometiendo una injusticia. No es el caso.

El impuesto territorial requiere mejoras, pero para ello se deben tener diagnósticos precisos sobre sus problemas. Las caricaturas poco ayudan.

Alfonso España

Investigador de Horizontal