SEÑOR DIRECTOR:

La última arista del caso Procultura no debiera tomarse a la ligera o como una filtración más. La escucha telefónica judicialmente autorizada al teléfono de Josefina Huneeus, donde se registró una conversación con Gabriel Boric, no solo interpela al sistema judicial, sino que levanta una alerta roja sobre la fragilidad de inviolabilidad de las comunicaciones privadas que afecta incluso a la seguridad nacional.

El celo investigativo de un fiscal tiene límites. Es comprensible que en el marco de una investigación compleja se desplieguen herramientas invasivas, pero esas herramientas deben respetar el marco constitucional, los derechos fundamentales y —sobre todo— la institucionalidad de la República. No se trata de quién es el Presidente, sino de lo que representa, nada más ni nada menos que la cabeza del Estado. Si se puede escuchar, grabar y eventualmente filtrar una conversación del primer mandatario con la facilidad con la que ha ocurrido en este caso, entonces tenemos una falla estructural muy peligrosa.

Es cierto que no se pinchó directamente el teléfono del Presidente, sino el de su interlocutora, pero si en una conversación aparece evidentemente el jefe de Estado, el sistema debiera activarse con un doble resguardo, no solo por la investidura presidencial, sino por la posibilidad de que en ese diálogo se traten materias sensibles para la defensa, la seguridad o la política exterior. En Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente tiene canales de comunicación encriptados y protegidos por ley. En Chile, no existe una ley particular para la privacidad de las comunicaciones presidenciales, pero esa carencia no puede convertirse en una puerta abierta para vulnerar el corazón mismo del Estado, debemos establecer protocolos más estrictos para estos casos como varios países de Europa han tenido que implementar los últimos años.

No se trata aquí de impunidad, como se ha dicho majaderamente, nadie está por sobre la ley, y eso incluye al Presidente. Pero también es cierto que la institucionalidad no se puede exponer de esta manera. Un país que aspira a fortalecer su democracia, que necesita más confianza, más respeto entre poderes, no puede permitirse frivolizar ni la justicia ni la privacidad ni, menos aún, la seguridad a del Estado. Hay que actuar con responsabilidad y poner atajo a esto pronto.

Daniel Grimaldi

Director ejecutivo de Chile 21