SEÑOR DIRECTOR:

El cierre de Punta Peuco es una definición sobre el tipo de democracia que queremos habitar. Este penal nació para otorgar un trato excepcional a quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad. No fue una medida sanitaria ni de seguridad; fue la persistencia institucional de una excepción. Y esa excepción transmitía un mensaje claro: que había crímenes tan graves que, incluso después de ser juzgados, sus responsables podían recibir un régimen distinto al del resto de la población penitenciaria.

Chile ha aprendido —a veces tarde y con dolor— que la dignidad no se protege mediante privilegios, sino mediante reglas que valen para todos. Hoy existen cerca de 800 personas privadas de libertad mayores de 70 años. Garantizar atención en salud o cuidados paliativos es una obligación del Estado, pero esa obligación es transversal, no exclusiva. La preocupación humanitaria es legítima, pero no puede ser selectiva.

Las críticas que hablan de “uso político del pasado” pasan por alto un punto fundamental: la memoria democrática se consolida con coherencia institucional. Lo que divide no es la aplicación igualitaria de la ley, sino la persistencia de zonas de privilegio. Mantener regímenes penitenciarios diferenciados para responsables de violaciones de derechos humanos tensiona el principio más básico de toda democracia: todas las personas responden del mismo modo ante la justicia.

Cerrar Punta Peuco no divide al país; lo que dividía era aceptar que algunos podían responder menos ante la ley.

Marcela Zúñiga Reyes

Centro de Derechos Humanos

Universidad Diego Portales