SEÑOR DIRECTOR:

Cuando las penas parecen insuficientes, recurrimos a la humillación pública. Quienes ejercemos la defensa penal sabemos que el juicio social y mediático termina siendo más doloroso que la propia pena, porque la exposición pública puede tener consecuencias irreparables.

Eso es precisamente lo que persigue el denominado registro de vándalos, hacer públicos los errores de quienes infringieron la ley. Porque, al parecer, ya no basta con apedrear al pecador, sino que debemos hacerlo, al igual que los romanos, en la plaza pública.

La propuesta, además, encierra profundas contradicciones. Por ejemplo, una persona que accede a una salida alternativa podría terminar incluida en este registro pese a no haber sido condenada. Así, mientras sus antecedentes penales permanecerán limpios, su nombre quedará expuesto a cualquiera que desee consultarlo, incluso por simple curiosidad. Lo mismo ocurrirá con quienes sean condenados por primera vez y accedan a la omisión de dicho antecedente. Mientras este permanecerá oculto en su extracto, será públicamente visible en el registro.

Las consecuencias del registro, por otro lado, van más allá. Sería ingenuo descartar que esta información termine siendo comercializada por agencias y motores de búsqueda de personas. Así, un empleador ya no consultará únicamente los antecedentes penales o comerciales de un postulante, sino también si alguna vez figuró en el registro de vándalos.

Por eso, reducir de 23 a 14 los delitos del catálogo resulta insuficiente. El problema no está en cuántos delitos lo integran, sino en la lógica que inspira la medida. Convertir la sanción penal en una funa institucionalizada, agregando al castigo legalmente impuesto una condena social, parece ciertamente innecesario.

Nelson Salas Stevens

Abogado penalista