El lunes la propia alcaldesa había matizado la posibilidad de una reelección. Este martes, en tanto, y en medio de la investigación por la compra de un Cesfam, se conoció que el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario de la jefa comunal así como de otros siete funcionares municipales.
El parlamentario sucederá al renunciado Kenneth Pugh (independiente).
A través de un comunicado, la colectividad liderada por Lautaro Carmona señaló que tienen “plena confianza” de que el alcalde de Recoleta “irá demostrando que no ha actuado indebidamente y como lo ha señalado, podrá por fin defenderse”.
"Por qué esta discriminación con la ciudad de Valparaíso, por qué no se resuelve de una vez por todas el déficit policial de 30% que tiene nuestra ciudad desde hace muchísimos años”, se cuestionó el jefe comunal tras un ataque registrado en la comuna.
Los timoneles de colectividades oficialistas detallaron las intenciones del documento y afirmaron que "no tiene que ver con los ciclos electorales venideros, ni siquiera gubernamental, esto trasciende este gobierno”.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno aseguró que La Moneda no instruye a los partidos, ni decide sobre cómo deben actuar las colectividades frente a situaciones como la que enfrenta el alcalde de Recoleta y militante del PC.
El organismo fundamentó su propuesta y planteó que "la obligación de votar, más allá del acto mismo de sufragar, no debe ser aparejada para el elector de restricciones que le afecten sus actividades normales de un día de fin de semana" y que el votante "debería poder ir a un teatro, a un cine, a un mall a comprar o a un restaurante a comer”.
El fundador del Partido Republicano y ex abanderado presidencial expresó que “luego de más de 10 años de corrupción, delincuencia y destrucción de la comuna de Recoleta, por fin la justicia empieza a actuar y se va a formalizar al alcalde comunista”.
A la indagatoria contra la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares por cohecho y malversación de caudales públicos, entre otras aristas, se suma el caso luminarias, aún abierto, y el de la inmobiliaria, del cual fue sobreseído.
Al jefe comunal de Recoleta y militante comunista se le imputarán los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Frente a esto, el exministro y exconvencional señaló que "conforme se vaya desarrollando el proceso judicial, él irá demostrando que no ha actuado indebidamente".
"Estamos hablando de una persona que no forma parte del gobierno", dijo el titular de la Segpres al ser consultado por la acción judicial del exministro.
Durante la dictadura, encabezó los ministerios del Trabajo y posteriormente del Interior, debiendo liderar la realización del Plebiscito de 1988. Fue además senador designado y electo por Magallanes.
En una declaración, el imputado deslizó la responsabilidad de los hechos a la extitular nacional de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, tras ser acusado de defraudar reiteradamente al fisco, en el marco de la investigación que lo involucra -esta vez- a la fundación Tomarte.
La normativa, que está en segundo trámite constitucional de la Cámara Alta, establece un plazo de 9 meses para que quienes fueron nombrados antes de 1995 puedan cesar sus funciones.
Los parlamentarios destacaron que el texto busca que se pueda hacer "control de acceso” a estos recintos y que -pensando en una futura ley de infraestructura crítica- “las fuerzas militares puedan cooperar en el control mixto" de la seguridad.
