La semana pasada se generó una polémica a raíz de la nominación de la exministra Catalina Parot (Evópoli) como la nueva secretaria ejecutiva de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional en reemplazo de Francisco Encina. Esto, tras la fallida primera sesión de la nueva instancia por problemas técnicos.

El arribo de Parot fue cuestionado en la oposición y en el oficialismo. En parte, apuntaron a que fue un “premio de consuelo” tras su derrota en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, en las que no alcanzó a pasar a segunda vuelta en los comicios de gobernador regional. Incluso, algunos apuntaron al crédito que le quedó por pagar de la campaña.

Y hoy 40 convencionales pidieron su salida, afirmando que tiene un “perfil de tipo político, considerando su conocida militancia y trayectoria política”. El grupo pidió, además, que el Presidente presente una terna de candidatos para ser evaluados por la convención.

Como es de esperar, las críticas fueron desestimadas por el gobierno, el que defendió su nombramiento apelando a sus capacidades y experiencia.

Hasta mediados de enero, cuando fue nombrada candidata a la gobernación, Parot se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cargo en el que fue nombrada por el Presidente Sebastián Piñera. Ahí recibía una remuneración de $ 6,5 millones. Si bien aún no se registra por Transparencia el sueldo que tiene Parot, su antecesor, Encina, tenía una remuneración de más de siete millones de pesos.

Pero la exministra no ha sido la única que el gobierno ha vuelto a fichar tras las elecciones de mayo. El Mandatario ya había hecho lo propio con el exsubsecretario de Hacienda Francisco Moreno (UDI), quien perdió como candidato a constituyente en el distrito 8 (Maipú-Pudahuel) al obtener un 2,49% de los votos. Nueve días después de la derrota, Moreno volvió a Teatinos 120 como asesor encargado de supervisar la recuperación económica, y el 9 de junio saltó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, en reemplazo de Pamela Gidi.

Otro caso es el del RN Guido Benavides, quien fue candidato a alcalde en Ñuñoa y perdió a manos de la RD Emilia Ríos con el 29,32% de los votos. Durante mayo figuró trabajando a honorarios en la Subsecretaría de Prevención del Delito por $ 5.216.400 bajo las labores de “coordinación de las actividades” de la subsecretaría con “autoridades locales, comunales, provinciales, regionales y legislativas. Gestión de agenda para eventos y encuentros”, además de coordinación “con el departamento de comunicación, minutas y puntos de prensas de la srta. subsecretaria”.

Sin embargo, lo cierto es que también trabajó a honorarios en meses anteriores. De hecho, el 26 de abril el diputado Gabriel Silber (DC) envió un oficio a la subsecretaría que encabeza la RN Katherine Martorell denunciando que Benavides, “quien además es candidato a alcalde por la comuna de Ñuñoa, estaría realizando actividades para su campaña durante su jornada laboral”.

Sin embargo, Benavides explicó a este medio que estuvo con permiso sin goce de sueldo y que tenía un certificado que lo acreditaba. En ese documento se señala que “ha hecho uso de permiso sin goce de remuneraciones en el periodo de campaña electoral, con excepción de los días 10 de febrero, 29, 30 de abril, los cuales se encontraba haciendo uso de su feriado legal”.

También está el caso del abogado Jaime Flores quien fue candidato a convencional constituyente en el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa y otras comunas) y logró el 0,43% de los votos. Su último trabajo en el sector público, según Transparencia, fue el de “asesor de gabinete” a contrata en la Superintendencia del Medio Ambiente en abril del 2021, con una remuneración de $ 0. En enero de este año su sueldo por ese mismo cargo figuraba por $ 1.772.420. Flores, tras la derrota, volvió a trabajar a la Subsecretaría de Hacienda como jefe de gabinete de Alejandro Weber. En esa cartera precisaron que su cargo será de planta y por una remuneración bruta de $ 4.900.000.

En el mismo escenario se encuentra el abogado Felipe Hubner, quien fue candidato a constituyente por el distrito 2 (Iquique, Alto Hospicio, Colchane) logrando el 6,1% de los votos. Hasta enero laboró a honorarios en Presidencia por un sueldo de $ 5.314.982 como “asesor de políticas públicas” del Segundo Piso, cargo que dejó a mediados de febrero. Tras perder en los comicios, según afirman en Palacio, el 1 de agosto retomará las funciones anteriores, luego de regresar del extranjero.

Por último, el exdiputado Gonzalo Arenas (UDI) también se reincorporó tras perder su candidatura a constituyente en el distrito 22 (Angol, Lautaro, Victoria). En 2019, Arenas se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social como jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, y luego pasó a trabajar en el Ministerio del Interior en noviembre del 2020 como jefe de asesores del entonces ministro Víctor Pérez, cargo por el que recibía una remuneración a honorarios de $7,2 millones.

Hoy, si bien no trabaja de manera fija en el Ejecutivo, asesora de forma externa en temas legislativos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Con todo, en el gobierno defienden las recontrataciones apuntando a su experiencia laboral.