Los cambios que la ministra de Ciencia ha propuesto para las bases de concursos de posdoctorados en 2027 ha tenido un doble efecto, porque a la vez de abrir un complejo flanco para el gobierno, considerando las transversales críticas de que han sido objeto los criterios que ha tenido a la vista el Ministerio para privilegiar investigaciones con especial énfasis en ciencias, también ha permitido volver a preguntarse por el rol de las humanidades y las ciencias sociales en el mundo moderno -cuyo papel se está revalorizando ante la inminencia de la Inteligencia Artificial- y el grueso error que implica que desde el Estado se esté enviando la contradictoria señal de que estas disciplinas parecieran estar en un plano secundario, cuyo aporte al desarrollo del país sería limitado en relación a las ciencias “duras”.

La ministra ha señalado que desde que en 1991 se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), destinado a estimular la productividad y el liderazgo científico de personas con grados de doctor, el país ha experimentado cambios muy significativos, lo que obliga a que los instrumentos de política pública también evolucionen. Así, explica la autoridad, hoy existen nuevas tecnologías, nuevas industrias y por lo mismo nuevas oportunidades para la ciencia. Su preocupación también apunta a velar por la empleabilidad de quienes el país está formando. De allí que para 2027 se contemplen dos ajustes: limitar la postulación de extranjeros no residentes en Chile y orientar el 70% de los recursos a diez áreas prioritarias, donde el porcentaje restante estará abierto a todas las disciplinas. Su diagnóstico es que al revisar los proyectos financiados hasta la fecha se advierten brechas importantes en áreas estratégicas para el país como biotecnología, ciberseguridad, robótica, minería, instrumentación científica, satélites, cuántica, acuicultura, entre otros. Dado que solo existen 260 cupos al año, la necesidad de priorizar se haría entonces ineludible.

Desde luego, la preocupación del Ministerio por promover áreas relevantes para el país hasta aquí poco explotadas puede ser válida, pero la forma como se ha planteado este debate es incorrecta, no solo porque los criterios para priorizar se han definido de una forma inconsulta y sin mayor sensibilización con universidades o con la propia comunidad científica, sino porque trasluce que la preocupación del Estado es promover con fondos públicos fundamentalmente aquellas disciplinas que revistan beneficios “tangibles” o medibles en términos “productivos”, sin mirar otras consideraciones que para la sociedad y para el saber son también indispensables. Algo de este sesgo se traslució en las declaraciones que hace un tiempo hizo el ministro de Hacienda, quien llamó a los jóvenes a elegir bien las carreras en que se van a endeudar, o cuando el propio Presidente de la República cuestionó destinar cuantiosos fondos a investigaciones que terminaban en un libro sin generar empleos.

A partir de estas señales que se han dado desde el gobierno han surgido voces interesadas en tratar de encasillar a la derecha solo en las preocupaciones utilitaristas -en aquello que signifique “ganar plata”-, versus el mundo de la izquierda que tendría mucha más sensibilidad por las humanidades y el saber por su valor intrínseco. Es un grave error tratar de llevar esta discusión a los términos de la política contingente y tratar de instalar sesgos que además no encuentran sustento en la realidad. Es solo cosa de ver las múltiples reacciones que han surgido desde intelectuales y académicos ligados a sensibilidades de derecha, que han cuestionado abiertamente los criterios que ha dado a conocer el Ministerio y que han reivindicado el valor de las humanidades, ratificando que en este mundo dista de haber una sola mirada. Por lo mismo es lamentable que la propia autoridad, al enfatizar argumentos “utilitaristas” en sus políticas públicas, esté a su vez entregando suministros a quienes están interesados en mantener vivos estos prejuicios.

Todavía es tiempo de rectificar, donde la forma correcta de abordar el financiamiento público a las investigaciones desde luego debe considerar aquellas dimensiones que permitan un mayor desarrollo de la ciencia “dura”, pero donde también debe convivir la noción de la importancia de promover las humanidades y rescatar su valor, especialmente ahora cuando la humanidad enfrenta un cambio de paradigma a partir de la IA. Frente a tecnologías que irán reemplazando una serie de funciones que hoy realizan las personas -y que en algún momento su capacidad para generar conocimiento y habilidades será infinitamente superior a la de los seres humanos-, donde cada vez resulta más difícil discernir entre lo real y aquello que ha sido generado virtualmente, es un hecho que aquellas disciplinas capaces de interrogarse sobre las dimensiones éticas, que puedan discernir acerca de los límites que habrán de encontrar estas tecnologías, que fomenten el pensamiento crítico y que estimulen la creación artística y cultural, cobrarán evidentemente un rol fundamental, y el rol del Estado es saber encontrar la forma en que el país también pueda desarrollar esas dimensiones, a la par del conocimiento científico.

Por lo demás, es necesario tener a la vista el riesgo que supone creer que el futuro solo descansa en carreras científicas. Los avances en este campo van a tal velocidad que algunas carreras técnicas van quedando rápidamente obsoletas, y no debería minimizarse el hecho de que algunos desarrolladores de IA -como documentó hace un tiempo The Economist- estén preocupados de que sus modelos incluyan dimensiones deontológicas, de modo que valores como no mentir o tratar a las personas como un fin y no como medios cobra cada vez más más sentido -hay ejemplos de ello en Anthropic-, de allí que estén reclutando cada vez más a filósofos, lo que confirma que las humanidades y las ciencias sociales seguirán jugando un rol muy importante.