Recientemente se conoció el fallo de la Corte Suprema confirmando uno de la Corte de Apelaciones de Santiago en relación a que la Subsecretaría de Educación Superior había actuado en forma arbitraria e ilegal al calcular los aranceles regulados para efectos de pagar a aquellas instituciones adscritas a gratuidad, ya que, entre otros aspectos, introdujo modificaciones a los criterios asociados al tamaño de institutos técnico profesionales, lo que alteró su calificación, y por ende el nivel de su financiamiento para el año 2025 y 2026. De acuerdo a la ley 19.880 ello debe hacerse acorde a las observaciones que haga la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, lo que se omitió dando cuenta de otra desprolijidad de la anterior administración.

A partir de lo resuelto por los tribunales de justicia, se estima que el monto que deberá ser restituido por la Subsecretaría llega a $39 mil millones, desfondando aún más el ya ajustado presupuesto del Ministerio de Educación, con el agravante de que, según han indicado las actuales autoridades, tampoco se hicieron las provisiones presupuestarias respectivas.

Ciertamente que ante todo cabe reprochar el actuar de las autoridades del gobierno anterior, desde luego por haber incurrido en conductas arbitrarias que pusieron en riesgo la solvencia financiera de las instituciones, pero también por la falta de rigor técnico, pues tal como recordó la Corte de Apelaciones, aun tratándose de potestades discrecionales, los actos administrativos deben encontrarse debidamente fundados.

Con todo, esta resolución judicial también permite dimensionar los problemas que arrastra la gratuidad, un sistema que por de pronto resulta sumamente oneroso para el país -actualmente se deben destinar alrededor de US$ 2.500 millones por año para su financiamiento-, y donde los elevados montos que deberán ser restituidos no hacen más que confirmarlo. También una vez más ha quedado en claro que determinar el monto de los aranceles regulados es una tarea compleja, acumulándose las quejas de diversas universidades que han hecho ver que los actuales montos resultan insuficientes para poder sostener estructuras que no solo financien docencia sino también investigación.

Este año se ha cumplido una década desde que comenzó a regir la gratuidad, sin que hasta aquí se hayan introducido cambios significativos a pesar de los problemas detectados. Cabe recordar que esta política apunta en último término a la universalidad, donde no parece haberse reparado en los enormes costos que implicará para las arcas fiscales el hecho de que se vayan incorporando nuevas instituciones y otros segmentos socioeconómicos de estudiantes. Se hace necesario abrir un debate que permita abordar un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, donde las becas y buenos sistemas de crédito puedan volver a tener un espacio, lo que sería una forma de evitar que continúe el drenaje imparable de fondos públicos para la gratuidad y el desfinanciamiento de las universidades.

El proyecto de ley sobre reconstrucción nacional propone suspender para los años 2028 y 2029 el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad. De aprobarse, abriría una ventana para retomar un debate largamente postergado.