Chile recibió en los últimos días una buena señal. El avance legislativo del plan de reconstrucción, aunque todavía no está completamente cerrado, muestra que el país puede empezar a moverse en la dirección correcta: más inversión, más empleo formal, más confianza y más crecimiento.

El proyecto aún tiene una última milla pendiente, porque falta por despejar la votación en el Senado del punto pendiente evacuado por la Comisión Mixta y existen requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Pero tampoco corresponde minimizar lo ocurrido. Después de meses de debate, el corazón del plan fue aprobado y eso es destacable, porque en economía las señales importan casi tanto como las normas mismas.

Cuando un país transmite que quiere invertir, crecer y ordenar sus cuentas, las expectativas comienzan a cambiar y eso incide en que las decisiones empiezan a moverse. Un proyecto que estaba en carpeta puede volver a evaluarse; una inversión que estaba esperando puede activarse. Una empresa que dudaba en contratar puede empezar a mirar el futuro con algo más de confianza.

El problema es que esa señal todavía puede apagarse. Y sería un gran error, porque Chile no está en condiciones de darse el lujo de seguir postergando decisiones. El último Ipom (Informe de Política Monetaria) del Banco Central mostró que el crecimiento esperado para 2026 se corrigió a la baja a un rango de 1,0% a 1,75%, con la inversión más débil de lo esperado. Al mismo tiempo, el propio informe proyecta una mejora para 2027, apoyada precisamente en mejores perspectivas de inversión. Es decir, el potencial existe. Pero no se activa solo, ya que requiere confianza, certeza y sentido de urgencia.

Por eso preocupa que, después de una tramitación larga y compleja, algunos quieran seguir trasladando la discusión a nuevas etapas de incertidumbre. Por supuesto que recurrir al Tribunal Constitucional es legítimo. Las instituciones están para usarse, pero una cosa es ejercer un derecho y otra muy distinta es olvidar la mirada país. La pregunta no debiera ser solo si todavía existe una forma de frenar o relativizar una norma; la pregunta principal debiera ser cuánto le cuesta a Chile seguir demorando señales de crecimiento.

Chile necesita volver a crecer porque sin crecimiento no hay más empleo, mejores sueldos ni mayor recaudación permanente. Tampoco hay espacio fiscal infinito. Si el país enfrenta más déficit, más deuda y mayores demandas sociales, la respuesta seria no puede ser solo endeudarse más o discutir nuevos impuestos. La respuesta de fondo es volver a poner la economía en marcha.

El plan podrá tener aspectos discutibles. Ningún proyecto merece un cheque en blanco. Siempre se puede mejorar, corregir y perfeccionar. Pero también hay momentos en que la política debe saber cerrar los debates y pasar a la ejecución. Porque el exceso de discusión, cuando se transforma en bloqueo permanente, deja de ser prudencia y empieza a ser inmovilidad.

Chile lleva demasiado tiempo acostumbrándose a crecer poco y esa costumbre es peligrosa. Primero se vuelve un dato económico, después se transforma en resignación y finalmente termina afectando la vida diaria de las personas. Esto se traduce en menos oportunidades, menos movilidad, menos empleo formal y menos esperanza.

La aprobación del plan no resuelve todo, sería ingenuo pensarlo. Una ley por sí sola no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad es la ejecución: que los proyectos salgan adelante, que los permisos se destraben, que la inversión se concrete, que las empresas vuelvan a contratar y que el Estado cumpla con responsabilidad.

Chile necesita una señal clara y sostenida: queremos volver a crecer. El avance del plan de reconstrucción fue un paso importante. Ahora corresponde no apagar esa señal. Porque aprobar ayuda, pero ejecutar transforma. Y el país no puede seguir esperando.

*El autor de la columna es vicepresidente de SOFOFA