En el marco de los actos por el cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, transparentó la verdadera naturaleza del régimen que encabeza al señalar que “aquí no habrá más elecciones”, cargando contra sus adversarios, a los que calificó de “golpistas y vendepatrias”. A partir de esos dichos los comicios que estaban programados para 2027 han quedado en total suspenso, pero lo cierto es que tampoco había ninguna expectativa de que Ortega consintiera elecciones libres, las que previsiblemente serían una farsa más, como las que le han permitido mantenerse ininterrumpidamente en el poder desde 2007.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo -quien luego de una reforma constitucional pasó de ostentar el cargo de “copresidenta”-, han logrado consolidar su dictadura mediante la cooptación de todo el sistema institucional -incluyendo la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo- y recurriendo a feroces prácticas represivas para sofocar cualquier tipo de disidencia -paradigmática resultó la revuelta de 2018, donde hubo más de 300 manifestantes asesinados-, forzando además el exilio de las figuras opositores más emblemáticas. Ello le ha garantizado al régimen la ausencia de grupos opositores relevantes en Nicaragua capaces de desafiar su poder, lo que también ha sido facilitado gracias a que Ortega liquidó a los medios de comunicación independientes.

Hay coincidencia en que a partir de los sucesos de 2018 comenzó la etapa más violenta del ya largo proceso de desmantelamiento de la democracia nicaragüense. Especialmente elocuente resulta el reporte emitido en 2025 por un grupo de expertos convocados por la ONU, donde se alertó que el régimen ha desplegado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa sus fronteras.

Los recientes dichos de Ortega no solo reafirman la total ausencia de libertades, sino que sepultan cualquier posibilidad de que en Nicaragua pueda haber un pronto cambio de rumbo, algo que solo podría ocurrir si la dupla Ortega-Murillo logra ser desbancada. En este contexto resulta explicable que los ojos se hayan puesto sobre el gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta que en el último tiempo ha emprendido una serie de acciones audaces -aunque muy controvertidas, incluyendo el uso de la fuerza militar- para presionar a los gobiernos de Venezuela y Cuba, al punto que ambas dictaduras se encuentran en la cuerda floja.

El secretario de Estado del gobierno norteamericano, Marco Rubio, ha señalado que la administración Trump “no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura se profundiza y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos”. La interrogante es si el gobierno estadounidense estará dispuesto a dar pasos similares a los que ha emprendido en Cuba y Venezuela, algo que de momento se ve improbable, tomando en cuenta que Nicaragua no es un objetivo estratégico para Washington -y por lo visto tampoco para la comunidad internacional, que ha sido incapaz de adoptar medidas de presión efectivas-, todo lo