Esta semana se abrió un nuevo flanco para el gobierno, luego de que la ministra de la Mujer solicitara la renuncia no voluntaria a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, justo cuando la funcionaria se encuentra en medio de un tratamiento por cáncer. Aun cuando el gobierno ha tratado de justificar la decisión argumentado que hubo pérdida de confianza con la directora, los duros cuestionamientos a dicha decisión no solo han provenido de la oposición, sino incluso de sectores del propio oficialismo, que han hecho ver la falta de criterio y empatía al cursar esta remoción en momentos en que la funcionaria enfrenta una situación de salud muy compleja, lo que además -aseguran estas voces críticas- resulta incongruente cuando el propio gobierno había declarado hace algunos días una “emergencia oncológica”.

El Presidente José Antonio Kast respaldó esta decisión, señalando que se han ido encontrando situaciones complejas “que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía”, justificación que al carecer de más detalles no solo dejó abierta la puerta para una serie de especulaciones sobre el comportamiento de la funcionaria, sino que tampoco han resultado suficientes para aplacar los cuestionamientos de por qué se insistió en precipitar la remoción pese a su situación de salud. Excepto que se trate de hechos de suma gravedad -que hasta aquí no parece ser el caso-, no se ha dado una buena explicación de por qué no fue posible esperar a que la funcionaria terminara su tratamiento médico para entonces proceder a su remoción.

Si bien la funcionaria presentó una licencia médica y ello dejó en suspenso el proceso de remoción, los efectos políticos del caso no se han disipado. En ese orden de cosas, no es claro si el Mandatario fue informado oportunamente de este cuadro clínico, o si la decisión se adoptó a sabiendas de ello, pero como sea quedó la impresión de que las consideraciones humanitarias pasaron a un segundo plano, incluso a pesar de que el Presidente señaló -antes de que se conociera la presentación de la licencia médica- que el gobierno estaba dispuesto a colaborar “en todo lo que sea humano”, sugiriendo incluso apoyar con el tratamiento médico, lo que no era claro cómo iba a ocurrir considerando que la funcionaria iba a ser removida del cargo.

Se trata de un episodio que dejó a la vista un grave problema de gestión política, tal que de haber sido manejado de otro modo habría evitado exponer al Presidente y al gobierno a este vendaval de críticas. Ello, en todo caso, está lejos de ser algo aislado, pues desde que comenzó esta administración son varios los casos en que se han cometido ominosos tropiezos o “autogoles” tanto en la forma de gestionar como de comunicar las decisiones, lo que seguramente permite explicar la acelerada pérdida de popularidad de esta administración, según confirman distintos sondeos.

Así, por ejemplo, resulta inaudito que en el caso de la ministra de Seguridad -una de las carteras llamadas a jugar un rol clave en este gobierno- aún no se haya logrado despejar si tuvo que ver con la polémica remoción de la jefa de inteligencia de la PDI, algo que debería haber sido muy sencillo de aclarar. En el caso de la decisión de no seguir adelante con la millonaria expropiación de terrenos en la ex Colonia Dignidad -donde el objetivo del gobierno anterior era levantar un extenso sitio de memoria-, si bien esta resulta acertada para así focalizar los recursos en las necesidades de vivienda del país, dado que La Moneda se abrió a la posibilidad de hacer una “expropiación acotada” lo razonable habría sido hacer el anuncio completo desde el inicio, para así haber evitado la crítica de que se estaba minimizando la dimensión de memoria y derechos humanos.

Pero sin duda el mayor problema ha sido la forma en que se gestionó el alza del precio de los combustibles, producto de una crisis que ha impactado a nivel global. Escudándose en que la administración anterior dejó escasos recursos fiscales en caja, el Ministerio de Hacienda optó por traspasar directamente esta abrupta y cuantiosa alza a los consumidores, sin medir el impacto que ello tendría en la población, lo que además justo ocurrió en un mes donde las familias deben incurrir en una serie de gastos adicionales. Es cierto que posteriormente se fueron introduciendo por vía legislativa algunas compensaciones para sectores específicos, pero sin duda se echó de menos una gestión política que desde el inicio mostrara mayor sintonía con la población, buscando maneras de escalonar el alza o al menos de postergarla para el mes siguiente, lo que cuando menos habría generado una mejor disposición de la ciudadanía.

El hecho que el gobierno se haya encontrado con una situación fiscal mucho más desmejorada de lo que se había anticipado, y que haya sobrevenido una crisis en el mercado de los combustibles como no se veía hace décadas, sin duda suponen un reto muy complejo, pero los problemas en los ministerios de Seguridad y Mujer, el mal manejo político del alza de los combustibles, o el contribuir a instalar un clima de pesimismo al insistir en demasía con aquello de que “no hay plata” -incluso un mensaje del propio gobierno habló de un Estado “en quiebra”- no pueden ser atribuidos a estos factores o a la mala suerte, sino a fallas en la gestión -denotando en algunos casos un preocupante amateurismo-, a errores en la forma de comunicar y también a actitudes obtusas en ciertas autoridades, que olvidan la importancia de transmitir a la ciudadanía que el gobierno no es indiferente a sus problemas. En este contexto, es imposible no reparar en que al parecer no existen asesores dentro del gobierno con la suficiente capacidad para intuir el mejor “timing” para tomar decisiones y alertar a tiempo sobre sus efectos políticos. Tal déficit se ve potenciado por los constantes errores en que ha incurrido la vocera de gobierno, pues resulta evidente que los problemas por los que atraviesa La Moneda se ven exacerbados cuando la propia encargada de las comunicaciones se confunde, se equivoca o carece de la suficiente claridad para transmitir los mensajes a la ciudadanía.

Así, parece claro que el mayor problema de esta administración no ha sido enfrentarse con escenarios más adversos de lo previsto, sino los “autogoles” en que ha incurrido producto de errores propios, algo que de no ser corregido provocará que su popularidad se resienta aún más, lo que naturalmente será una dificultad adicional para seguir desplegando su ambiciosa agenda programática.