A comienzos de mayo de 2022, la exministra del Interior Izkia Siches descartaba de plano la posibilidad de decretar el Estado de Excepción en La Araucanía, pese a los graves hechos de violencia que se registraban en la zona. La autoridad se justificaba en que esa medida, que había aplicado el gobierno de Sebastián Piñera -y que fue suspendida apenas asumió este gobierno-, no había logrado disminuir la violencia, para luego plantear: “¿En qué vamos a terminar, en un Estado de Excepción nacional de forma permanente?”. Dos semanas después, el gobierno firmaba el decreto con que se instauraría el estado constitucional de emergencia en La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco (región del Biobío), medida que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Solo hace algunos días el Congreso renovó una nueva prórroga solicitada por el Ejecutivo, constituyéndose en la número 57.

El estado de emergencia, de acuerdo con la propia evaluación que ha hecho el gobierno, ha rendido frutos. Según un reciente balance del Ministerio de Seguridad Pública, entre 2021 y el cierre de 2024 los eventos de violencia rural han caído en 67%, mientras que en lo que va de este año se registra un 49% menos en relación con igual período del año pasado. Los costos de sostener durante tanto tiempo una medida como esta han sido considerables -se estima que a lo menos el Estado ha debido destinar más de $23 mil millones-, pero es un hecho que los habitantes de la zona valoran muy positivamente la presencia de militares en las tareas de vigilancia y control, en apoyo de las fuerzas de orden y seguridad. El Ejecutivo, por su parte, ha manifestado su compromiso de mantener el estado de emergencia todo lo que sea necesario, lo que hace previsible que esta administración concluirá su mandato sosteniendo una medida que al inicio rechazaba de plano.

Luego de estos tres años de estado de excepción de emergencia, hay a lo menos dos conclusiones que convendría extraer. Desde luego, es un avance que la generación que hoy está en el poder haya hecho el debido aprendizaje, dejando de lado una serie de consignas ideológicas y asumiendo la realidad de que los grupos que practican la violencia deben ser combatidos con toda la fuerza que permiten la ley y la Constitución. Son minoritarios los núcleos que siguen romantizando la violencia amparada en la causa indígena, y el propio Presidente de la República ha hecho suyo el diagnóstico de que en la zona existen prácticas terroristas.

Y si bien el Estado de Excepción ha probado ser importante para contener la violencia -a ello cabe añadir una serie de éxitos policiales en la desarticulación de peligrosos grupos guerrilleros-, es inevitable admitir que a la vez se trata de una situación muy anómala y que da cuenta de la enorme violencia que ha existido en la zona, la que está lejos de extinguirse, tal como se ha reflejado en los recientes ataques a las obras de la central Rucalhue, en el Biobío. No puede caerse en el peligro de asumir que este cuadro de permanente violencia es la “nueva normalidad” en estas regiones, lo que hace obligatorio redoblar los esfuerzos para desactivar a los grupos que siguen atacando a personas, comunidades y empresas, para así devolver a sus habitantes una auténtica normalidad.