Recientemente y cumpliendo lo indicado en el marco de su primera Cuenta Pública, el Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso una indicación sustitutiva del Proyecto de Ley de Sala Cuna Universal.

Esta indicación mejora el proyecto de Ley que estaba en tramitación en el parlamento, pues además de cumplir con el objetivo de eliminar la discriminación que genera la ley laboral vigente —que obliga a las empresas que tienen contratadas 20 o más trabajadoras a financiar el costo de la sala cuna de aquellas con hijos menores de dos años—, elimina un gran problema que generaba el proyecto de Ley anterior, que implicaba un aumento en los costos de contratación. Bajo la indicación, la nueva cotización para sala cuna —de 0,35% del salario del trabajador— se compensa con una disminución de la cotización para el subsidio de desempleo, del mismo monto.

Ahí es donde surge el primer problema no resuelto, y es que la creación de una nueva cotización para sala cuna, deja la puerta abierta a que esa tasa se incremente en el futuro para cubrir nuevos beneficios laborales, como por ejemplo, sala cuna entre 3 y 5 años, o aumentar la cotización para el seguro de desempleo, que para estos efectos se recortó.

Sin embargo, a la discusión económica anterior se suma una filosófica y de valores ya que existe un consenso transversal en que la educación entre los 0 y 5 años es la más rentable de todo el ciclo educativo. Sus beneficios incluyen menores tasas de deserción escolar, mayores ingresos y productividad en la adultez, menor dependencia de ayudas estatales y una significativa reducción de la criminalidad y de los costos asociados al sistema judicial.

Y, por lo tanto, si existe consenso en que la prioridad debe estar en la educación en la primera infancia, ¿por qué estamos discutiendo el financiamiento de la sala cuna, mientras que la educación técnica y universitaria se financia con ingresos generales de la nación? ¿Será porque los universitarios protestan y votan, mientras que los bebés y niños no lo hacen?

Al ser considerada como beneficio laboral y no un derecho a la educación se genera la inconsistencia de que, por ejemplo, en una familia con un padre ausente o preso, y una madre sostenedora con un empleo informal o cesante, el niño de 0 a 2 años no tenga derecho a educarse, mientras que los hijos de madres universitarias con empleo si lo tienen.

Esto nos lleva a proponer una solución alternativa, donde los niños no estén a la cola de las prioridades. Una donde implementamos el beneficio de sala cuna a través de una subvención, que puede ser utilizada en cualquier establecimiento de sala cuna, público o privado, e incluso bajo la modalidad de cofinanciamiento con los padres.

El beneficio comenzaría entregándose a los hijos menores de dos años de trabajadoras que se desempeñen en micro o pequeñas empresas, aquellas con menos de 50 trabajadores, para posteriormente expandirse progresivamente según el número de trabajadoras de la empresa.

La velocidad de esta expansión podría vincularse al crecimiento económico, limitando la velocidad a la que se progresa en la cobertura del beneficio en función de la capacidad de crecimiento de la economía.

Y en principio —dado que, en régimen, la sala cuna debería financiarse con ingresos generales de la nación— y considerando que hoy no existen recursos suficientes para aumentar el gasto público, proponemos que, de manera transitoria, el beneficio sea financiado con recursos del Fondo de Cesantía Solidario, sin afectar su tasa de cotización. Por lo tanto, sin poner en riesgo el seguro de desempleo de los trabajadores. Solo así sería posible avanzar en cobertura, igualando los derechos de los niños con los de aquellos que votan y vociferan.

Por Michèle Labbé, académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.