“$ 2 mil millones por ‘La Cenicienta’ y otras faltas administrativas”: la acusación de los concejales de Maipú que llevaron a exalcaldesa Cathy Barriga a la justicia electoral

Cathy Barriga

Esta semana, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declaró admisible el requerimiento ingresado por siete representantes del concejo municipal en contra de la exjefa comunal, por notable abandono de deberes y graves irregularidades a la probidad administrativa. "Se puede advertir que la Municipalidad de Maipú creó una administración paralela que le permitió evitar las fiscalizaciones y controles internos", se lee en el escrito. Si la causa prospera, la máxima sanción que arriesga es la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por cinco años.




En diciembre del año pasado, un grupo de siete concejales de la comuna de Maipú -dos de Comunes, uno del Partido Comunista, otro del Partido Socialista, otro concejal del Partido Ecologista Verde, uno de Revolución Democrática y un independiente- ingresaron ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana un requerimiento por notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa. Los concejales -representados por los abogados Claudia Sarmiento, Elisa Walker y William García- quisieron llevar las irregularidades administrativas que, según se lee en el libelo, fueron acreditadas por la Contraloría para buscar una sanción en contra de la exalcaldesa Barriga, consistente en que declare su inhabilidad para ejercer cargos públicos.

El requerimiento fue declarado admisible recién esta semana. Los concejales procuraron ingresar el requerimiento justo a tiempo. El plazo para presentar este tipo de acciones es dentro de los seis meses posteriores al término del mandato como alcaldesa.

“Con este requerimiento, que he liderado desde hace seis meses, hemos presentado bastante evidencia que nos permite afirmar que hubo graves irregularidades por parte de la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante ello, el objetivo que tenemos los siete concejales denunciantes es que no exista impunidad por el daño que se le hizo a la comuna, a sus vecinas y vecinos, con el despilfarro de recursos de la gestión anterior”, afirma a La Tercera PM la concejal Ka Quiroz (Comunes).

Ahora que el tribunal declaró admisible el recurso, Barriga suma un nuevo frente judicial. Esta causa se tramitará en paralelo a las investigaciones penales que lleva la Fiscalía. Quiroz, la representante de los concejales en esta acción ante la justicia electoral, espera que este requerimiento “sea un precedente para que nunca más llegue una autoridad que sienta el poder de destruir un municipio a costa de todos los vecinos y vecinas”.

Sarmiento explica que el “objetivo principal de este requerimiento es establecer la responsabilidad de la exalcaldesa por las faltas a la probidad administrativas e incumplimiento de deberes propios de su cargo que se cometieron durante la administración y que, por lo demás, han tenido graves consecuencias para los habitantes de la comuna de Maipú”.

La abogada agrega que “si la Justicia electoral acoge nuestra demanda o, eventualmente la que fue presentada por los concejales de la administración pasada, la única sanción que podría establecer la justicia electoral es la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años”.

A Argentina para ver “La Cenicienta”

Una de las faltas administrativas que cita el requerimiento corresponde a un viaje de Barriga junto a un grupo de funcionarios municipales con destino a Mendoza para ver La Cenicienta. Según el escrito, este paseo “significó un desembolso cercano a los dos mil millones de pesos con el objetivo de presenciar un show musical”.

Para sustentar este hecho, los concejales citan el Informe Final N° 127/2020 de Contraloría, “sobre procedimientos y gastos incurridos en el viaje a la ciudad de Mendoza en Argentina, efectuado por la alcaldesa, funcionarios municipales y personas contratadas a honorarios de la Municipalidad de Maipú”.

El requerimiento plantea lo siguiente: “Para proceder a autorizar los gastos incurridos en el viaje realizado a Argentina, la Municipalidad de Maipú utilizó un reglamento interno que se llama ‘Procedimiento para la autorización y pagos de viáticos por concepto de comisiones de servicios y cometidos de funcionarios de la Municipalidad de Maipú'. Del análisis efectuado por la Contraloría se pudo desprender que dicho reglamento no tenía vigencia normativa”.

Eso significa, se lee en el mismo documento, que “al momento de efectuar los gastos para poder llevar a un viaje internacional para funcionarios de la municipalidad tanto de planta como de horarios, el municipio no contaba con ninguna norma que permitiese desembolsar ese gasto o que lo regulase, y lo que es peor aún se utilizó como antecedente habilitante una norma que no tenía ninguna validez”.

No solo eso. Según el informe de Contraloría, cuando se autorizó el viaje a Mendoza por parte del municipio los decretos alcaldicios que ratificaron los viáticos del personal que se encontraba contratado en modalidad de honorarios, se utilizó un documento administrativo que “no se encontraba aprobado por la alcaldesa al momento de aprobarse los gastos”.

Además, se lee en el libelo, “el viaje objeto de la investigación de la Contraloría tiene su origen en dos invitaciones que hizo el Concejo de la Municipalidad de Maipú de Argentina a su homónimo de Chile. La municipalidad no pudo acreditar la existencia de ningún tipo de convenio entre la Municipalidad de Maipú chilena y la Municipalidad de Maipú argentina”.

En esa misma línea, el ente contralor detectó que “el decreto que autorizó la gira, dando paso a los gastos que se emplearon para llevarlo a cabo, fue dictado casi dos meses después de la realización del mismo viaje”. Además, los concejales exponen que “la invitación efectuada por el municipio argentino a la Municipalidad de Maipú se efectuó para que la Escuela de Artes de Maipú (ESAM) participara en la obra La Cenicienta. El municipio fue incapaz de acompañar esta información, entregando solo el presupuesto asignado al Departamento de Cultura, el cual tiene cifras globales asignadas, pero no apareciendo mencionada el dinero destinado a ESAM”.

Las otras faltas administrativas

Otras de las irregularidades que sustentan el requerimiento apuntan a asuntos vinculados al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), la sanitaria pública de Maipú: “El ente contralor detectó que Smapa tenía demoras que iban desde los 30 días hasta los 295 días en la entrega de información hacia la Superintendencia cuando efectuaba las fiscalizaciones. La anterior tenía como consecuencia que la Superintendencia no contara con la información necesaria para poder sancionar o informarse del cumplimiento de distintos requerimientos que son propios de los servicios sanitarios”.

Otro de los temas incluye actos de Barriga para promocionar su propia figura de alcaldesa. “La Contraloría General de la República calificó como ‘compleja’ la actitud reiterativa, grave y contraria a la probidad administrativa efectuada por la exalcaldesa de Maipú, la Sra. Barriga, consistente en utilizar recursos municipales para resaltar o promocionar indebidamente su imagen personal en el marco de la ‘Feria Fuerza de Mujer’”, se lee en el libelo. Además, el ente contralor reprochó la “inexistencia de mecanismos, procedimientos y acciones realizadas por la Municipalidad de Maipú para prevenir eventuales conflictos de interés y faltas a la probidad administrativa”.

El requerimiento también acusa que Barriga no contaba con mecanismos de “control jerárquico con relación al funcionamiento y ejecución de las compras públicas efectuadas al interior del municipio”.

Por todo eso es que los concejales concluyen lo siguiente: “Se puede advertir que la Municipalidad de Maipú creó una administración paralela que le permitió evitar las fiscalizaciones y controles internos. Esto fue un terreno fértil para que se cometieran reiteradas faltas a la probidad administrativa que le implican un fuerte detrimento económico al municipio en forma constante y permanente. También se puede advertir que la exalcaldesa utilizó todas estas modificaciones administrativas para evitar la fiscalización en los momentos que se usó la municipalidad para beneficio propio, en especial para la alimentación de su imagen”.

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