Convención activa contactos con el Congreso por Presupuesto 2022

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, junto al vicepresidente Jaime Bassa, ayer en los jardines de la sede del órgano constituyente.

Varias reuniones han sostenido convencionales y parlamentarios para coordinar una estrategia común, que permita a la Convención Constitucional contar con los recursos necesarios para su funcionamiento. Los contactos se dan en medio de las negociaciones de la directiva del organismo y la Dirección de Presupuesto, luego de que la repartición rechazara una solicitud de aumento de recursos para el ciclo 2021 y cuando el Ejecutivo ya ingresó al Legislativo su propuesta para financiar el proceso durante el 2022, en la que se contemplaron alrededor cuatro mil millones de pesos.




Al menos dos reuniones han sostenido en las últimas dos semanas convencionales y parlamentarios del Frente Amplio. ¿El objetivo? Coordinar una estrategia conjunta para enfrentar la negociación del Presupuesto 2022 que se destinará para la Convención Constitucional y que el Ejecutivo ingresó al Congreso el pasado jueves, fijando en 4.091.465 millones de pesos la glosa correspondiente al organismo liderado por Elisa Loncón y Jaime Bassa.

En el primer encuentro participaron, entre otros, el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja Marcelo Díaz (Unir), los diputados Catalina Pérez (RD) y Claudia Mix (Comunes), además de las convencionales Jennifer Mella (Convergencia Social) María José Oyarzún (RD) y Amaya Alves (RD). Según presentes, la conversación giró en torno a la creciente preocupación que se ha instalado en la Convención Constitucional por la falta de recursos para el ciclo 2021 y sobre las fórmulas que se podrían activar en conjunto para enfrentar la negociación del Presupuesto 2022.

“Las reuniones se han dado en un contexto de colaboración como Frente Amplio en la búsqueda de que la Convención tenga un buen pie no solo para comenzar, sino que para funcionar en todo el proceso. Hemos sentido que desde el gobierno ha habido una intención de boicotear el proceso constitucional a propósito de su negativa de la entrega de los recursos, sobre todo en materia de asignaciones. Y, por lo mismo, hemos hablado con distintos parlamentarios y parlamentarias no solo para saber su opinión, sino que también para conocer los mecanismos que existen para que el gobierno cumpla la ley”, señala a La Tercera PM la convencional Oyarzún.

El diputado Díaz, en tanto, asegura que “vamos a estar muy atentos a que el gobierno disponga de los recursos que necesite la Convención Constitucional, pues su mandato es vital para el futuro de Chile. Espero que el gobierno salga de la lógica de guerrillas que parece haber instalado contra el proceso constituyente y asuma que esta es la voluntad de Chile”.

“El gobierno del Rechazo ha buscado desde un comienzo boicotear la Convención. Estamos generando las coordinaciones para que desde el Congreso podamos presionar por un presupuesto que garantice las condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento del órgano constituyente”, agrega Pérez.

Los contactos se dan justamente luego de que la Dipres rechazara una solicitud de un incremento de más de $ 1.700 millones para financiar las asignaciones -que el pleno de la Convención fijó en cerca de $ 4 millones por constituyente-, aduciendo estrechez fiscal, lo que activó negociaciones entre la repartición y la mesa de la Convención.

Pese a que se esperaba que esas conversaciones llegaran a puerto el fin de semana, según distintas fuentes, el gobierno habría optado por dilatar un acuerdo para evitar que esto pareciera una derrota del Ejecutivo ante el órgano. Esto, sobre todo, en una semana en que el gobierno enfrentará batallas clave en el Congreso, por ejemplo, con la votación del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales.

Hasta ahora, la Convención Constitucional ya envió a la Dipres una propuesta para reducir la solicitud inicial a cerca de $ 1.230 millones, además de incluir reasignaciones. De hecho, la mesa puso en tabla para hoy la revisión de lo aprobado en materia de asignaciones, lo que podría implicar modificaciones respecto de lo ya ratificado.

La coordinación con el Congreso, en todo caso, ha trascendido al Frente Amplio. De hecho, el propio Bassa, quien ha liderado las negociaciones con la Dipres, ha tomado contacto, además, de figuras como Giorgio Jackson (RD), con parlamentarios de “sectores transversales” de la centroizquierda. Esto, porque para la Convención Constitucional es clave destrabar los recursos destinados para 2021 para poder negociar luego los montos de 2022.

El tema fue abordado ayer por el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, en la Subcomisión Mixta de Presupuesto. La autoridad recalcó que la Convención Constitucional tiene recursos y está funcionando bien, mientras que el secretario ejecutivo Matías Cox advirtió que, a diferencia de lo que ha planteado la mesa del órgano, existen recursos para llegar a fin de año, pues solo se ha ejecutado el 25,5% del presupuesto destinado.

En la instancia, el senador Carlos Montes (PS), en todo caso, advirtió que “es importante que los recursos para la Convención se aumenten; desde el punto de vista de presupuesto lo que están pidiendo es razonable. Por eso, le dijimos al subsecretario que este tema era necesario resolverlo lo antes posible, porque si no se va a tomar todo el debate presupuestario 2022″.

Desde el gobierno, sin embargo, aseguran que la Convención Constitucional ha hecho “un uso político” del tema presupuestario, dejando al gobierno como el que quiere torpedear el proceso para esconder sus propios “problemas de gobernabilidad administrativa”.

Mientras, los sectores de centroderecha reconocen que si bien existen conversaciones periódicas entre los parlamentarios y los convencionales respecto de las discusiones y votaciones que se realizan en la constituyente, no han abordado el tema presupuestario. Sin embargo, el diputado Alejandro Santana (RN), quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, sostiene que “claramente, la función de los convencionales es muy distinta a la función que tiene un parlamentario, en términos de despliegue territorial y trabajo de representación y legislativo. En consecuencia, las políticas de austeridad tienen que aplicarse no solo en el Congreso, sino también -y principalmente- en la Convención Constitucional”.

“No es aceptable que la Convención se aumente el presupuesto por sí y ante sí. Las reglas eran claras desde un principio y no corresponde aumentar de 1,5 a cuatro millones sus asignaciones cuando es lo que hemos criticado en el Congreso, donde pedimos bajarlas a la mitad. Lo suficiente y lo justo para poder funcionar respetando los acuerdos existentes. Ni más ni menos”, agrega, a su vez, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

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