A contrarreloj: las trabas de la negociación entre Hacienda y la Convención para el Presupuesto 2022

Los casi $ 1.800 millones solicitados en agosto para aumentar las asignaciones por convencional están trabando las conversaciones, y mientras en el Ministerio de Hacienda calculan que la Convención necesitaría $ 9.600 millones para funcionar este año, en la Constituyente creen que el monto debiera ser $ 11.000 millones. Fijar el total de recursos es vital para proyectar los fondos para el siguiente erario.




En estos días, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha informado a los órganos autónomos del Estado cuánto será su presupuesto para 2022, ya que restan nueve días para presentar el proyecto final para su discusión ante el Congreso.

Sin embargo, hay una entidad que no ha sido informada, pues ambas partes están con la “pelota trabada” respecto de los montos totales: la Convención Constitucional. En el órgano constituyente afirman que ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo en las cantidades para este año, lo que consideran clave para empezar a negociar el erario del próximo año.

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa -mandatado para este trámite- ha sostenido múltiples reuniones con la directora de Presupuestos, Cristina Torres. En algunas ocasiones, de acuerdo a fuentes de la Constituyente, también ha participado el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y se ha mantenido informado al de la Segpres, Juan José Ossa, que es quien tiene a su cargo la dirección ejecutiva, nexo entre el gobierno y la Convención.

En estos encuentros, la Dipres le ha explicado a Bassa y a su equipo de administración cómo es el proceso de diseño presupuestario y cuáles son los requerimientos que deben cumplir los servicios autónomos, como lo son el Congreso o los gobiernos regionales. Según afirman desde la entidad, “todos deben estar dentro de la formulación presupuestaria central y ceñirse a los recursos que hay”. Estos órganos envían sus requerimientos, los sectorialistas lo revisan y luego se decide cuánto se puede destinar. “En Hacienda se exige que todas las peticiones de recursos se justifiquen mucho”, señalan fuentes de gobierno.

Y aquí, dicen, es donde está la traba.

La Convención partió con un presupuesto aprobado de $ 6.700 millones para 2021, el cual, según el gobierno, se ha aumentado hasta la fecha en un 43%, con lo que esperan termine el año con un total de $ 9.600 millones, lo que equivale a un semestre completo. Este último dato no es menor: en principio se espera que el trabajo de la CC se extienda por nueve meses, por tanto para 2022 sólo se debería complementar en la ley el presupuesto para un trimestre, que equivaldría a la mitad del acumulado.

Ahora, de acuerdo a la operativa de las finanzas, si se decidiese prorrogar el trabajo por unos tres meses más
-como la Constitución dispone-, esos recursos deben quedar provisionados en el Tesoro Público.

Pero la directiva de la Convención no está de acuerdo con el monto fijado por la Dipres, pues -argumentan- no se contabiliza el aumento de las asignaciones por cada convencional en torno a $ 4 millones, desde el $ 1,5 millón propuesto inicialmente. “Con los recursos actuales no llegamos a fin de año”, resumen en la Convención, precisando la situación presupuestaria que atraviesa el organismo. Ellos contemplan que requieren un presupuesto este año de $ 11.000 millones y que en base a ese monto partan las negociaciones para proyectar el próximo periodo.

El desacuerdo se inició el 20 de agosto, cuando la Convención envió un oficio al subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, en el que solicitó $ 393 millones para su funcionamiento, y $ 1.794 millones para cubrir las nuevas asignaciones establecidas en el reglamento. Según se informó en la Constituyente, en esa oportunidad, estos cálculos se habrían hecho en conjunto con la Segpres.

En Teatinos 120 esa petición transitó en dos direcciones.

Respecto de la primera, Dipres tomó el cálculo y tras examinarlo -se afirma en la cartera- se dio cuenta que no sumaba $ 393 millones, sino que más de $ 700 millones. Admiten que les autorizaron los montos “porque estaban plenamente justificados”. Claro que, acotan, para obtener ese dinero debieron reasignar montos que estaban sin ejecutar en los ministerios de Hacienda y Obras Públicas. No obstante, desde la Convención descartan que se hayan traspasado esos recursos, y aseguran que no hay claridad de las transferencias que ya ha realizado Hacienda.

La segunda petición -los $ 1.794 millones- no ha sido aceptada y es el gallito que mantienen hasta ahora. “Se le envió un oficio a la Convención, que más que decirle que no, se les pedía que debían justificar bien con antecedentes adicionales, porque lo único que venía era un monto”, admiten desde el gobierno. Asimismo, observan que se les informó que las finanzas públicas estaban muy estresadas, que se estaban ocupando los ahorros de fondos soberanos, por tanto quedaba poca caja chica, así que para financiar cualquier nuevo gasto habría que buscar reasignaciones y que “en este momento no se veía de dónde sacar los casi $ 1.800 millones que pedían”, señalan fuentes de Palacio.

Torres y Bassa se han reunido en múltiples ocasiones para ir ajustando los montos. Desde la Dipres explican que la Convención como órgano nuevo no conoce algunas nociones de procedimiento administrativo, como el uso de convenios marco para abaratar los costos de pasajes. “Para toda solicitud se necesita una buena justificación que en este caso no venía. Eso desde Hacienda siempre lo exigen: si se asignan más recursos, deben ser bien justificados, con buena gestión y no pasan la plata así como así”.

Por su parte, la Convención está trabajando en el documento exigido por Hacienda, que desglosa y detalla claramente las proyecciones de gastos que requiere el organismo para su funcionamiento. En dicha tarea están enfocados el secretario ejecutivo, Matías Cox, y José Cortez, director de administración, finanzas y transparencia. Esperan que esté listo durante esta jornada para ser remitido a Cerda.

Más allá de los números, en la Convención aseguran que la negociación también ha estado permeada por consideraciones políticas. Por un lado, porque a juicio de la directiva prevalece el conflicto político que ha marcado la relación del organismo con el Ejecutivo y, por otro, porque afirman que habría un tironeo interno entre Segpres y Hacienda.

El problema de origen, en todo caso, lo atribuyen a la proyección presupuestaria 2021. Según fuentes de la Constituyente, fue en esa discusión en el Congreso donde no se previeron las necesidades que tendría el proceso constituyente, lo que ha generado una permanente complicación. Tanto así, remarcan, que la propia Segpres ha solicitado aumentos a Hacienda para disponer de mayores recursos sin mediar solicitud de la mesa, como ocurrió durante el periodo de instalación.

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