Convención aprueba en general propuesta de la Comisión de Presupuesto sobre el reglamento de las asignaciones

Dicho informe, que fue discutido hoy por el órgano constituyente, fue visado por 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones. El aumento es de los actuales $ 1,5 millones máximos mensuales por convencional a un total de 77 UTM, es decir, un máximo mensual de $ 4.020.401.




El pleno de la Convención Constitucional aprobó este martes en general la propuesta de la Comisión de Presupuesto sobre el reglamento que establece y distribuye las asignaciones de los convencionales.

Dicho informe, que fue discutido durante la jornada por el órgano constituyente, fue visado por 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones.

Ahora, sin embargo, se podrán realizar enmiendas al contenido en particular planteado por la Comisión, las cuales pueden ser presentadas hasta las 12 horas de mañana miércoles para ser discutidas y votadas el próximo jueves 12 de agosto.

El pasado jueves la instancia de Presupuesto había acordado aumentar las asignaciones a un máximo mensual de $ 4 millones. Proposición que fue planteada por la coordinación de César Valenzuela (PS) y Gloria Alvarado (Movimientos Sociales) y fue respaldada por la mayoría de la instancia.

En ese sentido, se acordó aumentar de los actuales $ 1,5 millones máximos mensuales por convencional, a un total de 77 UTM, es decir, un máximo mensual de $ 4.020.401. Dicho monto se dividirá de la siguiente forma: 40 UTM para personal de apoyo, 27 UTM para asignaciones por manutención (viáticos) y 10 UTM para gastos operacionales, donde los convencionales de escaños reservados y zonas extremas podrán gastar 5 UTM más, es decir, 82 UTM.

También la Comisión ratificó la semana pasada una enmienda propuesta por Vamos por Chile que planteaba que “las asignaciones contempladas en este artículo podrán ser reasignables al mes siguiente, teniendo como tope una acumulación bimensual. Pasado los dos meses caducarán de pleno derecho”.

Debate

Este informe generó amplio debate entre los convencionales, donde el tema de los montos asignados y la transparencia de los recursos fueron puntos centrarles de los argumentos expuestos.

Daniel Stingo aseguró que “no hay asignaciones establecidas, las establece esta Convención. Si se rechaza hoy, no hay asignaciones (...)”.

Por su parte, Loreto Vallejos, sostuvo que “lo que apelan convencionales de derecha es interesante. Hablemos de austeridad, cuántos recursos gastamos en campañas, cómo nos nutrimos de información, quiénes nos apoyan en asesorías (...). En este pleno no estamos en las mismas condiciones”.

La constituyente Patricia Politzer manifestó que “en un país donde la mitad de los trabajadores gana menos de 450 mil pesos es, sin duda, violento referirse a esta cantidad de dinero. Por eso, vamos a cuidar la austeridad y probidad y total transparencia de nuestros gastos (...). Sólo insistir en que el sueldo de los y las constituyentes no se ha aumentado en un solo centavo”.

Miguel Ángel Botto complementó, en tanto, que “si nos comparamos con los diputados, ellos en promedio tienen, si ven las asignaciones de junio, 8,7 millones (de pesos). Nosotros estamos pidiendo un 24% de ese monto. Invito a que cuidemos la Convención y no la hagamos trizas por estas diferencias entre recursos”.

Por otro lado, la convencional Rocío Cantuarias señaló que “cabe preguntarse si no es suficiente la dieta de más de 2,5 millones de pesos para hacer nuestro trabajo. La propuesta aprobada por la comisión es imprudente e insolente para la gente, ya que es grave que seamos nosotros los convencionales los que estemos aprobando un aumento de nuestras propias asignaciones”.

Eduardo Cretton, en tanto, afirmó ante el pleno que “votaré en contra del aumento de las asignaciones, es lo que me pidió la gente, pero también es lo que nosotros mismos prometimos en nuestras campañas (...). Me pregunto cuántas personas en Chile tienen la facultad de decidir las asignaciones que van a recibir y cuántas de esas pueden decidir, además, que ese aumento sea hecho con cargo a fondos públicos”.

Mientras que Harry Jürgensen sostuvo que “pensamos que nadie se opondría a la obligación de enmarcar nuestro trabajo de convencionales a los principios de austeridad, probidad y transparente (...), ¿por qué negarse a consagrar los principios fundamentales de la administración pública de estos recursos de todos los chilenos?”.

Mientras que el convencional Manuel Ossandón Lira aseguró que “me surge la duda de cuál es la razón de que nos encontramos votando esta propuesta en términos generales (...) por qué es la Comisión y no el comité externo el ente que designe los montos”.

Dichos que generaron la molestia del coordinador de la Comisión de Presupuesto, César Valenzuela. “El convencional Ossandón afirma por qué nosotros nos fijábamos las asignaciones. ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? Es que uno también le empieza a dar rabia por otras cosas, porque lo primero que uno esperaría cuando los convencionales quieran hablar es que lean las normas que nos están regulando”, sostuvo

Y agregó: “Esta fijación de asignaciones no es una prerrogativa de la comisión de Presupuesto, evidentemente es una situación incómoda, esto es una disposición de la Constitución Política de la República, no la inventamos nosotros, no la inventó la Convención ni la Presidenta, se llama principio de legalidad (...). Nuestros actos están regulados por lo que señala la Constitución y las leyes, además ustedes han defendido eso, cómo no lo entienden. Yo rogaría, para no llevar a confusión, a que lean la normativa que nos regula. Y esto eso claramente establecido”.

Propuesta para devolver el Palacio Pereira

Este martes, además, un grupo de cinco convencionales de Vamos por Chile enviaron una misiva a la mesa directiva de la Convención, liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, solicitando que se someta a la discusión del pleno la posibilidad de devolver el Palacio Pereira, en el cual trabajan los constituyentes, y que fue refaccionado para esos efectos.

Eduardo Crettón, Katherine Montealegre, Ricardo Newman, Constanza Hube y Felipe Mena, argumentaron su solicitud “con el fin de cuidar los recursos públicos”. Según afirman en el documento, encontraron “buena disposición” desde el Senado para ocupar las dependencias que tienen en el exCongreso Nacional en Santiago, para el trabajo de la Convención.

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