El complejo escenario judicial que tiene entre las cuerdas al gobernador Patricio Vallespín

En absoluta reserva se han mantenido las diligencias de la Fiscalía Regional de Los Lagos en torno a la investigación de una serie de traspasos realizados por el Gobierno Regional a al menos nueve fundaciones privadas, entre ellas Kiñe Fuxa Ruka Kimün y Participa, las cuales recibieron, cada una, $1.200 millones para la ejecución de proyectos.

Y es que, aunque inicialmente las autoridades de la zona defendieron la entrega de recursos, con el correr de las semanas se fueron advirtiendo una serie de irregularidades. Entre ellas, que las transferencias realizadas a las mencionadas ONG “se realizaron mediante asignación directa de recursos, sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron”, como informó Contraloría tras la realización de una auditoría.

Aquello también fue advertido por el Ministerio Público, entidad que tempranamente ordenó la detención del asesor de Kimün, Diego Ancalao, y del representante legal de la misma, Jaime Huincahue. En medio de las pesquisas, además, se habría constatado que funcionarios del Gobierno Regional y otros jefes de servicio habrían promovido el acuerdo con ellos.

Por lo mismo, estallado el caso, el gobernador Patricio Vallespín (ex-DC) ha recibido una serie de cuestionamientos, aunque al poco andar decidió poner término anticipado al citado contrato.

Eso, sin embargo, no logró disipar el manto de dudas que se instaló en torno a su gestión, puesto que además se constató que entre las fundaciones con las que mantenían tratos estaba Chiquihue, que es encabezada por él mismo por atribuciones del cargo.

En el intertanto, además, la Fiscalía ha ordenado distintos allanamientos a dependencias del Gore y Contraloría declaró que 22 convenios que suscribieron son “ilegales”, lo que ha hecho que los reproches en su contra sigan en escena.

Así, el cerco situado por el Ministerio Público a su alrededor se ha ido estrechando. De hecho, la jornada del martes 21 de noviembre efectivos de la PDI concretaron la detención de una de sus personas de confianza y de una exfuncionaria. Se trata de la administradora del Gore de Los Lagos, Viviana Godoy, y de la exjefa de la División de Fomento e Inversión de la misma entidad, Gloria González.

Ante ello, sin embargo, Vallespín ha mantenido su postura en torno a que él no estaría involucrado en irregularidades. “Por respeto a las personas que son investigadas y sus familias, y por el compromiso irrestricto que hemos tenido como Gobierno Regional de colaborar con el Ministerio Público en todo este proceso (...) comentar, especular u opinar al respecto no corresponde”, manifestó en un punto de prensa donde no aceptó consultas.

Y agregó: “Seguiremos colaborando con el Ministerio Público, como lo hemos hecho hasta la fecha, en todo lo que se nos pida para facilitar eso, pero no emitiremos más opiniones al respecto por el resguardo de este mismo proceso, para que así el Ministerio Público pueda llevar a cabo esta investigación lo más rápido posible y más efectiva posible”.

Con todo, fuentes conocedoras del caso aseguran que aunque él aún no es citado a declarar, todo indica que la Fiscalía estaría ultimando detalles para citarlo y así definir su situación procesal.

De acuerdo con el informe emanado por Contraloría, durante 2022 el Gore de Los Lagos ejecutó más del 80% de su presupuesto para programas con fundaciones u organismos públicos, en diciembre. O sea, en 31 días desembolsaron $30.917 millones, lo que llamó la atención de los evaluadores.

Junto con ello, determinaron que hubo discrecionalidad en la selección de las fundaciones Kimün, El Canelo y Participa, y que transfirieron recursos sin contar con el control previo de legalidad del mismo ente contralor. Se señaló, en el mismo sentido, que no solicitaron ni realizaron revisión de documentación que sustentara que las referidas fundaciones contaran con la experiencia y capacidades demostrables, a fin de asegurar las competencias exigidas.

Asimismo, se detectaron debilidades generales de control interno, ya que no hubo un procedimiento concursal para la selección de las entidades a las que se les realizaron las transferencias, tampoco se encontraron manuales de procedimiento para las rendiciones de cuenta; se advirtió que el control de las rendiciones se llevaba mediante Excel o Sheet.

Entre los puntos más graves, Contraloría también hizo presente que se constató una diferencia por $183 millones entre el análisis de las 22 resoluciones que aprobaron modificaciones presupuestarias realizadas durante 2022, y el Estado de Situación Presupuestaria del GORE Los Lagos al 31 de diciembre de la referida anualidad.

En medio de todo el caso, dadas las irregularidades, Vallespín dispuso la salida del jefe del Departamento Jurídico, Alejandro Macías; del jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Mauricio Saavedra, y de la jefa de División de Fomento Productivo, Gloria González. Aquello, como detallaron en su momento, para fortalecer sus procedimientos.

“Debemos asumir que los desafíos de hoy no son los mismos de cuando iniciamos esta gestión, estar a la altura de esta responsabilidad implica una constante adaptación y mejora de la institución en todos sus procedimientos, cuyos logros y retrasos son de todos quienes hoy la componen”, indicaron en ese entonces.