Este viernes, el Consejo Regional del Biobío realizará una sesión extraordinaria, donde los consejeros y consejeras regionales (cores) esperan recibir información de parte del gobernador Rodrigo Díaz (ex DC) y poder así aclarar las múltiples dudas que tienen sobre los líos de plata que son investigados por la Fiscalía y la Contraloría. Algo parecido sucederá la próxima semana en Los Lagos, en un plenario que se desarrollará miércoles y jueves en Chiloé y donde los consejeros también buscarán atar cabos y tener una película más clara de lo que sucede con los convenios firmados por el gobierno regional (Gore) que encabeza Patricio Vallespín (ex DC).

En el Biobío, la Fiscalía Regional abrió una arista penal el pasado 4 de julio. En la zona se iniciaron dos investigaciones de oficio para esclarecer traspasos hechos desde el Serviu y el gobierno regional a fundaciones. La primera dice relación con convenios fijados con la Fundación Urbanismo Social y el Serviu del Biobío por $ 148 millones, mientras que la segunda indagatoria es sobre las transferencias realizadas del Gore a la ONG RedCultivarte por $ 274 millones. Aunque más tarde la Fiscalía inició dos investigaciones de oficio por el traspaso de fondos a la fundación Horizonte Ciudadano, que recibió $ 379 millones del Gore mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otra a la Fundación En Ti, donde se indaga la relación con la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi, quien habría recibido por asignación directa $ 250 millones.

En ese contexto, el Gore del Biobío informó este lunes que tres altos funcionarios presentaron su renuncia. Se trató del administrador regional Rodrigo Martínez Fernández; del jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón Quezada, y del jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina. En un comunicado, sostuvo que “en esta nueva etapa, el gobernador Rodrigo Díaz liderará una transformación profunda en el gobierno regional del Biobío con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la Región del Biobío”.

Sin embargo, esa nueva etapa no parece ser el camino para los consejeros regionales, quienes apuntan a Díaz como el gran responsable, tanto política como administrativamente. Más allá de las explicaciones que esperan recibir este viernes, hay un grupo de cores que está por trabajar para conseguir las firmas y llevar al gobernador al Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar formalmente su destitución por “faltas a la probidad y notable abandono de deberes”.

Según la Ley 21073, artículo 23 sex., entre las causales para que el gobernador regional cese en el ejercicio de su cargo se encuentra: c) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en los artículos 23 quáter y 23 quinquies. Esta será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los consejeros regionales en ejercicio, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593, de los tribunales electorales regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado.

El core Gabriel Torres (Ind.-RN) sostiene que todo lo sucedido es decepcionante. “Yo lo dije desde un principio, esto es como una bola de nieve, todos los día sale algo nuevo y eso hace que esté en cuestionamiento (Rodrigo Díaz), su cargo, su función. Esperamos que se transparente con nosotros y nos diga realmente lo que está pasando. Porque además de esto, necesitamos reactivar el consejo regional, nosotros no nos reunimos hace más de tres semanas, con lo cual se están retrasando muchos proyectos que benefician a la comunidad”.

Y añade: “Acá no basta con la renuncia de las tres primeras personas, acá hay más personas relacionadas directa o indirectamente, y para componer las confianzas es necesario que ellos den un paso al costado. ¿Si se puede recomponer la confianza con el gobernador? Es muy difícil, a estas altura tendremos que dejar que funcionen los órganos que están investigando esto, tanto la Contraloría como la Fiscalía. Eso va a demorar en arrojar resultados y eso afectará el normal desarrollo del consejo. Vamos a tener que investigar todo, pedir información, y eso afectará la rapidez”.

Respecto de las firmas mínimas (10 de 28) para solicitar la destitución, Torres señala que ha estado trabajando junto a otros cuatro consejeros (Piero Blas, Javier Sandoval, Camila Arriagada y Yanina Contreras) “para tratar de fiscalizar. Fuimos los primeros en solicitar un consejo extraordinario. Esperemos que los colegas estén a la altura, realicen su tarea fiscalizadora y de esa manera exijamos transparencia. Y si el día de mañana los antecedentes que nos proporcione fiscalía tras la investigación, obviamente que si ahí están los elementos para declarar notable abandono de deberes y falta de probidad a la máxima autoridad, esperamos que concurran con sus votos y cumplan su deber”.

Por su parte, el core Javier Sandoval (P. Igualdad) resalta que “acá hay una responsabilidad política de parte de Rodrigo Díaz que él mismo manifestó y la tiene que asumir ahora. Él está inhabilitado éticamente para resolver esta crisis y, además, es el responsable de este mecanismo que ha sido implementado en la región, que él promovió y que ha permitido que entidades se beneficien económicamente sin fiscalización. Muchos de estos programas se beneficiaban entre ellos y algunos están en ejecución”.

“¿Si Rodrigo Díaz también tiene responsabilidad administrativa? Sí, hay falta y abandono de deberes desde el momento que él no reaccionó ante los hechos. Estamos hablando de miles de millones que se fueron hacia entidades privadas y que han quedado en las entidades ejecutoras. Acá, en la práctica, estamos subvencionando un Estado paralelo, sin criterio, sin respeto a las leyes para el buen uso de los recursos”, añade Sandoval.

Y prosigue: “Esto comprende a varias unidades o divisiones dentro de la gestión del presupuesto del gobierno regional y todo en una magnitud que no se había visto antes. La principal responsabilidad es de él (Díaz), porque nadie lo obligó”.

Respecto de la solicitud de destitución, sostiene que “estamos trabajando en esas líneas en paralelo (renuncia o destitución). Por un lado estamos trabajando en que acá hay una responsabilidad política que tiene que asumir y estamos en una crisis que él no está en condiciones de resolver. Él implementó un programa de gobierno para esta región de despilfarro y es el principal responsable. (Díaz) abandonó sus deberes de encauzar, de tomar las medidas a tiempo, generar las investigaciones, poner el foco donde había que ponerlo”.

En cuanto al consejo extraordinario, el core sostiene que primero hay que escuchar “las respuestas que tiene que entregar el gobernador y que hasta aquí no nos ha entregado. Nosotros no lo vemos hace dos semanas”.

Del mismo modo piensa Yanina Contreras (PSC), quien sostiene que se necesita celeridad en todas las investigaciones, “porque los mayores afectados son la gente vulnerable. Acá hay recursos que han sido mal utilizados, por ejemplo, creo que debería haber un allanamiento en la casa de (Camila) Polizzi; con todos los antecedentes que hay, debería ser ya para que no se pierda evidencia... Acá se utilizó a la ciudadanía para beneficio personal”.

Contreras añade que “el gobernador ha tomado decisiones respecto de su equipo. Creo que la desvinculación de esos tres funcionarios fue acertada, pero tardía, y las responsabilidades políticas y administrativas, según mi percepción, son de él. Nosotros hemos realizado nuestras tareas de fiscalización de acuerdo a la confianza que nos dio la ciudadanía, pero frente a los acontecimientos y datos que han surgido, obviamente hay un desorden grande en lo administrativo en el gobierno regional”.

“Si el Ministerio Público verifica que hay una falta grave a la probidad o abandono de deberes, obviamente ahí vamos a tener que proceder de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Si eso es la destitución? Estamos en evaluación de ese tema, porque estamos hablando de casos graves con los recursos fiscales. Nosotros debemos estar al cuidado de las arcas fiscales, especialmente acá, porque hay mucha población vulnerable, y aquí se mal usaron los recursos y con eso se afectó a la población para el beneficio personal de alguien, y ella (Polizzi) debería devolver todo. Yo estoy a disposición de las firmas (para solicitar la destitución) si es que tengo los antecedentes suficientes”.

Respecto de la causa iniciada en la Región de Los Lagos, el mismo 28 de junio, como confirmó la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, se estableció que se investigan convenios celebrados por parte del gobierno regional, encabezado por Patricio Vallespín, con la Fundación Participa, la Corporación Kimün, la Fundación Chinquihue y también con otras entidades a las que se traspasaron dineros en 2022, por lo que el monto cuestionado aún no está delimitado.

En suma, como dan cuenta reportes del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, ese año el gobierno regional transfirió un total de $ 8.049 millones a organizaciones vía convenios, por lo que el Ministerio Público verificará si todo ello está en regla.

No obstante, el 46% de los recursos fueron entregados a tres entidades: Chinquihue, la cual es presidida por el mismo gobernador; Participa, la cual se adjudicó $ 1.200 millones y que es dirigida por el excandidato a concejal por el PPD y PRO Daniel Ibáñez, y Corporación Kimün, la cual recibió el mismo monto de dinero y por la que ya están detenidos Diego Ancalao, excandidato presidencial por la Lista del Pueblo y a quien se le responsabiliza de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa, y Jaime Huincahue, presidente de Kimün, quien se entregó el miércoles a la Policía de Investigaciones y le será imputado el próximo lunes el delito de lavado de activos.

Ante los hechos conocidos, el consejero regional Rodrigo Arismendi (Ind.) sostiene que aún están recabando antecedentes “para ver qué medida considerar. Hay una investigación de por medio, queremos tener los resultados y luego decidiremos qué hacer. Acá hay 36 programas que se están ejecutando y hay 22 cuestionados”.

“Algo que no se ha dicho es que los programas se estaban revisando por parte de los consejeros. Se habían hecho observaciones que Kimün iba atrasado en su carta Gantt y luego se hizo conocido. También se había pedido que algunos programas se cancelaran, porque no estaban funcionando”, añade Arismendi.

Y cierra: “La principal señal de que hubo falencias administrativas es que se les pidió la renuncia a tres funcionarios (jefe del Departamento Jurídico, jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional y jefa de División de Fomento Productivo). Pero, finalmente, la investigación de la Fiscalía determinará si aquí hubo o no algo indebido (...). ¿Si está la posibilidad de solicitar la destitución del gobernador? Hay que esperar la investigación y que se arme la figura para solicitarla. La próxima semana tenemos un plenario en Chiloé y en caso que lo amerite, se considerará”.

¿Cuántas firmas se necesitan para formalizar la solicitud de destitución del gobernado de Los Lagos? Siete de 20 consejeros en ejercicio.

Finalmente, el core Rodrigo Wainraihgt (RN) sostiene que hay que esperar la investigación de la Fiscalía para analizar algún tipo de decisión. “Aun cuando no soy del partido político del gobernador, no creo que la destitución sea el camino. Lo que hay que hacer es esperar que las instituciones funcionen”, dice.

“Hoy hay varias investigaciones en curso, no solo administrativas, porque además de la Contraloría, la Fiscalía está también investigando. Es muy precipitado decir que hay culpa de los gobernadores”, agrega.