En busca del “perdonazo” de los $3 mil millones: Fiscalía indaga los contactos de Leonarda Villalobos en el SII y fija radar en exjefes jurídicos

De todo lo conversado entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer -controlador del Factop y SFT Capital- en la cita registrada el 22 de junio, hubo un elemento que activó la preocupación de la directiva del Servicio de Impuestos Internos (SII), y así se lo hicieron ver a la Fiscalía.

El diálogo que hoy entró de lleno en el radar del SII y la Fiscalía es el siguiente:

Sauer: Nosotros, los últimos tres o cuatro años han salido chorros para allá. Entonces, es constante. Somos un buen cliente, o sea con mis huevás, los huevones se llevaron gamba.

Villalobos: Sí, pero de 5 mil palos…

Sauer: Nooo, Lucho, Lucho.

Luis Hermosilla: Pero muy bien pagadas.

Sauer: Lucho, ni siquiera… Cuando yo con la Leo, no era lo que somos hoy día po, hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién, me cobró gamba 40, me dijo le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá, son 40 pa’ mí. Lo mío eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho y le pagué cero al Servicio y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás te quiero decir, ya prescribió (risas) ¿cachai? fue todo un éxito.

Con esos antecedentes, los investigadores comenzaron a buscar la trazabilidad de esas información. Lo mismo hizo el Servicio, y así se llegó a una fecha y un lugar, cuentan fuentes del ente fiscalizador: el año 2018 en la Dirección Metropolitana Oriente.

Fue en ese año, y en esa oficina regional del Servicio, en que habría ocurrido lo que habla Sauer en el audio que se busca confirmar. Por lo mismo, la Fiscalía citó a declarar al hasta ayer director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, quien en 2018, y hasta el 2022, era el jefe de la Dirección Metropolitana Oriente. El SII resolvió removerlo de sus funciones, pero por razones de “pérdida de confianza” del director del organismo Hernán Frigolett.

Según conocedores de las pesquisas, Soto tendría una responsabilidad como jefe del organismo, donde se habrían fraguado las supuestas ilegalidades investigadas. Es por eso, que el Ministerio Público se encuentra analizando cuáles fueron las liquidaciones anuladas a Sauer que le habrían permitido acceder al millonario “perdonazo” del SII.

Con esa información en mano, los persecutores y el OS-7 de Carabineros irán por la “trazabilidad” de los dineros que habrían sido pagados, es decir, los $100 millones que Sauer se jacta de haber “chorreado” a alguien del organismo fiscalizador. Para eso, la solicitud para levantar el secreto bancario de los funcionarios del SII que figuran como sospechosos en la causa será una diligencia clave.

Lo que la Fiscalía también mira detalladamente es cómo el Servicio llegó anular las millonarias liquidaciones de las sociedades de Sauer, pues, explican, esa decisión no pasa por una sola persona, ni menos, de manera deliberada.

Fuentes consultadas explican que hay dos mecanismos para aceptar un recurso para anular la sanción: la Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF).

La RAV es un procedimiento que permite a los contribuyentes solicitar, sin necesidad de contar con asesoría tributaria, la revisión en el SII de la totalidad o algunas de las partidas, giro, pagos o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. La RAF, según consigna el Servicio, en tanto, es cuando producto de una Auditoría Tributaria, se determinan diferencias de impuesto y se detecte que las liquidaciones de impuesto contienen un vicio o error manifiesto.

A partir de esto, esa información es revisada por otro departamento: Procedimientos Administrativos Tributarios. Es decir, en el caso que haber un vicio en este proceso e “salvataje” a Sauer, los antecedentes de su caso también debieron haber pasado por esa unidad. Por lo mismo, el ente persecutor también fijó su mirada en esa repartición.

Pero, a estas dos instancias hay un eslabón superior: la Subdirección Jurídica. En 2018, año en que habrían ocurrido estas irregularidades, los jefes fueron dos: Miguel Zamora y Bernardo Lara. Ambos trabajaron bajo el alero de Fernando Barraza, ex director que fue criticado por llevar a varias de las compañías investigadas por los casos de financiamiento irregular de la política a Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA) y evitar así su exposición ante la justicia penal, ya que sin denuncia del SII el Ministerio Público no pudo seguir adelante con las investigaciones que comenzaron con el caso Penta.

El cerco de la Fiscalía ya está instalado en el SII y las diligencias apuntan a que será sobre el Servicio donde se buscarán las pistas del supuesto pago de coimas. Además, el organismo también hace su propia búsqueda y ya reúne antecedentes para presentar una querella por eventuales delitos tributarios, en un caso que ya va más allá de un audio.