A las 3 de la mañana del jueves pasado, en La Pintana, una bala "loca" entró por el techo de la pieza y mató al pequeño Baltazar de sólo 9 meses. No es absurdo pensar que, a la misma hora, entre las personas que a lo largo del país fumaban un pito de marihuana, se contaran también parlamentarios que, en Valparaíso, pasaban las tensiones de ese día legislativo. Un caso hipotético, pero no por ello alejado de la realidad.

¿Qué tiene que ver el asesinato de Baltazar con la supuesta libertad que ejercen los diputados al eventualmente consumir drogas? Mucho.

Esa es la respuesta que, inadvertidamente, nos dio la diputada Maite Orsini al afirmar que habrían vínculos de parlamentarios con el narcotráfico. Es cierto que no hay antecedentes ni fundamentos para afirmar que hay diputados que están directamente vinculados con el narcotráfico. ¿Pero que hay de las relaciones entre los que han dicho que consumen droga y sus proveedores? ¿Todos autocultivan? ¿Qué hay de los productores y toda la cadena que va desde el narco al dealer?

A Baltazar no lo mató una bala loca: lo asesinó el narcotráfico. Y esos narcotraficantes; productores, proveedores y distribuidores, sobreviven gracias al mercado de la droga que existe y que permite que las personas que consumen -incluyendo a esos parlamentarios- lo hagan libremente. La droga no cae del cielo y si hay parlamentarios que consumen droga, es porque la obtienen de alguna parte.

Una encuesta de Radio ADN reveló que más de un 40% de los 155 diputados confesó haber consumido algún tipo de drogas en su vida. ¿Cuántos de ellos seguirán consumiendo en la actualidad? ¿Habrá quienes llegan bajo sus efectos al Congreso? Nadie sabe. Cada vez que se hace esa pregunta o se insiste en los exámenes de orina o de pelo en la Cámara de Diputados, muchas voces salen criticando y nunca se avanza en esas medidas.

Los parlamentarios liberales, quienes defienden el consumo por recreación, dirán que la solución es legalizar las drogas. De esa manera, afirman, se acabaría el negocio del narcotráfico y se establecería una industria legal para la producción, distribución y consumo de la droga.

Pero esa solución de mercado omite la gravedad del daño que está haciendo el consumo de droga en Chile. El informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, realizado por la OEA y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, indica que Chile se encuentra entre los países que presentan un mayor consumo de drogas entre los estudiantes secundarios de la región. Más del 30% de los estudiantes secundarios reconoce consumir marihuana y un 4% de los estudiantes secundarios reconoce haber consumido cocaína. A medida que la edad aumenta, el consumo aumenta y la percepción sobre los riesgos del consumo disminuye aún más drásticamente, y los daños, irreversibles. ¿En realidad queremos legalizar?

La discusión que abrió la diputada Orsini, y que se suma a similares esfuerzos en años anteriores, no puede ni debe ser opacada por la indignación moral de algunos parlamentarios o los pedidos de censura por medio de una Comisión de Ética. Llegó la hora de hacer un acto de transparencia total y develar el nivel de consumo de droga entre los parlamentarios en el Congreso, para luego saber quiénes son sus proveedores y cómo se relacionan con ellos. Lo mismo debe extenderse al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público; a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, porque ninguna de estas instituciones está libre de un fenómeno que afecta a un país entero.

Chile vive una emergencia nacional en materia de consumo de drogas y los narcotraficantes se están beneficiando de ella. La muerte de Baltazar no puede ser un número más, sino que tiene que convertirse en el primer paso para rescatar a nuestro país de la industria de la muerte que está cooptando a nuestras instituciones. Llegó la hora de actuar, para que Baltazar y los miles de muertos por las drogas en Chile, puedan descansar en paz.