Una “reja de Alcatraz” de tres metros de alto rodea el perímetro del Hospital El Pino, en San Bernardo. La cerca está construida de metal con púas, por lo que es imposible treparla. El frontis de ese hospital hoy está custodiado por Carabineros. El control de acceso es estricto y todas las personas deben registrarse al intentar ingresar.

El sábado 31 de enero, el recinto asistencial recibió nueve pacientes heridos a bala, lo que derivó en una balacera en su exterior y la irrupción de personas armadas en la sala de espera. Pero lo ocurrido en El Pino está lejos de ser un hecho aislado, sino más bien es el reflejo de una situación transversal de violencia que existe en otros centros asistenciales, la que muchas veces es directamente en contra de los funcionarios.

Alejandra Reyes y Patricio Torres son funcionarios de ese centro de salud y recuerdan esa jornada en la que, incluso, se debió activar el “código rojo”, que permite disponibilizar más personal y equipamiento en la sala de urgencias, ya que estaban colapsados ante la cantidad de heridos. “Aquí puedes venir por un dolor de guata y te vas con un balazo en la cabeza”, explica Reyes.

La sala de urgencias del lugar está blindada debido a las agresiones y “balas locas” que a veces se recibían. En los pabellones se instalaron puertas blindadas luego de que un médico fue amenazado con un arma por personas que le exigían salvar a su familiar.

En cifras de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los hechos de violencia contra el personal de salud han aumentado un 64% el último año, pasando de 1.278 agresiones el 2020 a 2.097 el 2021.

Una experiencia que se replica

El Hospital Padre Hurtado está rodeado de vendedores y personas que pernoctan ahí, sus controles de acceso son exigentes, pero una guardia del recinto resume la situación de seguridad: “Es cosa de mirar el entorno y ya sabes cómo es”. El control de personas se estableció, asegura, luego de que en 2019 el hospital fuera blanco de balazos.

Algo similar ocurrió en el Hospital San José. Elisa Ibarra y Carmen Alarcón, técnicas paramédicas, recuerdan el turno en que recibieron a personas apuñaladas tras un enfrentamiento de bandas rivales. Una vez atendidos, un sujeto ingresó a la sala de espera y apuñaló a una mujer de la banda contraria. Pese a los esfuerzos de los funcionarios de urgencias, la mujer murió.

Pero la situación no pasa solo en hospitales, a juicio de Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso (Colmed), quien sostiene que los recintos con urgencias son los más afectados por “la mayor demanda asistencial y consigo mayores tiempos de espera, lo que genera situaciones de molestia y violencia”.

Esta es una realidad que se ha vivido en centros como el SAR de San Miguel, donde no están expuestos a violencia externa, pero sí son violentados por los mismos usuarios. Ricardo Jara y Katherine Ruiz, trabajadores del lugar, recuerdan que algunas personas incluso han roto inmobiliario para usarlos contra ellos. Un guardia del recinto -que pidió reserva de su nombre- recuerda que uno de los pacientes lo golpeó exigiendo ser atendido.

En esa línea, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), contabiliza, en los últimos dos meses, 48 agresiones físicas al personal y 21 de destrucción del inmobiliario.

Para la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Karen Palma, uno de los causantes de esa violencia son los tiempos de espera, los que derivan de “un sistema que está mal diseñado y que genera que en las urgencias se cree un colapso de la red”.

El 2018, el Colmed elaboró una encuesta nacional sobre violencia hacia los funcionarios de la salud. En esta, el 76% de los médicos(as) en Chile aseguró haber sido violentado, ya sea física o verbalmente. En el resto de los funcionarios de la salud esa cifra llega al 96%.

El San José hoy tiene su entrada de urgencia cerrada y solo se abre para recibir ambulancias. En una ocasión, y previo a este cambio, un grupo de personas ingresó y rompió la sala de urgencias, ya que querían “recuperar” los cuerpos de unos familiares fallecidos.

Como esta historia hay muchas. ¿Para querer recordar? Pocas, concluye Yéssica Oliveros, otra funcionaria de ese hospital de la zona norte de la capital.