Días antes de que la Fiscalía revelara que el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), era el próximo blanco de una organización criminal que buscaba eliminarlo, la autoridad había denunciado ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el déficit de seguridad que están enfrentando varias comunas de la Región de Metropolitana y la falta de carabineros para cubrir sus necesidades.

En su alocución White señaló que San Bernardo debería tener al menos un carabinero por cada 893 habitantes, pero que en la práctica cuenta con “uno cada 2.100 personas”.

Este ejemplo grafica un problema que la institución arrastra desde 2019, especialmente después del 18 de octubre: la pérdida de funcionarios operativos que deben responder ante emergencias y hechos de violencia. De hecho, según datos publicados este año por La Tercera, de las 12.222 vacantes que hoy está ofreciendo Carabineros de Chile, 11.200 corresponden a puestos destinados a labores de “orden y seguridad”.

La magnitud de este déficit fue la que llevó al Gobierno de José Antonio Kast a presentar, a fines de julio, indicaciones al proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos y fortalecer la carrera funcionaria.

La iniciativa contempla mejoras salariales, nuevos beneficios, mayor equipamiento y medidas para aumentar la dotación policial, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país y de proyecciones que advierten una pérdida de hasta 10 mil policías para 2034 si no se revierte la tendencia. Esto, incluso cuando 2026 marca el año con más postulaciones a la institución en los últimos 20 años, con 2.845 jóvenes interesados en entrar a la Escuela de Carabineros.

Ante la misión país de enfrentar la delincuencia, el diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, analiza “con mucha preocupación” el actual déficit de Carabineros. A su juicio, esto “genera una pérdida concreta de capacidad operativa”, como refleja la caída de 15% en la dotación de orden y seguridad entre 2020 y 2025.

“Tenemos menos carabineros para cumplir funciones esenciales como prevenir, patrullar, fiscalizar y responder frente a emergencias... Esto se traduce en menor presencia policial donde más se necesita y menos capacidad del Estado para proteger a las personas”, añade el diputado Raúl Leiva.

Según el abogado Álex Martínez, experto en seguridad y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), “la reducción de la dotación desde 2020 coincide con una criminalidad más compleja, territorializada y vinculada al crimen organizado, lo que ha aumentado las exigencias sobre la función policial”, afirma.

Martínez argumenta que existe un problema de incentivos, “pero también de legitimidad, condiciones laborales, riesgo profesional y expectativas de desarrollo de carrera”. De no enfrentarse esta situación, plantea que “la ausencia efectiva del Estado erosiona también la confianza ciudadana”.

Más policías en labores policiales

Frente a los esfuerzos por revertir las cifras, los expertos advierten que aumentar la dotación no garantiza por sí sola una mayor seguridad. Así lo plantea Hugo Frühling, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, para quien la solución no pasa únicamente por tener un policía en cada esquina.

“Necesitamos que la policía se distribuya de manera flexible en respuesta a la distribución del crimen y, en particular, a los crímenes más gravosos”, señala.

Junto con aumentar la dotación, también es necesario determinar cuánto tiempo de los funcionarios actuales se destina efectivamente a labores policiales. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, señala que una de las claves está en identificar aquellas funciones donde la presencia de un carabinero es indispensable.

En la institución existen más de 200 tareas que debieran ser revisadas, señala Johnson; entre ellas órdenes judiciales, controles, comparecencias y otras labores que no necesariamente requieren personal policial. El objetivo, sostiene, es determinar “dónde el policía agrega más valor” y concentrar a los funcionarios en funciones donde su formación y capacidad operativa sean necesarias.

Así, parte de las tareas administrativas y de apoyo, agrega, podrían ser asumidas por personal civil especializado.

Esta idea es compartida por el diputado Raúl Leiva, quien sostiene que una reorganización interna y la incorporación de personal civil permitirían “liberar alrededor de 1.148 funcionarios para patrullaje, fiscalización y respuesta ante procedimientos”.

Jorge Araya, exdirector de la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y académico de la Universidad de Santiago, plantea que el problema también alcanza labores cotidianas de la institución. Funcionarios policiales terminan realizando tareas de guardia, atención telefónica, papeleo, limpieza o custodia de detenidos, “cuando en realidad lo que se requiere es que estén en terreno”, sostiene.

Distribución territorial

La discusión sobre la dotación también tiene una dimensión territorial. No todas las comunas enfrentan las mismas condiciones ni requieren igual cantidad de policías. El académico de la Universidad de Chile Hugo Frühling plantea que la asignación debe responder a la realidad delictual de cada territorio, especialmente donde se concentran la violencia y los delitos más graves.

Daniel Johnson, de Paz Ciudadana, agrega otros factores que complejizan la distribución. “Hay que entender bien cuáles son las necesidades de los territorios y, en función de eso, distribuir a las policías”, señala, considerando variables como la población flotante, los sectores comerciales y los lugares que concentran gran cantidad de personas en determinadas horas.

A esto se suma la desigual capacidad de los municipios para complementar las labores de seguridad. Mientras algunas comunas tienen recursos para contratar personal y desarrollar sistemas propios, otras cuentan con muchas menos herramientas.

Para Jorge Araya, el déficit es especialmente crítico en sectores vulnerables y zonas con presencia de narcotráfico y crimen organizado. La falta de funcionarios, advierte, puede reducir la capacidad del Estado para realizar operaciones, investigaciones y detenciones. “Si no se hace, la crisis de seguridad se va a agudizar, y vamos a ir perdiendo más territorios que van a caer bajo el control del crimen organizado”, proyecta.

El desafío de atraer y retener a los funcionarios

Otra tarea de la que depende la capacidad de Carabineros es atraer nuevos postulantes y, sobre todo, retenerlos. Frühling apunta a factores como el riesgo propio de la función policial, las jornadas laborales, la dificultad para compatibilizar el trabajo con la vida familiar, el estrés y los problemas de salud, que pueden acelerar la salida de funcionarios.

“La institución requiere estar al día con un conjunto de demandas que son propias de las grandes instituciones”, plantea. Daniel Johnson, en tanto, apunta a un cambio en las expectativas de las nuevas generaciones: ingresar pensando desde el inicio en una carrera de 30 años y una buena pensión resulta menos atractivo que antes.

“Los jóvenes tienden a tomar decisiones laborales de más corto plazo y no necesariamente proyectan toda su vida profesional en una misma institución”, analiza.

Jorge Araya, en tanto, pone el foco en la extensión de la carrera y plantea aumentar los años de servicio junto con generar incentivos ligados al desempeño y la progresión salarial. “Que (futuros oficiales) vean perspectivas de que, desde que ingresan, van a tener mejorías en sus remuneraciones más o menos significativas”, precisa.

Para los expertos, también está en juego la disposición de los carabineros a enfrentar escenarios de alta peligrosidad. Como plantea el académico de la Facultad de Derecho UNAB Álex Martínez, “cuando aumenta la exposición a violencia y crimen organizado sin una percepción equivalente de respaldo institucional, remuneración y protección jurídica, disminuye naturalmente el atractivo de la función policial”. Muchos dudan de si los carabineros querrán afrontar al crimen organizado si puede terminar en un juicio por el uso de la fuerza.

Si bien ya existe la ley Naín-Retamal, que tras ser promulgada en 2023 creó la figura de “legítima defensa privilegiada”, que invierte la carga de la prueba sobre el uso de la fuerza en ciertos procedimientos, desde el mundo policial se reclama que aún no entrega la certeza jurídica necesaria para actuar en contextos de creciente violencia. Al mismo tiempo, la norma ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que la ven como un posible “manto de impunidad”.

Por eso entre voces oficialistas buscan avanzar hacia una “ley Naín-Retamal 2.0”, que quiere extender esa legítima defensa privilegiada a funcionarios de Carabineros y la PDI que se encuentren de franco. A ello se suman las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), un proyecto que busca establecer un marco jurídico claro sobre cómo y cuándo las policías y las Fuerzas Armadas pueden emplear la fuerza, evitando tanto abusos como la inseguridad jurídica de los funcionarios. Ambos proyectos, sin embargo, siguen en tramitación.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha impulsado su tramitación tras el asesinato de un carabinero de franco en Renca: “La misión de este gobierno es recuperar el rol de la autoridad y el respeto a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad. Eso se hace con leyes como la legítima defensa de franco a nuestros carabineros”, ha dicho.

Recuperar la dotación tomará años

Este es el escenario que enfrenta el proyecto del Ejecutivo. Incluso si las medidas logran aumentar los postulantes y reducir las salidas, recuperar la dotación será un proceso gradual.

Por ejemplo, Hugo Frühling recuerda que formar a nuevos funcionarios toma alrededor de dos años, por lo que aumentar los postulantes no se traduce de inmediato en mayor capacidad operativa.

El diputado Raúl Leiva plantea que hay que distinguir entre recuperar capacidad en el corto plazo y reconstruir estructuralmente la dotación. “Para 2028 se proyectan 2.300 egresos, pero cerca de 2.000 serían necesarios solamente para compensar los retiros y alrededor de 300 representarían recuperación efectiva de dotación”, señala.

Leiva espera que la tramitación del proyecto permita construir una política de Estado de mediano y largo plazo. “En seguridad, los anuncios no reemplazan una estrategia: lo que importa es recuperar dotación efectiva y que esa capacidad se traduzca en mayor presencia policial donde más se necesita”, señala.

De aprobarse la iniciativa, el gobierno proyecta detener la caída de la dotación a fines de 2027 y aumentar progresivamente los efectivos disponibles en terreno durante los años siguientes.