Chile está con una desocupación que suma 43 meses seguidos por sobre el 8% y se empina en 9,5%: casi un millón de personas buscando trabajo. La recuperación del empleo apremia a los hogares y al gobierno. La recién presentada Agenda Pro Empleo, con un compromiso fiscal de $1,3 billones para dinamizar obras e inyectar liquidez, ofrece un punto de partida indispensable. Sin embargo, ningún impulso fiscal rendirá frutos duraderos si falla el diálogo, la capacidad de interlocución entre el Estado y el sector privado. El empleo no se decreta, se acuerda.

Frente al freno de las inversiones y la permisología, el diálogo institucional y el aporte técnico del sector privado marcan la diferencia entre seguir en lo mismo o apostar al crecimiento. En 1994, el Foro de Desarrollo Productivo demostró la fuerza de la concertación productiva al sentar en la misma mesa al Gobierno, las empresas y los trabajadores para definir la hoja de ruta nacional. La lógica es inequívoca: el diálogo público-privado permite identificar obstáculos; de allí surgen la negociación y los acuerdos; estos generan certeza jurídica y operativa; la certeza atrae inversión, innovación y productividad; y, finalmente, todo ello decanta en más empleo estable y crecimiento país.

Hoy urge rescatar esa práctica de conversación, impulsada por el presidente Eduardo Frei. La reactivación exige comunicar, dialogar y buscar acuerdos. Acordar, acordar y acordar para crecer. Cuando gobierno, empresas, trabajadores y comunidades alcanzan pactos acerca de reglas, proyectos o políticas públicas, disminuye la incertidumbre.

Un ejemplo emblemático y tangible de esta sinergia es el modelo de concesiones de obras públicas. Desarrollado y perfeccionado a lo largo de las últimas décadas, este sistema demostró que cuando el Estado define prioridades estratégicas y estándares claros, y el sector privado aporta capacidad técnica, financiamiento y gestión, es posible desarrollar grandes obras que generan empleo, modernizando autopistas, aeropuertos, hospitales y puertos sin comprometer la totalidad de los recursos fiscales.

Actualmente, según lo informado por el gobierno, existen del orden de los 179 proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada —equivalentes a más de US$ 35.800 millones— que aún esperan materializarse en faenas concretas. Para destrabarlos, no basta la voluntad política. Se precisa diligencia en la gestión y celeridad en permisos sectoriales y municipales.

En este engranaje, urge desmitificar las vías de interacción institucional. El diálogo público-privado opera a nivel macro, trazando visiones compartidas y estrategias de país. El lobby, en cambio, actúa a nivel micro: es un canal de comunicación técnica, legítimo y directo, diseñado para incidir en decisiones específicas aportando antecedentes fácticos y contexto operativo. Frente a la asfixiante permisología y los excesivos plazos regulatorios que frenan el desarrollo de inversiones, la gestión de intereses se vuelve un insumo indispensable para la eficiencia pública. Decidir desde un escritorio, ignorando la realidad territorial y operativa de los proyectos, no es rigor regulatorio, sino ceguera administrativa. Las autoridades gestionan mejor cuando escuchan a quienes arriesgan capital y crean empleo; por lo mismo, recibir al sector privado no debiera ser una concesión graciosa susceptible de postergaciones o cancelaciones injustificadas, sino un deber.

Desde luego, esta relación exige los más altos estándares éticos. La Ley N.º 20.730 constituyó un hito al obligar a transparentar audiencias, agendas y materias tratadas, demostrando que el lobby técnico, de cara a la ciudadanía, no es captura indebida, sino transparencia activa. Con todo, la ley de lobby debe ser perfeccionada: tras una década de vigencia, resulta necesario actualizar sus alcances, modernizar sus registros, cerrar vacíos en la definición de sujetos pasivos y garantizar que la regulación promueva una trazabilidad aún más robusta sin paralizar la fluidez que la gestión de inversiones demanda.

Cuando el Estado garantiza certezas, las empresas asumen riesgos con convicción y las reglas de interlocución operan con transparencia. Así, el estancamiento cede paso al dinamismo. Escuchar, comunicar y acordar siguen siendo las verdaderas llaves para devolverle a Chile el crecimiento y el trabajo.

Por Claudia Miralles, gerenta Imaginacción Comunicación Estratégica.