A una década del Acuerdo de París, la COP30 que se está llevando a cabo en Belém, Brasil, expone una tensión estructural: los países que concentran las emisiones históricas conservan también el control financiero de la acción climática.

Según un estudio de Oxfam publicado a inicios de octubre, dos tercios de los recursos destinados al Sur Global se entregan como préstamos, no como subvenciones. El resultado es que los países más vulnerables y en vías de desarrollo enfrentan la crisis climática bajo esquemas de endeudamiento, mientras quienes mayor responsabilidad tienen sostienen márgenes de decisión y rentabilidad.

La política climática multilateral se mantiene en funcionamiento, pero su capacidad de enmendar el rumbo es limitada. Las cumbres climáticas históricamente han reiterado los diagnósticos y han fijado nuevas fechas de cumplimiento para la descarbonización; no obstante, la brecha entre la reducción necesaria y la real se amplía. Los compromisos actuales no compensan la inercia institucional y económica de los combustibles fósiles, que aún reciben más subsidios que la energía renovable.

Por nuestro lado, Chile llega a Brasil con su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). El documento, gracias a la presión técnica y de las organizaciones no gubernamentales, establece un tope absoluto de 90 MtCO₂e para 2035 y un presupuesto de carbono de 480 MtCO₂e entre 2031 y 2035. Aunque mejora la transparencia respecto a versiones anteriores, su nivel de ambición ha sido calificado como “insuficiente” por el centro internacional de investigación climática Climate Action Tracker.

El ritmo de reducción post-2030 es lento frente a la meta de neutralidad al 2050, y la implementación depende de instrumentos financieros aún indefinidos. La NDC reconoce sectores críticos —energía, transporte, bosques—, pero no resuelve la desconexión que existe entre la planificación climática y la política económica.

El desafío de la COP30, además de ampliar compromisos, es revisar la arquitectura de ellos. Un marco que define metas sin alterar las reglas financieras reproduce la asimetría estructural del sistema internacional. La evidencia es clara: mientras el Norte Global registra emisiones per cápita ocho veces mayores que el promedio latinoamericano, el Sur debe financiar su transición con deuda.

Si la agenda climática pretende conservar legitimidad, debe incorporar criterios de redistribución: transferencias tecnológicas sin condicionalidad, financiamiento con mejores condiciones y mecanismos de compensación por pérdidas y daños. La década posterior a París mostró que la voluntad política sin instrumentos produce resultados marginales. Belém puede marcar un punto de inflexión solo si reconoce que la estabilidad climática depende menos del consenso diplomático y más de corregir los flujos materiales y financieros que sostienen la desigualdad climática.