Estados Unidos impuso sanciones el martes a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) y a un abogado litigante de alto rango de la misma, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Esta medida representa la última escalada en la campaña del gobierno de Donald Trump contra la CPI, con sede en La Haya, establecida en 2002 por la comunidad internacional para enjuiciar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos no es miembro de la corte.

Rubio declaró que imponía sanciones a Tomoko Akane, jueza japonesa y presidenta de la Corte Penal Internacional, y a Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango y nacionalidad senegalesa, en virtud de una orden ejecutiva de Trump del año pasado que autorizaba sanciones contra la CPI, según consigna Reuters.

“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI”, afirmó Rubio.

La CPI respondió con rapidez, como ya lo había hecho ante acciones anteriores de la administración Trump, afirmando que las sanciones “socavan el Estado de Derecho”.

“Cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se ve comprometido”, afirmó la corte.

Seye es un fiscal principal del equipo que solicitó la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y ha sido nominado para ser elegido juez de la CPI.

La jueza principal de la CPI, Akane, advirtió en diciembre que las sanciones estadounidenses “socavarán rápidamente las operaciones de la corte en todas las situaciones y casos, y pondrán en peligro su propia existencia”.

El año pasado, recordó Reuters, Estados Unidos impuso sanciones selectivas a varios funcionarios de la CPI, incluidos fiscales y jueces, citando las órdenes de arresto emitidas por la corte contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

Rubio declaró el mes pasado que la administración Trump intensificaría sus esfuerzos para debilitar la CPI, incluyendo una campaña diplomática destinada a persuadir a otros países para que abandonen la institución, un llamado que al menos cinco países ya han atendido.

El secretario de Estado argumentó que la corte representaba una amenaza para el personal estadounidense que implementa las políticas migratorias de línea dura del presidente Donald Trump o los ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, así como para otros miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.