Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el centro de distintas controversias que ponen a prueba el partido de su padre, Morena, y también han obligado a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, a involucrarse.

Aunque los escándalos datan de mucho antes, el puntapié inicial para pasar al centro de la atención comenzó cuando López Beltrán anunció en mayo que no solo renunciaba a la dirección del partido Morena, sino que quería ser diputado en las elecciones de 2027 por Tabasco, de donde es originario. Si bien no ha sido imputado formalmente por ningún delito, se le ha señalado públicamente en repetidas ocasiones por corrupción.

Los críticos y los políticos de la oposición lo han acusado de usar su influencia para desviar contratos hacia su círculo más cercano, e investigaciones de algunos medios de comunicación y documentos filtrados han vinculado a sus colaboradores cercanos con esos negocios. También aparecieron referencias a López Beltrán en los expedientes de la Fiscalía General de la República de México relacionados con una gigantesca trama de contrabando de combustible.

El político de 40 años reveló a mediados de agosto que Estados Unidos le había revocado la visa, al igual que ha hecho con otros políticos mexicanos que enfrentan cuestionamientos de corrupción. Las autoridades estadounidenses se han negado a comentar sobre la revocación de la visa.

López Beltrán ha negado enérgicamente las acusaciones en su contra. Y en respuesta a la revocación de su visa, publicó una carta airada dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión de “una burda y perversa canallada” que busca castigar a Morena, su partido, por negarse a someterse a los “afanes autoritarios, facciosos” de Washington.

Sin embargo, de acuerdo con una encuesta de Enkoll, tres de cada 10 mexicanos creen que Estados Unidos le retiró la visa, precisamente, por algún acto ilícito. Son menos quienes piensan que la decisión obedece a diferencias diplomáticas entre los dos países, o que sea una medida para presionar al gobierno de México, como señaló la presidenta Sheinbaum tras la carta de López Beltrán. “Tiene un sentido político esencialmente. No veo otra razón”, dijo la mandataria.

Por otro lado, el martes se dio a conocer que dos agencias de seguridad de Estados Unidos están analizando los alegatos sobre los supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias, quienes hablaron con el diario The New York Times bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

López Beltrán también se ha puesto en contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos a través de intermediarios en múltiples ocasiones este año, pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales, según tres personas familiarizadas con las gestiones que hablaron con el diario estadounidense.

La campaña se ha visto empañada por el escándalo. Medios de investigación y documentos filtrados han vinculado a una red de sus colaboradores cercanos -entre los que destaca su amigo de toda la vida, Jorge Amílcar Olán, un empresario- con lucrativos contratos gubernamentales, indicó The New York Times.

Contrabando de combustible

En expedientes de la Fiscalía General de la República de México se ha sugerido la participación de López Beltrán en un complot de contrabando de combustible. Los fiscales mexicanos han señalado que funcionarios corruptos de aduanas y de la Armada ayudaron a importar diésel estadounidense camuflado como aditivos para aceite, evadiendo miles de millones en impuestos mexicanos.

Incluso un testigo colaborador afirmó que la incautación de diésel de contrabando en 2025 fue el resultado de un enfrentamiento político entre el máximo responsable de seguridad de México y “el hijo del presidente”, según expedientes federales publicados en medios de comunicación mexicanos y que fueron revisados por The New York Times. Los abogados defensores de los oficiales navales procesados dijeron a la prensa mexicana que “el hijo del presidente” se refería a López Beltrán.

En agosto, los fiscales mexicanos dijeron que estas menciones, por sí solas, no constituían evidencia suficiente para abrir una investigación en su contra. “Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna”, dijo Sheinbaum el mes pasado.

El New York Times señala que la presidenta mexicana “se enfrenta a lo que algunos consideran un dilema creciente. Este se encarna en la figura de Andrés Manuel López Beltrán, miembro destacado de su partido”, quien, aunque no ha sido acusado formalmente de ningún delito, ha sido señalado reiteradamente por corrupción.

Agregó que, además, Washington presiona a su gobierno para que actúe contra funcionarios mexicanos acusados de corrupción o vínculos con el crimen organizado, intensificando el escrutinio sobre cómo la mandataria mexicana maneja a figuras poderosas dentro de su propio movimiento.

El diario indicó que los partidarios de Sheinbaum argumentan que el gobierno ha cumplido su promesa de romper con la corrupción. De hecho, en lo que va de su gestión, han sido detenidos más de 100 funcionarios -incluidos miembros de su partido-, entre alcaldes, jefes de policía municipal y políticos regionales, muchos de ellos acusados de facilitar operaciones de carteles o de corrupción institucional.

Sin embargo, apuntó, los críticos sostienen que esas promesas chocan con un límite infranqueable cuando las acusaciones alcanzan a los altos mandos del partido gobernante. En ese sentido, recuerda que además de López Beltrán, otras figuras de Morena han sido señaladas.

El diario estadounidense recordó los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza, a quienes fiscales de Estados Unidos acusaron de participar en una trama prolongada para proteger y ayudar al Cartel de Sinaloa y solicitaron su detención con fines de extradición.

Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político, dijo a The New York Times que López Beltrán pone a prueba la conducta y la política de Sheinbaum. La identidad fundamental de Morena, añadió, está en juego porque la idea de que están regenerando moralmente al país ahora está en entredicho.

Ha sido difícil para el hijo del expresidente escudarse en el argumento de la politiquería luego de que aparecieran alusiones en el espinoso caso del “huachicol fiscal” (robo de combustible) que envolvió a la Marina. En el expediente, uno de los marinos implicados en la trama corrupta mencionó el nombre de un tal “Andy”.

El hijo de AMLO operó durante mucho tiempo en el centro de Morena ayudando a organizar las campañas para impulsar la participación electoral en la Ciudad de México durante la campaña presidencial de su padre en 2018. Se unió a la dirección del partido como secretario de organización en 2024, una vez que comenzó la presidencia de Sheinbaum.

En este cargo, encabezó una campaña que casi quintuplicó el número oficial de afiliados de Morena a más de 11 millones, aunque luego fue objeto de escrutinio después de que las autoridades electorales anularan o eliminaran más de dos millones debido a anomalías generalizadas, entre ellas duplicados y el registro de 91.000 personas fallecidas.

Por otro lado, investigaciones periodísticas de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vincularon a su círculo cercano de amigos y empresarios -en particular a Jorge Amílcar Olán- con la asignación de contratos lucrativos en obras prioritarias del gobierno federal anterior, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, señalándolo presuntamente como operador o intermediario de dichos favores e influencias.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que la fiscalía general debe investigar a Jorge Amílcar Olán Aparicio únicamente si dispone de pruebas que lo vinculen con un delito, luego de ser cuestionada por los señalamientos que relacionan al empresario tabasqueño con huachicol fiscal y otras actividades ilegales.

Sheinbaum sostuvo que una carpeta de investigación no puede abrirse por acusaciones difundidas por un medio, sino a partir de elementos que permitan proceder ante un juez.

La Fiscalía General de la República negó en días recientes que exista una orden de aprehensión contra Olán o una investigación contra López Beltrán.