En una escena histórica, cientos de jueces y fiscales de España se manifestaron este miércoles con un paro de 10 minutos a las 12.00 horas en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el gobierno del socialista Pedro Sánchez que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía porque, a su juicio, buscan debilitar el Poder Judicial “en su función de contrapeso del poder político”. Así, advirtieron que, si no se atiende su petición, no descartan ir a huelga.

En el comunicado conjunto de cinco de las siete asociaciones profesionales, leído durante el paro, denunciaron que la independencia judicial “está bajo amenaza” con esos cambios legales, cuya retirada reclaman. Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal -que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso- y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Según estas asociaciones profesionales, la tramitación de los cambios legislativos está teniendo lugar “en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.

Subrayaron que la reforma de acceso a ambas carreras “no responde a demanda social alguna”. Y recordaron que, además, “ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

“Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”, apuntaron.

“No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales”, denunciaron.

En un comunicado, las asociaciones cifraron en cerca del 70% los jueces y fiscales en activo que se sumaron al paro simbólico que convocaron este lunes a las puertas de las sedes judiciales, donde denunciaron “la gravedad de las reformas legislativas en curso, que ponen en entredicho principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal”.

Ante el “éxito masivo” de la protesta, según reiteraron, las asociaciones acordaron iniciar un proceso de consulta a sus respectivas bases, “de conformidad con los estatutos y procedimientos internos de cada organización”, con el fin de “valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal”.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expresado este miércoles su “apoyo total” a todos los magistrados del Alto Tribunal y a los miembros de la Carrera Judicial “que sufren presiones” y “descalificaciones constantes” por parte de “quienes discrepan de sus decisiones”.

“Las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado, en cuanto que minan la confianza de los ciudadanos”, advirtió Perelló antes de subrayar “que todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza en las instituciones democráticas que nos dio la Constitución”.

El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años, según destaca el medio The Objective. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que ese cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades. Para las asociaciones, en cambio, afecta “gravemente” a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Pese a las presiones denunciadas por Perelló, Bolaños no se dio por aludido, señalando que la resistencia al cambio es normal. En una conferencia de prensa ofrecida tras el paro de 10 minutos que protagonizaron este miércoles cientos de jueces y fiscales, el ministro de Justicia aseguró que no se siente aludido por las “presiones intolerables” que denunció la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que expresó su “máximo respeto” por las protestas contra las reformas del gobierno, recordando que la resistencia al cambio es “habitual” en la Justicia. “Estamos llevando a cabo las reformas que necesita la justicia del siglo XXI”, insistió, asegurando que “es una reforma necesaria para europeizar y para modernizar nuestro Poder Judicial”.

Asimismo, Bolaños denunció este miércoles los bulos, insinuaciones, insidias y calumnias del opositor Partido Popular (PP), que acusa al gobierno de intentar “hacer callar a la Justicia y atacar a la independencia judicial”. En una sesión en el Congreso, el diputado popular Miguel Tellado reprochó al ministro que un Ejecutivo “acorralado por la Justicia” sea el que “pretenda controlar el acceso a la carrera judicial” y “quitarle la instrucción penal de los casos a los jueces para darlo a la Fiscalía”.

En la misma línea, la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, acusó este miércoles a Bolaños de “intentar manipular el acceso a la carrera judicial” y pidió a la Comisión Europea que se pronuncie sobre esta “maniobra legislativa” que, a su juicio, vulnera la separación de poderes. Según la dirigente del PP, “el modelo de regularización de jueces sustitutos propuesto” por el gobierno puede implicar “incompatibilidad con el principio de independencia de la judicatura recogido en el Derecho de la Unión Europea”.

Revés judicial para Sánchez

La jornada de protestas de jueces y fiscales de España coincidió con un nuevo revés judicial para Pedro Sánchez, luego que un tribunal en Madrid pidiera investigar si el gobernante incurrió en conflicto de intereses al aprobar el rescate de la aerolínea Air Europa en 2020.

Esta decisión se anunció un día después de que el fiscal general español Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno, quedara a un paso de ser enjuiciado por filtrar documentos judiciales, y en momentos en que la antigua mano derecha de Sánchez, su hermano y su esposa están señalados en varias investigaciones judiciales.

En el nuevo fallo, el Tribunal Superior de Madrid pidió a la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio de la Función Pública, que indague si Sánchez incurrió en conflicto de intereses cuando dirigió el Consejo de Ministros que a finales de 2020 aprobó el rescate por 475 millones de euros de la línea aérea española, fuertemente impactada por la pandemia del Covid.

El tribunal responde a una solicitud del Partido Popular, que asegura que cuando se decidió el rescate, el propietario de Air Europa, el grupo turístico español Globalia, patrocinaba proyectos de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

“Sánchez ha dado dinero público a quien ha dado dinero a su esposa, y haber participado de manera directa” en el rescate “debe ser investigado”, afirmaron este miércoles fuentes del PP. Gómez está siendo investigada desde abril de 2024 por un juez que busca determinar si se aprovechó del cargo de su marido en sus relaciones profesionales.

En tanto, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado procesó este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, por fraude fiscal.

Tras más de siete meses de investigación, el juez consideró que existen indicios suficientes para juzgar a García Ortiz por la filtración de los correos electrónicos que la defensa del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, envió a la Fiscalía para cerrar un acuerdo en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal.

Sin embargo, el fiscal general confirmó este lunes que no va a dimitir: “Se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma. Y reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación”, aseguraron desde la Fiscalía.

Fuentes de Moncloa manifestaron a EFE que el Ejecutivo mantiene “todo” su respaldo al fiscal y que confían en que se puedan aclarar las circunstancias de las filtraciones relacionadas con el caso abierto por presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En ese sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negó “categóricamente” que hubiera eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado, como recoge el auto del magistrado Hurtado y lamentó que el Tribunal Supremo haga “una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria”.

En cambio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que ha llegado el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y “quien le daba las indicaciones”, refiriéndose a Pedro Sánchez. Feijóo pidió la salida de García Ortiz a través de la red social X y aprovechó para insistir en que Sánchez tiene también que dejar la Presidencia del Gobierno, aunque sin mencionarlo expresamente.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, calificó de “gravísimo” el procesamiento del fiscal general, del que pidió su cese o dimisión. Además, dudó de que el procesamiento de García Ortiz pueda hacer tambalear al gobierno y apostó por una “bunkerización” de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. “Vamos a ver lo qué es lo que quiere hacer Sánchez, pero también él debería dimitir, recalcó el dirigente del partido de extrema derecha, porque, según dijo, hay “cientos de actos de corrupción” relacionados con el Ejecutivo.

Desde la Asociación de Fiscales, mayoritaria entre los miembros del Ministerio Público, reiteraron la necesidad de que el fiscal general del Estado dimita porque “su permanencia en el cargo como encausado compromete la integridad de la Institución que representa”.