Los indicadores laborales se han deteriorado de manera persistente. La tasa de desocupación alcanzó 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026 y ya se habla de una emergencia laboral. Sería simplista atribuirla a una sola causa. Influyen el bajo crecimiento, la inversión, los cambios tecnológicos, pero también una sucesión de regulaciones que, aun con buenas intenciones, han elevado los costos de contratar en un periodo de productividad estancada. Entre ellas están el aumento del salario mínimo, la reducción progresiva de la jornada laboral y el aumento de las cotizaciones previsionales.

En este contexto, el gobierno ha propuesto flexibilizar la aplicación de la ley de 40 horas. La idea no es extender la jornada laboral, sino permitir que las 40 horas semanales sean contabilizadas como el promedio de un periodo más largo (aún por definir), manteniendo un límite máximo por semana. Ello permitiría que sectores con altos niveles de estacionalidad como turismo, comercio o agricultura, podrían distribuir de manera distinta las horas entre períodos de alta y baja actividad, sin afectar la contratación o promover despidos.

Algunos consideran que estos cambios son un retroceso en derechos y perjudicial para la calidad de vida de las personas. Y sí, es claro que la propuesta requiere de resguardos. Las jornadas excesivamente extensas, por periodos largos, deterioran la salud física y mental, además de dificultar la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, no es correcto evaluar la calidad de vida considerando solo el número de horas trabajadas. También hay que considerar el impacto que tiene el otro extremo: no tener trabajo.

Los datos son elocuentes. El Termómetro de Salud Mental ACHS-UC muestra que la prevalencia de problemas generales de salud mental alcanza 30% entre las personas desempleadas, frente a 10,7% entre las ocupadas. La depresión moderada o severa y la ansiedad generalizada son aproximadamente tres veces más frecuentes en el primer grupo.

Adicionalmente, el trabajo no es únicamente una fuente de ingresos que permite financiar los costos de la vida. Es un medio para concretar el proyecto de vida personal. También entrega estructura cotidiana, autonomía, identidad, vínculos sociales, sensación de logro y seguridad. Estar desempleado afecta todas esas dimensiones.

Por eso, contraponer flexibilidad laboral con calidad de vida es un error. Algo similar ocurre cuando la flexibilidad laboral se asocia con precariedad, pues demasiada rigidez puede resultar en la precariedad del desempleo o de la informalidad. Una buena política laboral debe proteger tanto el derecho a jornadas razonables como la posibilidad real de acceder a un empleo formal.

No basta con tener buenas intenciones. Cuando una regulación no considera sus efectos sobre la contratación, puede terminar perjudicando precisamente a quienes buscaba proteger. El desafío no es escoger entre trabajar demasiado y no trabajar sino diseñar reglas que permitan crear y sostener buenos empleos, adaptables a la realidad productiva y compatibles con una vida digna.

Por Soledad Arellano, Vicerrectora Académica y de Investigación UAI