Chile lleva 43 meses con el desempleo sobre el 8% y cerca de un millón de personas buscando trabajo. La discusión se ha vuelto urgente, pero últimamente se ha centrado más en las culpas que en las soluciones. El gobierno responsabiliza a la administración anterior, la oposición al ajuste fiscal y a la caída de la inversión pública. Los dos tienen algo de razón, pero ninguno llega al fondo.

El último Voces del CEP, escrito por Roberto Cases, Xiomara Kuwae y Sebastián Izquierdo, plantea algo más complejo: el problema no es solo que Chile crezca poco, sino que el crecimiento ya no genera el empleo que generaba antes. Hasta la pandemia bastaba un crecimiento de 1,6% para que los ocupados subieran 1%; hoy se necesita cerca de 2,5%. Las razones son debatibles –mayores costos de contratar, cambios regulatorios recientes, más automatización–, pero el patrón es claro: cada punto de crecimiento deja menos trabajo que hace una década.

Las consecuencias están a la vista. La tasa de ocupación llega a 55,9%, 2,2 puntos menos que antes de la pandemia. Si se hubiera mantenido, habría 390 mil empleos más; si hubiera seguido creciendo como en la década previa, 810 mil. Chile es el tercer país de la OCDE que más lento ha recuperado su empleo, mientras el promedio ya superó el nivel de 2019. Peor aún: la recuperación es de menor calidad, con más informalidad y menos empleo formal asalariado.

Buena parte de esto viene de lejos y no es razonable culpar a este gobierno. Aun así, algunas señales del Ejecutivo no han sido prolijas. El martes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se distanció de la meta de bajar el desempleo al 6% y recordó que la fijó Hacienda. La frase parece menor, pero no lo es. El Presidente comprometió esa cifra en su Cuenta Pública y el ministro Jorge Quiroz habló de crear más de 600 mil empleos. El desmarque de Rau revela que en el gobierno no hay acuerdo sobre lo prometido ni sobre los plazos. Mal punto de partida para pedirle al Congreso los recursos que esa promesa supone, justo cuando el Presupuesto 2027 debe ingresar antes del 30 de septiembre.

Ahí está la oportunidad inmediata. Otro estudio del CEP, de Cases y Rodrigo Vergara, muestra que en Chile no se despide más que antes de la pandemia; lo que cayó es la contratación, y por eso quien pierde su empleo tarda más en volver. El Presupuesto debería atacar ese punto: incentivos que se paguen solo cuando las empresas amplíen su dotación, focalizados en comercio y construcción. Un subsidio parejo terminaría financiando contrataciones que igual habrían ocurrido. Conviene, además, acotarlos y evaluarlos con datos administrativos, para no arrastrar un gasto permanente si el empleo no reacciona.

Kast tiene razón cuando dice que recibió un mercado laboral dañado. Lo malo es que las reformas de fondo, incluidas las de Rau, rendirán frutos después de su mandato. Entretanto queda el Presupuesto, la única herramienta rápida a la mano. Sería un error gastarla en discutir de quién es la culpa.

Por Juan Luis Ossa, historiador y director ejecutivo del CEP