Myanmar celebró este domingo su primera elección general desde el golpe militar de febrero de 2021, un proceso rodeado de controversia y desconfianza. La votación se realiza en tres fases, y la junta militar espera consolidar su control sobre un país sumido en la guerra civil y la pobreza.

Sin embargo, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos cuestionan la legitimidad del proceso, dado que la oposición prodemocrática permanece disuelta y es ilegal criticar los comicios.

Partido respaldado por los militares

El Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), alineado con los militares y liderado por generales retirados, se perfila como el claro ganador de la elección. Presentando una quinta parte de los candidatos frente a una competencia severamente limitada, el USDP busca recuperar el poder que perdió tras los comicios de 2015 y 2020.

“Las elecciones de la junta están diseñadas para prolongar el poder de esclavitud del ejército sobre la población”, señaló Lalita Hanwong, profesora experta en Myanmar de la Universidad Kasetsart de Tailandia. Según la especialista, el USDP y sus aliados militares unirán fuerzas para formar el próximo gobierno.

La participación inicial fue baja en comparación con los comicios anteriores. En las principales ciudades como Yangon y Mandalay, los votantes acudieron a los colegios electorales en pequeñas cantidades. La primera fase abarcó 102 municipios, mientras que las siguientes jornadas están programadas para el 11 y 25 de enero, cubriendo 265 de los 330 municipios del país. La junta aún no controla todas estas áreas, y varias zonas permanecen en manos de grupos insurgentes.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, votó en Naipyidó vestido de civil y mostró su dedo manchado de tinta, símbolo de la votación. Preguntado sobre sus aspiraciones presidenciales, se limitó a señalar que el parlamento decidirá sobre el nuevo presidente, aunque analistas creen que mantiene ambiciones políticas claras.

La legitimidad de los comicios cuestionada

El proceso electoral fue rechazado por Naciones Unidas y varios países occidentales. Tom Andrews, enviado especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, afirmó que la votación no representa una salida de la crisis y debe ser rechazada.

Desde la junta, el portavoz Zaw Min Tun defendió la elección y aseguró que traerá estabilidad política: “Creemos que habrá un mejor futuro”. Sin embargo, observadores internacionales señalan que cualquier gobierno surgido de estas elecciones, controlado de facto por los militares, difícilmente será reconocido fuera del país.

La participación en 2023 fue notablemente inferior al 70 % registrado en las elecciones de 2015 y 2020. Aunque la junta no aplicó presiones visibles, la apatía y el miedo al conflicto disuadieron a muchos votantes. En ciudades como Hakha, afectadas por combates continuos, los residentes decidieron boicotear las urnas siguiendo recomendaciones de grupos insurgentes locales.

Exclusión de la oposición

Los comicios se realizaron bajo fuerte presencia militar y policial, especialmente en las grandes urbes y en centros de votación instalados en escuelas. Sin embargo, la apertura transcurrió sin incidentes significativos. De los 330 municipios del país, al menos 56 quedaron excluidos de la votación debido a la falta de control del ejército en esas zonas.

El proceso también afectó a los birmanos en el extranjero: de más de 4,3 millones de ciudadanos, menos de 6.000 pudieron participar. La campaña electoral estuvo dominada por el USDP, mientras la oposición prodemocrática sigue ilegalizada y su principal líder, Aung San Suu Kyi, permanece detenida desde el golpe.