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El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, dijo que las elecciones multipartidistas deben celebrarse "como desee la gente".

La decisión del tribunal deja a la destituida líder del país con un total de 33 años de cárcel por cumplir tras una serie de procesamientos de tinte político desde que el Ejército derrocó a su gobierno electo en febrero de 2021.

Un exlegislador, un activista por la democracia y dos presos políticos, según organizaciones internacionales de Derechos Humanos, habían sido acusados de "actos de terror brutales e inhumanos".

La ejecución de cuatro opositores y activistas son las primeras que se llevan a cabo en el país desde que el líder estudiantil de la etnia chin, Salai Tin Maung Oo, fue ahorcado por el régimen autoritario del dictador general Ne Win en la prisión Insein de Rangún en 1976.

Los militares amenazaron con cargos de sedición y terrorismo a cualquiera que cierre su negocio, aplauda o golpee ollas durante la jornada de hoy. La junta anunció un nuevo juicio contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi.

En los últimos meses, la ganadora del Nobel de la Paz, acumula inculpaciones por cargos de sedición, corrupción, incitación a los desórdenes y fraude electoral. La nueva condena apunta a contrabando de aparatos de radiocomunicación.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, se trataría de personas que llegaron recientemente desde Emiratos Árabes Unidos, las cuales fueron dadas de alta por su buen estado de salud.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió la liberación inmediata de la Nobel de la Paz, sumándose a la condena internacional contra la medida impuesta por el régimen militar de Myanmar.

Suu Kyi, de 76 años, ha estado detenida desde que los militares depusieron su gobierno el 1 de febrero, poniendo fin al breve período democrático en Myanmar. La premio Nobel de la Paz enfrenta una oleada de cargos por los cuales podría ser sentenciada a décadas de prisión.

En comunicado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que “los periodistas han sido atacados desde el 1 de febrero con la clara intención de suprimir sus intentos de informar de las graves violaciones de Derechos Humanos perpetradas en todo Myanmar”, donde al menos 47 siguen en custodia.

“Deberíamos estar preparados, como está preparada la gente en esta parte del norte de Myanmar, para aún más crímenes atroces masivos. Confío desesperadamente estar equivocado”, advirtió el relator especial de la ONU sobre Myanmar, Tom Andrews. Agregó que “estas tácticas son una siniestra reminiscencia de las empleadas por las fuerzas armadas antes de sus ataques genocidas contra los rohingya en el estado de Rakhine, en 2016 y 2017″.

El líder militar de ese país, el general Min Aung Hlaing, había anunciado el lunes la amnistía para más de 5.600 personas. La televisión estatal dijo que incluía a 1.316 convictos que serían liberados de las cárceles de todo el país y a otros 4.320 en espera de juicio cuyos cargos serían suspendidos. El anuncio se produjo tres días después de que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) hiciera un poco común desaire al negarse a invitar a Min Aung Hlaing a una cumbre venidera, a pesar de que Myanmar forma parte del bloque de 10 miembros.

El incidente se ha producido en la localidad de Meiktila, en la región de Mandalay, donde 11 presos, de un total de 38 que han sido liberados en la zona, han vuelto a ser arrestados por la Policía poco después de salir de la prisión.

En el último informe publicado sobre la situación del país asiático, se ha señalado nuevamente a las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) como responsables de violaciones de los Derechos Humanos.