Hasta aquí, en general eran las universidades privadas no pertenecientes el Consejo de Rectores las que habían hecho ver públicamente su molestia con el Ministerio de Educación por la fijación de aranceles regulados. Pero ahora otro actor salta a la disputa: la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo decano, Pablo Ruiz Tagle, en paralelo también lleva su propia pugna con el gobierno por lo que considera una “intervención” de parte del Ejecutivo por diversas medidas. Entre ellas, por cierto, la de los aranceles regulados recientemente fijados.

“(Es) intervención tecnoburocrática, de formularios, de llenar toda clase de requisitos, de control de los recursos públicos a un nivel ya casi irracional, que enturbian lo que es el trabajo académico (...) En Estados Unidos la universidad está bajo asedio y ahora ocurre en Chile por todas las medidas que se están tomando para limitar su poder”, dijo esa vez la autoridad de la Casa de Bello.

Para entender el actual conflicto hay que poner sobre la mesa el capítulo de gratuidad de la Ley de Educación Superior, donde se establece la manera en la que esta política, que costea matrícula y el arancel de la carrera a sus beneficiarios, opera. Ahí se incluye la fijación de los aranceles regulados, transferencias que realiza el Estado a las instituciones por cada alumno beneficiario de la gratuidad.

Por ley ese monto debía recalcularse usando una nueva metodología, que considerara, entre otras cosas, los costos de impartir cada carrera. En 2023 se hizo el recálculo para un grupo de carreras acotado, nuevos aranceles que empezaron a regir en 2024. Luego vino otro grupo más amplio de carreras, cuyos aranceles comenzaron a regir este año, y en 2026 lo hará todo el resto de las que faltan, que significan aproximadamente el 60% de la matrícula. En ese último grupo están las carreras de Derecho.

Y particularmente en la carrera que se dicta en la Universidad de Chile creen que en su caso el cálculo está, derechamente, mal hecho.

“Todavía no tengo la información, y eso que la he pedido, de cómo se hizo el cálculo. Se cometieron errores graves en lo que se refiere a Derecho”, dice el decano Pablo Ruiz Tagle, quien recibió el respaldo unánime del Consejo de Facultad para iniciar un proceso formal para despejar las dudas. Y ver si caben pasos futuros.

Y es que cuando señala que “ha pedido” la información, Ruiz Tagle se refiere a dos solicitudes de transparencia hechas el 23 y 28 de mayo recién pasados.

La primera fue dirigida a Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior. En ella pide documentos, bases de datos, metodologías, minutas, respuestas a oficios de las instituciones de educación superior y federaciones de estudiantes pertinentes; además de documentos, datos y antecedentes aportados por instituciones de educación superior y cualquier otro antecedente utilizado por la subsecretaría para la elaboración de las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores del arancel regulado, cobros por concepto de titulación o graduación y derechos de matrícula. Estos detalles los pidió para el caso de todas las carreras de Derecho de forma general, el caso específico de Derecho UChile.

Luego, el 28 de mayo, el decano le dirigió otra solicitud a Marcelo Villena, presidente de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles. A él, además de pedirle los mismos antecedentes utilizados para el cálculo, le solicita actas y registros de las sesiones donde se haya discutido o votado la fijación de aranceles, así como una copia del registro de inhabilidades advertidas por los integrantes de la comisión para este proceso.

La sospecha que tienen en Derecho UChile es que en el cálculo se contabilizaron los alumnos que pagan matrícula, que están egresados preparando sus grados, como si pagaran mensualmente, lo que hace aumentar el supuesto ingreso total. También creen -y por eso esperan la información- que el cálculo sumó los ingresos totales de la facultad, incluyendo los de posgrado, cuando el arancel regulado es para el pregrado.

“¿Cómo es posible que el arancel de 2021 sea más alto que el que va a regir a contar de 2026? Cayó en un 9%. Nunca en la historia, que yo sepa, se ha bajado en un porcentaje tan significativo el arancel regulado a una facultad en particular. A todas las facultades de Derecho se les castigó. Hay otras que subieron para tener aranceles de 2 millones o más que Derecho, muéstreme en el mundo ejemplos similares. Está mal estructurado. Las carreras de Derecho son más caras por muchas razones: las remuneraciones y lo que implica respecto de otras”, se extiende Ruiz Tagle.

Al respecto, desde la Subsecretaría de Educación Superior acusan recibo de la solicitud de información por transparencia hecha por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señalando que “dará respuesta dentro de los plazos que establece esta normativa”.

Dicen, además, que el procedimiento de cálculo al que alude la institución “está detallado exhaustivamente en las Bases Técnicas y en el Informe de Cálculo, ambos disponibles en el sitio web de la subsecretaría.

Y sobre la polémica como tal, encuentran “importante recordar que la ley establece que el arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos”. Esta información para el cálculo, cierran, “proviene de los datos aportados por las propias instituciones de educación superior, asociados a costos de carrera, sede, institución, infraestructura y convenios asistenciales docentes”.