El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional presentada por el gobierno ante el Senado y restó dramatismo a las críticas que apuntan a que algunas de sus disposiciones podrían acercar al Ejecutivo a una “democracia iliberal”.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el secretario de Estado abordó los cuestionamientos a la propuesta, que incluye un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá ser declarado por 120 días y prorrogado una vez por igual período sin intervención del Congreso, para luego poder ser votado para una nueva ampliación por el Parlamento.

Arrau sostuvo que la herramienta está pensada para “intervenciones profundas y temporales” en zonas donde operen grupos terroristas o el crimen organizado.

“Esto está pensado en intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o donde opera el crimen organizado, que es de difícil penetración, donde necesitamos algunas facultades extraordinarias para restringir movilidad, poner toques de queda, saber las comunicaciones o bajarlas de este tipo de grupos”, afirmó.

Respecto de los hasta 240 días sin requerir autorización del Congreso, defendió que “son períodos más largos para derrotar esos fenómenos delictuales y por eso hemos propuesto esta cifra”.

¿Democracia iliberal?

Consultado por las críticas y por la posibilidad de que el Ejecutivo sea asociado a una “democracia iliberal”, Arrau respondió que la prioridad del gobierno está en enfrentar la inseguridad.

“Lo que nos preocupa es que la gente tenga miedo de salir a la calle, lo que nos preocupa es que otros países de Latinoamérica son cooptados por la corrupción, por el crimen organizado. Eso nos preocupa”, señaló.

El ministro sostuvo que el avance del crimen organizado requiere “medidas duras, potentes” y relativizó los cuestionamientos por recurrir a cambios a la Carta Fundamental, recordando otras reformas recientes en materia de seguridad.

“Se modifica la Constitución constantemente”, afirmó.

Restricciones para condenados

Arrau también abordó la disposición que permite establecer restricciones a determinados beneficios financiados por el Estado para condenados por terrorismo o crimen organizado.

En esa línea, explicó que la reforma establece una “habilitación constitucional” y que será una ley posterior la que determine su aplicación respecto de “ciertos bonos, pensiones, educación, salud”, hasta por 15 años después de cumplida la condena.

“Es una habilitación constitucional, no total por supuesto, que la ley dirá cómo se hace eso”, precisó.

El titular de Seguridad descartó que esto implique restringir atenciones de urgencia o el acceso general a la salud pública: “Urgencias no y salud pública tampoco, es una cosa bastante básica”.

Sin embargo, matizó que en cuanto a “urgencias, no y salud pública, tampoco, es una cosa bastante básica”.

En esa línea, ejemplificó que si hay un condenado por terrorismo postula a una beca de educación, a una pensión o espera una cirugía no urgente, se denegaría su acceso, lo que estaría sujeto a ley.

Sin embargo, señaló que la futura legislación podría abordar casos como el acceso de condenados a becas, pensiones o una cirugía no urgente. “Ese tipo de propuestas las haremos en la ley”, explicó.

Arrau justificó la medida señalando que cuando los ciudadanos financian con sus impuestos beneficios para personas que han causado daño a la sociedad “hay una sensación de injusticia. Eso queremos corregir con esto”.