La evaluación ciudadana sobre el sistema de justicia chileno muestra un deterioro respecto de la misma medición realizada hace dos años.

De acuerdo con los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto, un 75% de los consultados califica con notas entre 1 y 4 al Poder Judicial, utilizando una escala de 1 a 7.

En tanto, un 16% le asigna nota 5 y apenas un 7% lo evalúa con notas 6 y 7.

La proporción de personas que califica negativamente al Poder Judicial aumentó nueve puntos porcentuales desde agosto de 2024, cuando alcanzaba un 66%.

La medición también consultó por distintos atributos de la justicia chilena. Un 83% señaló que el Poder Judicial no le genera confianza, mientras que 82% considera que no asegura la igualdad ante la ley.

A su vez, un 79% manifestó que no cree que sus procedimientos sean claros y transparentes, y un 73% sostuvo que la institución diferencia entre las personas según su nivel socioeconómico.

Uno de los resultados más marcados aparece al preguntar si el Poder Judicial es imparcial y no se deja influenciar por los sectores más poderosos. Un 81% respondió que no, frente a un 11% que considera que sí.

Esta última cifra representa una variación de 22 puntos porcentuales respecto de agosto de 2024. En aquella medición, un 33% consideraba que el Poder Judicial era imparcial y no se dejaba influenciar por los más poderosos.

Jueces aparecen como principales responsables

La encuesta también abordó la percepción sobre las causas de las dificultades del sistema judicial. Un 67% identifica a los jueces como los principales responsables de que la justicia no funcione como se espera, 18 puntos más que en agosto de 2024, cuando esa alternativa alcanzaba un 49%.

En segundo lugar aparecen las leyes y la Fiscalía, con un 39%, mientras que el gobierno y el Ministerio de Justicia alcanzan un 31%.

Cambio en la percepción sobre el Plan Cancerbero

La medición incluyó además preguntas relacionadas con el Plan Cancerbero, iniciativa del gobierno en materia penitenciaria.

En las últimas dos semanas, cayó de 62% a 45% la proporción de personas que considera que el plan representa un cambio real en materia penitenciaria y que tendrá efectos sobre la seguridad.

En sentido contrario, aumentó de 35% a 51% quienes creen que se trató principalmente de un espectáculo comunicacional sin efectos sobre la seguridad.

La encuesta también consultó por la controversia generada a partir de la decisión de un magistrado de Iquique de ordenar el traslado de cuatro integrantes del Clan Chen desde la cárcel de máxima seguridad La Laguna, en Talca, hasta el penal de Alto Hospicio.

En este punto, 67% se manifestó en desacuerdo con que un juez de garantía pueda contravenir una decisión del director de Gendarmería respecto del traslado de un reo.

Nuevo estado de excepción divide las opiniones

En materia de seguridad, Cadem consultó por la propuesta del gobierno para crear un nuevo estado de excepción constitucional destinado, entre otras materias, a enfrentar al crimen organizado en determinados barrios.

Ante la pregunta sobre la necesidad de establecer esta nueva herramienta, 49% respondió que es necesaria y 46% que no lo es.

Sin embargo, al consultar específicamente por el proyecto presentado por el Ejecutivo, que contempla otorgar al Presidente la facultad exclusiva para decretarlo por 120 días, con posibilidad de renovación hasta completar 240 días, 60% manifestó estar en desacuerdo y 33% lo respaldó.

Una fórmula alternativa obtiene un resultado diferente. Un 50% está de acuerdo con que el eventual estado de excepción requiera autorización del Congreso y tenga una duración de solo 30 días, mientras que 43% se manifiesta en desacuerdo.

Entre las facultades contempladas en el debate, 86% respalda la posibilidad de requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o grupos terroristas. Asimismo, 77% está de acuerdo con permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado en las zonas sometidas a estas medidas.

En cambio, las medidas que implican mayores restricciones a las libertades individuales registran niveles de apoyo inferiores. Un 45% respalda la posibilidad de detener a una persona por sospecha y no únicamente ante la flagrancia de un delito.

Solo 39% apoya la posibilidad de interceptar, abrir o registrar documentos y todo tipo de comunicaciones. Cabe señalar que en estos últimos dos ítems Cadem no publicó el porcentaje que se muestra en contra de ambas medidas.

También se registra una disminución en el respaldo a las restricciones de movilidad y reunión. La proporción que apoya restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios o sectores cayó de 49% a 37% desde el 7 de agosto.

En el caso de limitar la libertad de reunión en determinadas zonas, el respaldo bajó de 41% a 26% en el mismo período.

Kast obtiene 38% de aprobación

La medición también consultó por la evaluación del gobierno y la situación del país. Un 38% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que 59% la desaprueba.

Respecto de la dirección del país, un 58% considera que Chile va por un mal camino y 35% estima que avanza por uno bueno.

Las expectativas también muestran una diferencia entre ambas posiciones, ya que el sondeo consigna que un 59% se declara pesimista respecto del futuro del país y 38% optimista.

En materia económica, 79% considera que la situación actual de la economía chilena está estancada o en retroceso, frente a 19% que estima que está progresando.

La percepción sobre la situación económica personal y familiar mantiene una brecha similar. Desde el inicio del gobierno de Kast, en la segunda semana de marzo, las evaluaciones negativas alcanzan un 59%, frente a 38% de evaluaciones positivas.

Según la medición, esta diferencia se ha mantenido durante 22 semanas consecutivas y supera el período registrado durante la pandemia de 2020 como el tramo más prolongado de predominio de percepciones negativas entre los hogares.

Finalmente, la situación del empleo concentra una de las evaluaciones más desfavorables de la medición: 90% califica como mala o muy mala la situación actual del empleo en Chile, mientras que un 8% la considera buena.