La comisión de Constitución, legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados sesionó la tarde de este martes para analizar el proyecto iniciado en mensaje que reforma la Constitución en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas.

La idea de legislar se aprobó por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, asistió a la sesión para defender la propuesta que el Ejecutivo ingresó al Congreso el 8 de junio, fundamentado en la necesidad de dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces para prevenir, controlar y gestionar la migración irregular.

Para ello, se propone aumentar el plazo para que una persona extranjera con orden de expulsión puede estar detenida, como mecanismo para asegurar la efectividad de dicha expulsión.

En el proyecto, el máximo contemplado para privar de libertad a personas a las que se le tramita la expulsión es de 180 días. La norma vigente fija un plazo de cinco días.

La reforma contempla el control judicial de las decisiones de la autoridad administrativa cuando decida renovar el plazo bajo el cual se debe materializar la expulsión, por lo que establece un plazo de seis meses para que se envíe un proyecto de ley que adecue la Ley de Migración y Extranjería sobre este tema.

Marcos Barraza, diputado del Partido Comunista (PC) votó en contra de la idea de legislar la iniciativa y advirtió sobre la posibilidad de “un incentivo para la demora”.

La diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, cuestionó la posibilidad de tener personas detenidas por seis meses en un lugar “imaginario”, según dijo, comentando que se entiende que la iniciativa no requería de un informe financiero, pero haciendo ver que era necesario tener certezas respecto cómo se iba a poner en práctica.

Pamela Jiles, diputada del Partido de la Gente, manifestó también su rechazo.

“Se está sometiendo durante 180 días de privación de libertad, lo que el ministro llama curiosamente retención, a personas que no han sido presentadas frente a un tribunal ni han cometido delito alguno”, sostuvo.

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Constanza Hube votó a favor, al igual que Jorge Guzmán de Evópoli, Marcos Ilabaca del Partido Socialista (PS), Juan Irarrázaval del Partido Republicano, Ignacio Urcullú, José Antonio Kast Adriasola y Cristián Araya del mismo partido, Francisco Orrego de Renovación Nacional, y Jaime Mulet, presidente de la comisión, de la Federación Regionalista Verde Social.

El independiente de la bancada del Partido por la Democracia José Montalva se abstuvo de votar.