Por 10 votos a favor y 2 en contra, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta jornada el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para que los establecimientos con sobredemanda consideren criterios adicionales de priorización.

Con esto, ahora el proyecto pasará a Sala para su discusión.

En la instancia previo a la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, expuso a la comisión el gasto fiscal necesario que requiere el proyecto, iniciativa que de convertirse en ley, entraría en vigencia al inicio del año escolar siguiente de su publicación.

Al respecto, la titular de Educación indicó que el mecanismo de elección mutua se implementará de forma gradual, de conformidad a lo dispuesto en un reglamento que deberá ser dictado por el Mineduc en un plazo 60 días.

El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, indicó, se financiará con cargo a la partida del Mineduc.

“No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público”, señaló la titular de Educación en su presentación.

En cuanto a los gastos adicionales que requiere el proyecto para su implementación, Arzola indicó que requerirá de una plataforma de preinscripción para apoderados que quieran participar del Mecanismo de Elección Mutua, así como una modificación al algoritmo de aceptación diferida, que debe considerar lista del establecimiento.

Para estos dos cambios indicó, tienen una estimación de aproximadamente $ 285 millones para un año de desarrollo de software.

Este tema fue materia de discusión en la comisión por parte de la diputada Emilia Schneider (FA), quien cuestionó que la cartera de Educación no incluyera dentro de los costos del proyecto un presupuesto destinado para hacer las entrevistas, uno de los criterios que los establecimientos educacionales podrán utilizar.

“Si el proyecto establece la posibilidad de hacer entrevistas, pero el informe financiero no evalúa lo que es un efecto directo -porque se van a hacer entrevistas-, si el informe financiero no evalúa ni una estimación, ni un costo, ni una posibilidad, ni nada, me parece que ahí hay un error”, indicó Schneider. Y eso, añadió, “infringe precisamente el decreto que establece los contenidos mínimos del informe financiero”.

Por su parte, tras la votación, la ministra Arzola agradeció la gestión de los parlamentarios, destacando que el proyecto de ley “ha sido fruto tanto de un trabajo prelegislativo, con parlamentarios que nos han también compartido las experiencias, los testimonios de personas de sus distritos, con quienes también conversamos sobre cómo atender a las dificultades que tiene el Sistema de Admisión”.

A lo largo de la tramitación, indicó, “y más allá de muchas caricaturas que a veces se tratan de instalar, nosotros escuchamos, presentamos indicaciones y creo que recogimos gran parte de las aprensiones que yo creo que son legítimas, que se presentaron en ese momento”.

“Espero que este proyecto pueda seguir adelante”, concluyó.