Las turbulencias en el Poder Judicial por los cuadernos de remoción no han cesado. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ha decidido dar la batalla contra la Corte Suprema por la apertura de más de 50 cuadernos de remoción en contra de los jueces que cometieron faltas a la probidad por viajar al extranjero con licencia médica.

El gremio de los jueces ha arremetido contra el máximo tribunal acusando que se vulnera el debido proceso, que no corresponde abrir un segundo proceso disciplinario bajo el artículo 80 de la Constitución cuando todos esos jueces ya fueron juzgados en sus respectivos sumarios siendo algunos de ellos sancionados y otros absueltos o sobreseídos.

Por eso han realizado convenios con abogados, bajo costo de los afectados, para dar la pelea en distintos frentes. En la defensa de los cuadernos, van con Ciro Colombara. Para requerir de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) van con el estudio Sarmiento, Walker y García. Junto con eso iniciarán un frente laboral bajo la asesoría del estudio Rossel Fuentes Urzúa. A todo eso se suma un amparo gremial presentado ante el máximo tribunal.

Sin embargo los jueces están apuntando a la presión a nivel internacional. Por eso fue bien recibida la opinión, que emitió hace solo un par de semanas atrás la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

“Estos jueces y juezas se enfrentan a procesos de remoción por conductas que no constituían una falta disciplinaria según la legislación chilena y respecto de los mismos asuntos que ya habian sido adjudicados”, advirtió Satterthwaite. “Las y los jueces se ven ahora obligados a defender la continuidad en el puesto demostrando que cumplen con criterios indefinidos de ‘idoneidad para continuar desempeñando el cargo’”, agregó la experta.

El reporte de prensa de la ONU donde se consignó la opinión de la relatora especial añade que la experta ve con preocupación que el artículo 80 de la Constitución no defina el contenido ni el alcance del fundamento constitucional del “buen comportamiento”, ni establezca criterios objetivos para determinar cuándo una conducta es lo suficientemente grave como para justificar la remoción. Tampoco regula la relación entre este mecanismo excepcional y los procedimientos disciplinarios ordinarios, lo que abre la puerta a la eventual duplicidad de procesos.

“Si bien es esencial garantizar la integridad judicial, me preocupa que en este caso se esté utilizando la facultad extraordinaria de remoción para acallar el debate público a raíz de un escándalo relacionado con el uso indebido de las licencias médicas por parte de funcionarios públicos”, afirmó la relatora especial.

“Chile debe encontrar formas más efectivas de fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y rechazar las medidas disciplinarias retroactivas y de alcance general. Es fundamental contar con normas claras y debido proceso para asegurar tanto la independencia como la integridad judicial”, añadió Satterthwaite.

La especialista señaló que el uso por parte de la Corte Suprema de su facultad prevista en el artículo 80 para destituir a jueces en docenas de casos constituiría “una desviación significativa del uso tradicional de esta facultad disciplinaria excepcional”.