Gobierno advierte “indicios” de desabastecimiento y evalúa aplicar Ley de Seguridad del Estado

Una pala mecánica fue quemada el lunes en la localidad de Mulchén.

Interior extendió ofrecimiento de ocho puntos a la CNTC, entre ellos, ley para indemnizar a quienes sufran actos terroristas. Camioneros rechazaron oferta, aunque podrían seguir evaluándola.




Viernes, sábado, domingo y el lunes a primera hora. Ese fue el cronograma de reuniones que mantuvo el gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez; el subsecretario Juan Francisco Galli y dos miembros del gabinete, Gonzalo Arenas y Giovanni Calderón, con el representante de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez. Sin embargo, ninguna de estas citas cumplió su objetivo: terminar con el paro de los camioneros y sacar a más de dos mil vehículos de carga parados en las carreteras. Al contrario de lo esperado, las negociaciones se tensionaron aún más.

Fue el jueves de la semana pasada cuando los transportistas iniciaron un paro exigiendo que se aprobaran 12 leyes en materia de seguridad, y que se mejoraran las condiciones de traslado de los transportistas en las rutas, principalmente en la Macrozona Sur (La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos), zona donde han sido víctimas de una serie de atentados.

En el inicio de las protestas, el gobierno mantuvo un discurso conciliador con el gremio. “Tenemos una manifestación pacífica”, dijo el ministro Pérez, el jueves. El viernes esta postura se mantuvo y el presidente de los camioneros, Sergio Pérez, afirmó que el lunes podía haber acuerdo.

Pero las cosas se complicaron el domingo. El gobierno elaboró una propuesta que se hacía cargo de las 10 propuestas del gremio, a través de ocho puntos (elaborado en conjunto con representantes de la CNTC, dijo el ministro Pérez) para mejorar la seguridad en las carreteras, instalar más cámaras, más zonas de descanso, el pago de un seguro y hasta un nuevo proyecto de ley que creará un fondo de reparación a las víctimas de atentados. Los camioneros no aceptaron, endurecieron el discurso, se cortaron algunas rutas y el gobierno respondió.

El ministro Pérez indicó el lunes que “ellos ofrecieron una manifestación pacífica que lamentablemente ha ido mutando a ciertos indicios de desabastecimiento y ciertos indicios de bloqueos de carreteras, cosa que habían prometido no realizar”. Y agregó que “al gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad, los elementos que le franquea la ley para enfrentar esta situación (…). Queda usar todos los mecanismos que nos faculta la legislación vigente, y la Ley de Seguridad del Estado es uno de esos”.

Los puntos de debastecimiento, sin embargo, no son muchos, comentaron la noche del lunes desde el Ejecutivo, y estarían dados en algunas bencineras de las regiones de Los Ríos y Los Lagos ¿Cortes de ruta? Cincuenta y tres hasta la tarde del lunes.

El rechazo de los camioneros a la oferta del gobierno, explicaron desde el gremio, se debe a que no se estarían considerando medidas de seguridad para los camioneros de Valparaíso, quienes reclaman una “ola de asaltos” en la Ruta 68 y 78. Además, señalan que falta establecer de manera clara los plazos para cumplir lo ofertado, y donde dice que se indemnizará a quienes sufran actos “terroristas”, debiera reemplazarse por “delitos”.

En el gobierno estaban convencidos, hasta el domingo, de que la propuesta se aceptaba. Incluso, advierten, el propio Sergio Pérez les comunicó que la oferta cumplía sus pretensiones. Pero las bases, y principalmente los gremios de Valparaíso y La Araucanía, no estaban conformes.

Interior llamó la tarde del lunes a un Comité de Contingencia, encabezado por el ministro Pérez y Galli, donde se analizaron los estados de avance de las cadenas de abastecimiento y los cortes de ruta, para posteriormente establecer medidas paliativas a los cortes.

Hasta el cierre de esta edición, la propuesta del gobierno extendida a los camioneros continuaba como “rechazada”. De todas maneras, se tenía contemplada una reunión durante la tarde-noche del lunes, donde fijarían su postura para los próximos días.

Los ocho puntos de la propuesta del gobierno

1 Urgencia y nueva ley: el gobierno se comprometía a darles “suma urgencia” a los 12 proyectos de ley en materia de seguridad que están en el Congreso. Además, ofrecieron presentar, este año, un proyecto que creará un fondo de reparación para las víctimas de la violencia a conductores y/o dueños en la Macrozona Sur.

2 Seguridad en la ruta: la propuesta incluía la incorporación de 36 nuevas cámaras de vigilancia entre los km 560 y km 682 de la Ruta 5 Sur. Se tenía contemplado, además, instalar 53 lectores de patentes en peajes y establecer un proceso de entrega de filmaciones a las víctimas de atentados. Todo en un periodo de 30 días.

3 Peajes: se realizarán las exigencias necesarias a las empresas concesionarias de la zona en conflicto para establecer sistemas de peaje con free-flow, cámaras e iluminación.

4 Zonas de descanso: el gobierno ofreció crear dos nuevas áreas de descanso en la Ruta 5 Sur, que forman parte de los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco, con estacionamientos para hasta 30 camiones.

5 Línea de financiamiento: se propuso fortalecer los subsidios directos que entrega actualmente Sercotec, por medio del “Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural”, a camioneros afectados por atentados y así cubrir los costos que no paga el seguro.

6 Tecnología: el Ministerio de Transportes creará una mesa técnica que ayude a establecer las necesidades de tecnología y seguridad de los camioneros y el impulso para legislar sobre un Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carreteras.

7 Pensión para afectados: la oferta consideraba ir en ayuda de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total, producto de atentados terroristas, mediante la concesión de pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos.

8 Mesa de trabajo: Interior se comprometía a solicitar al MOP una política nacional sobre seguridad de carreteras e implementar una mesa de trabajo que haga seguimiento a los acuerdos. La fecha para la constitución será a más tardar 15 días después de firmado el acuerdo, fijándose sesiones cada 15 días, hasta marzo de 2021.

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