El 28 de julio el 3° Juzgado de Garantía de Santiago dejó sin efecto la audiencia donde se discutiría, una vez más, el aumento de plazo de la investigación que sigue la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). Esto, luego de que la fiscal adjunta (s) Bernardita Luebert comunicara que ya contaban con todos los informes necesarios.

Con ello, rápidamente todos los intervinientes supieron que el Ministerio Público está a un paso de presentar la acusación en contra de Jadue. Ese es el siguiente paso que se viene en esta causa que data de 2021 y que involucra una serie de delitos de corrupción ligados a su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Con la acusación ingresada, la indagatoria entraría en la recta final para llegar a juicio, y junto con ello Jadue -quien está bajo la cautelar de arresto domiciliario total- podría quedar inhabilitado para postular como candidato a diputado por el PC.

Sin embargo, esta historia aún está en desarrollo luego de que la defensa de Jadue -representada por la defensora pública Yessica Aguilera- ingresara un escrito ante el tribunal para solicitar que se mantenga la audiencia de aumento del plazo de investigación fijado para el 28 de agosto.

La abogada plantea que si se niega esa petición se atenta “contra el derecho de defensa de nuestro representado a solicitar las diligencias de investigación que estime pertinentes y que se resuelvan dentro de un plazo judicial de investigación”.

De los escritos ingresados en la tramitación de la causa se desprende que la defensa está decidida a evitar que la indagatoria se cierre y así dilatar una acusación que, tal como lo adelantó hace algunos meses la fiscal Giovanna Herrera, ya está en construcción.

Esto debido a que la defensora no solo presentó una reposición para tener una audiencia de aumento de plazo de investigación, sino que además ingresó otro escrito en que pide una audiencia de cautela de garantías.

Dicha audiencia, expone la defensa, apunta a presionar a la Fiscalía para decretar nuevas diligencias en la investigación.

“Atendido que la defensa pública asumió la representación del señor Daniel Jadue recién el pasado 14 de julio, que la presente causa se trata de una investigación extensa, compuesta por 100 tomos, que a su vez está relacionada con conocidas personas del ámbito público, siendo necesario el examen de la causa para determinar, tanto las posibles solicitudes de diligencias investigativas, como eventuales incompatibilidades, entre otros temas relevantes, y sin perjuicio de la reposición presentada por esta defensa el pasado 29 de julio, es que solicitamos se fije la audiencia a la brevedad”, se lee en el documento ingresado por la defensa.

Mientras el Ministerio Público no cierre la investigación, no podrá presentar la acusación. Esto podría ser relevante para Jadue si se tiene en consideración que el plazo para inscribir las candidaturas parlamentarias vence el 18 de agosto y el Servel cerrará el padrón electoral el 28 de agosto.

Si Jadue lograra inscribirse y luego cambia su calidad procesal de imputado a acusado, se abrirá un escenario incierto respecto a su futuro político, que lo más probable es que termine en el Tricel.

La amenaza está fijada en la propia Constitución, ya que es ahí donde se establece que un ciudadano perderá su derecho a sufragio “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”. Además la Carta Fundamental establece que “para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio”.

Lo que ocurra durante agosto será fundamental para las definiciones políticas del PC y del oficialismo. Esto debido a que su partido ya decidió que Jadue compita como diputado por el distrito 9, que incluye a Recoleta. La misma zona electoral de la actual diputada Karol Cariola, quien desocupará su escaño para competir como senadora por Valparaíso.