Hace casi 14 años, cuando a la cabeza del Ministerio Público estaba el fiscal nacional Sabas Chahuán, la institución comenzó a plantear que se requería agilizar el remate de bienes incautados a narcotraficantes. En septiembre de 2012, de hecho, Chahuán se reunió con la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, para abordar el asunto.

En la oportunidad, la discusión se suscribió a los comisos ligados a la Ley 20.000, y actualmente el ente persecutor apunta a robustecer la ejecución de los elementos que retienen en función de todos los delitos que persiguen.

Aunque la premisa es la misma, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ha instado -en distintas oportunidades- a que se pueda incluso crear una entidad que esté específicamente enfocada en la gestión y enajenación de bienes provenientes de dineros sucios, como dicen en la Fiscalía.

Esa necesidad llevó a que el Presidente José Antonio Kast confirmara en cadena nacional la creación de una agencia para liquidar y administrar bienes incautados a delincuentes. El paso dado por el gobierno fue celebrado en el edificio de Catedral 1437.

Eso sí, como detalla en conversación con este medio Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, hay varios elementos que tener a la vista para que dicha institución cumpla con su objetivo.

“Es difícil discutir la necesidad, en el Chile actual y con su criminalidad, de una agencia especializada para administrar los bienes incautados y decomisados, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado. Hoy les incautamos bienes a las organizaciones, algunos de ellos de gran valor, pero el sistema no cuenta con las herramientas para conservarlos, gestionarlos y ejecutarlos a tiempo, y lamentablemente se transforman en un costo adicional para el Estado. Al final eso es un desincentivo para todas las instituciones”, comenta el abogado, quien insistió en que, de todas maneras, todos los comisos deben ser aprobados vía orden judicial.

De acuerdo con los cálculos que han realizado en el Ministerio Público, anualmente gastan más de $1.600 millones solo en la custodia de vehículos retirados por orden judicial o incautados en procedimientos penales. En el tiempo, además, se deprecian y no reportan utilidad al Fisco, ni tampoco se devuelven en buenas condiciones si es que se ordena su devolución.

En bodegaje, cuando se trata de especies que no pueden estar o no caben en la custodia de la Fiscalía, también hay un gasto adicional. Eso, durante este 2026, ha tenido un costo mensual aproximado de $300 millones. Si es que la Fiscalía logra incautar embarcaciones o aeronaves, como ha ocurrido, los costos se elevan aún más, porque la institución carece de la infraestructura y logística para gestionar esa tarea.

“El Estado gasta cada vez más dinero en custodiar bienes que finalmente se deprecian. El problema, entonces, no es simplemente incautar más, es conseguir que aquello que le quitamos al crimen organizado no termine transformándose en un costo para el propio Estado, y ahí el rol de la nueva institucionalidad debería ser vital”, relevó Castillo.

Considerando que hoy el Ministerio Público cumple con labores que consideran ajenas, el director de la unidad de Crimen Organizado asegura que una agencia especializada permitiría una división del trabajo: “Que la Fiscalía y las policías persigan el patrimonio criminal y que una institución profesional se encargue de gestionar esos bienes eficientemente. Es finalmente un tema de eficiencia del Estado”.

Ir tras los bienes y el patrimonio de las organizaciones es el objetivo que, según Castillo, tienen que conseguir, no solo detener a los integrantes, pues las estructuras criminales están sustituyendo a sus miembros con relativa facilidad. “Quitarles sus bienes suele ser más decisivo que quitarles algunos de sus hombres”, dice.

Pero esta nueva agencia, a juicio del abogado, debería considerar no solo los bienes derivados de lo que se entiende como crimen organizado tradicional, sino que también aquellos que son fruto de los denominados delitos de cuello y corbata.

Además, asegura que debe administrar lo confiscado y rematarlo, pero también analizar cómo generar utilidades en favor del Fisco en función de ellos, eventualmente retornarlos a las comunidades resignificándolos (sobre todo los inmuebles) y hacerse cargo de los bienes desde el primer minuto. En caso de que la persona sea absuelta por los hechos que se le investigan, podría accionar demandas civiles para que sus bienes sean restituidos.

“Seguir la ruta del dinero no puede quedarse en identificar e incautar bienes. Hay que administrarlos, conservar su valor y finalmente realizarlos. Si ese último eslabón no se cumple, el decomiso pierde buena parte de su efecto real y la idea de asfixiar económicamente al crimen organizado puede quedar solo en un eslogan”, explica.

“Lo principal es que exista una sola autoridad responsable de todo el ciclo de los bienes incautados y decomisados. Hoy intervienen distintas instituciones, y al final nadie responde realmente por el resultado”, añade Castillo.

Lo ideal para la Fiscalía, dice, es que la agencia que se cree pueda “administrar, vender cuando corresponda, por ejemplo anticipadamente, cuando se den los presupuestos legales y las autorizaciones judiciales, preservar el valor de los activos y también hacerse cargo de los bienes ilícitos que deben destruirse. Todo esto puede ser público, privado o mixto, pero lo importante es que haya responsabilidad, eficiencia y rendición de cuentas”.

Parte de los dineros que se obtengan, agregó, debería llegar a las instituciones que forman parte del sistema de seguridad.

La problemática

Como recalcan desde el Ministerio Público, Chile es de los pocos países de la región que no cuenta con una agencia dedicada a la retención y ejecución de los comisos.

Perú cuenta con el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que está bajo el alero del Ministerio de Justicia. Colombia administra miles de millones de dólares a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que depende de Hacienda. Francia posee la Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (Agrasc), un modelo público autónomo que se autofinancia. Y, entre otros países, España consolidó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que está bajo el alero del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

La carencia nacional de una entidad de este tipo ha generado, por ejemplo, que -de acuerdo con datos de la Fiscalía- a marzo de 2025 existan 87 inmuebles que no habían podido ser rematados, pese a que se había decretado su comiso en una sentencia condenatoria. De ellos, 19 ni siquiera habían sido inscritos a nombre del Fisco o el trámite estaba pendiente.

La situación en que hasta ahora se encuentra Chile va contra las recomendaciones vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las directrices de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que exigen de forma taxativa que los países cuenten con sistemas tecnológicos centralizados de administración de bienes (SAB) y agencias multidisciplinarias independientes para asegurar que “el crimen no pague”.

Hasta ahora, Chile sigue enfrentando este fenómeno de forma fragmentada, entre el SML, la Dicrep (Tía Rica), Aduanas y las policías.

Los otros puntos clave

La agencia no es lo único que se requiere para fortalecer la persecución de los dineros ilícitos. Desde el Ministerio Público también recalcan que se debe robustecer lo referente a las capacidades humanas y tecnológicas para identificar, trazar e incautar patrimonio, incluyendo hoy criptoactivos y movimientos financieros cada vez más sofisticados.

En este punto, según Castillo, hay que pasar del “follow the money” al “follow the data”.

Junto con ello, afirma el abogado, hay que dotar a los organismos de buenas herramientas legales: “Un sistema de comiso coherente y eficaz, acceso suficientemente rápido a la información bancaria y mecanismos que permitan congelar oportunamente activos cuando existan antecedentes serios de su origen ilícito”.

En ese punto, entre otras medidas, se recalca la necesidad de modernizar lo referente al levantamiento del secreto bancario para que, por ejemplo, se pueda pinchar una cuenta hacia adelante y no solo acceder a movimientos ocurridos en períodos anteriores.

Como tercer elemento, el director de la unidad especializada subraya que se debe fijar una “verdadera coordinación entre Ministerio Público, UAF, SII, Aduanas, bancos y las fintech, porque el dinero criminal circula entre instituciones a una velocidad que muchas veces el sistema es incapaz de captar”.