El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje aclaró este domingo a La Tercera algunos de los plazos sobre la reconstrucción de las viviendas en Valparaíso tras el incendio en 2024.

En primer lugar, el secretario de Estado adelantó que las demoliciones de las viviendas en El Olivar deberían comenzar la semana que viene. “Estamos esperando dos autorizaciones, apenas estén, demolemos. Pensamos que eso va a ocurrir la próxima semana”, explicó.

Respecto al anuncio sobre el inicio de construcción el 21 de mayo, mencionó que esta es una fecha establecida por los técnicos para poder partir. Sin embargo, “esto nunca es tan exacto. Pero es la fecha en que nosotros podemos ya partir con la obra definitiva de las casas”.

Asimismo, dijo que durante esta próxima semana también debería cumplirse el plazo para que las familias afectadas por los incendios decidan la materialidad de las viviendas.

De acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), las viviendas levantadas por la Constructora San Sebastián no cumplían con estándares antisísmicos, estructurales y contra incendios.

Aunque los informes entregaban algunas recomendaciones para solucionar estos desperfectos, el ministro señaló que estas reparaciones “tenían costos altísimos” y afirmó que “yo como ministro no voy a entregar a las familias las casas falladas, parchadas”.

Querella contra antiguos proveedores

Como habían adelantado desde el Ministerio de Vivienda, el ministro Poduje informó que ya presentaron una querella en contra de la empresa Constructora San Sebastián, quienes a su vez también anunciaron acciones legales por los dichos del ministro Poduje sobre su gestión.

“Las imputaciones del ministro resultan, a nuestro juicio, precipitadas e infundadas. Por lo mismo, ejerceremos todas las acciones civiles para exigir el cumplimiento de los contratos vigentes, así como las acciones penales pertinentes para reparar la honra de nuestros ejecutivos, la cual ha sido puesta en duda de manera injusta ante la opinión pública”, señalaron desde la empresa en un comunicado.

Antes de que se anunciara la salida de la constructora, la directiva de esta había defendido su labor en la reconstrucción y plantearon realizar un estudio con un laboratorio independiente para que este determinara si los trabajos realizados han cumplido con lo aprobado desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Respecto a esta situación, el ministro señaló que “nosotros nos querellamos por cuatro delitos, así que bueno la empresa está en su derecho de defenderse. Queremos la restitución de los dineros. Afortunadamente alcanzamos a paralizar las otras trescientas obras donde tenían casi nada de avance”, dijo el jefe de la cartera de Vivienda.

Los delitos señalados serían estafa al fisco, fraude al fisco, tráfico de influencias y amenazas a vecinos. Sobre este último el secretario de Estado señaló que “ellos amenazaron (a los vecinos) de que no se podían retirar de la empresa, renunciar, porque eso implicaba cobrarles una multa, cosa que era falsa”.