En la reunión bilateral que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo con su sucesor, Iván Poduje, también participó la actual jefa de finanzas de la cartera, Vania Navarro. Y es que el tema de las deudas que el Minvu tiene con empresas constructoras y proveedoras del Estado -avaluadas en US$ 130 millones por Montes en octubre pasado- ha sido un flanco de críticas a una gestión también marcada por reproches por la reconstrucción en Valparaíso.

Y aunque durante el último tiempo desde el Minvu han desestimado los pasivos que tienen con los proveedores y argumentado que ya está en proceso de solución, hay otra arista sobre la mesa, considerando que varias empresas constructoras han acudido a la justicia para cobrar deudas o distintos perjuicios.

De hecho, durante los últimos cinco años el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha representado al Minvu en la defensa de un total de 19 demandas de constructoras, por un total de $112.171.136.760. Así se desprende de una solicitud por Ley de Transparencia de La Tercera al Minvu derivada al CDE, en cuya respuesta se incluyen causas por materias como deudas, cobros y perjuicios, entre otras.

Desglosado por la categoría de las demandas, la mayoría son por indemnización de perjuicios o nulidad de derecho público ($109.169.910.392), seguido por verificación de créditos ($2.850.671.966).

La mayor demanda ha sido de la empresa Inmobiliaria Punta Piqueros el 2023 por el proyecto de hotel en Concón del cual se acusa una cuantía de $89.330.975.000. La constructora acusó que siguió los permisos, pero que estos fueron declarados ilegales y por ello el bullado hotel quedó en una especie de limbo.

La segunda mayor demanda es de la Inmobiliaria O’Brien por $6.510.711.266 en la que acusa que siguió los permisos de un proyecto en Vitacura, pero que luego estos fueron revertidos, generando por ello un perjuicio.

La mayoría de las causas son en Santiago (10), seguido por Temuco (3) y Valparaíso (2).

Otras sociedades llamativas que han demandado al Minvu son la Fundación Urbanismo Social, que en junio del 2024 solicitó su quiebra en medio de indagadatorias en su contra por los líos de plata del “Caso Convenios”. La demanda en el 2° Juzgado Civil de Temuco es por resolución de contrato por un total de $27.348.399.

Desde el Minvu no se refirieron al tema, pero muchas de las causas -que siguen en curso- podrían no necesariamente terminar con implicancias económicas directas para el Estado.

En la cartera liderada por Montes también han sido cuestionados por uno de los sistemas de pago a sus empresas proveedoras, llamado confirming, de Banco Estado. A través de él las empresas adelantan pagos previo cobro de intereses. El tema es que dichas compañías señalan que han recurridoa esta figura porque el ministerio se ha atrasado en sus pagos regulares.

El tema de las arcas fiscales del Minvu asoma como una materia de preocupación para la próxima administración, considerando que el futuro ministro Poduje debe hacerse cargo de la reconstrucción en la zona centro sur, que él mismo tiene avaluada en US$648 millones.