Puertas adentro en el Ministerio de Educación reconocen que aunque la admisibilidad del requerimiento presentado por la oposición en el Tribunal Constitucional (TC) por Escuelas Protegidas era una posibilidad, en el fuero interno guardaban la esperanza de que esto no prosperara. Pero no fue así.

Y es que el pleno del TC declaró admisible este martes el requerimiento de senadores y diputados opositores respecto a artículos de la iniciativa ya despachada por el Congreso y que, entre otras cosas, permite la revisión de mochilas en colegios y abre la puerta a la pérdida de la gratuidad en educación superior.

Según comunicaron desde el TC, se acordó admitir el trámite presentado por dos grupos de parlamentarios: por un lado, diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido de la Gente e independientes, y, por otra parte, de senadores de oposición, dando paso a estudiar el fondo de la acción.

“Que impugnan de inconstitucionalidad de los artículos 1°, numeral 2, en lo que respecta al artículo 16 J, en las oraciones finales de sus incisos octavo y noveno; 2°; y 6°, numerales 1 y 2, del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, correspondiente al Boletín N°18.156-04″, explicaron desde el TC, misma decisión que adoptó el grupo de diputados.

Las cuatro normas específicas que, a juicio de los parlamentarios, vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, son la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes y la disposición que autoriza a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) a registrar vestimentas y pertenencias al interior de los establecimientos sin una orden previa de un fiscal.

Además, se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”. Asimismo, se cuestiona la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior aplicable a personas condenadas por determinados delitos.

El pleno que tomó la decisión estuvo integrado por sus 10 titulares. El requerimiento queda en condiciones de continuar con su tramitación para pronunciarse sobre el fondo.

Desde el Mineduc, donde internamente asumen que esto, cuando menos, retrasará la implementación de Escuelas Protegidas, aseveran que la admisibilidad “constituye una etapa propia del proceso, pero que no dice relación alguna con el resultado de fondo”.

“El Ministerio de Educación mantiene la convicción de que la ley Escuelas Protegidas aprobada por el Congreso con amplia mayoría, representa una herramienta valiosa y necesaria, que permitirá entregar tranquilidad a los equipos directivos, docentes y asistentes de la educación, y que responde a una demanda de las familias y la ciudadanía”.

Los requirientes

Desde el Tribunal Constitucional señalaron que son dos grupos de parlamentarios los que presentaron los requerimientos en contra de las cuatro normas mencionadas.

El primero son diputados: Ignacio Achurra, Jaime Bassa, María Francisca Bello, Jorge Brito, Félix Bugueño, Matías Fernández, Lorena Fries, Javiera Morales, Coca Ñanco, Emilia Schneider, Constanza Schönhaut, Carolina Tello, Tatiana Urrutia, Consuelo Veloso, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, todos del Frente Amplio.

La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del FA e integrante de la Comisión de Educación, valoró que se haya acogido a trámite el requerimiento del proyecto “que el gobierno ha llamado Escuelas Protegidas, que de protección y de seguridad no tiene nada. Vulnera los derechos de niños y niñas, de estudiantes y también de las familias, y vamos a seguir defendiendo sus derechos. Así como lo hicimos en la tramitación de este proyecto, donde presentamos más de 70 propuestas para mejorarlo y el gobierno nos dio un portazo. Quisieron legislar a tontas y a locas y por eso vemos que se vulnera la Constitución en nuestro país. Vamos a seguir insistiendo y esperamos que el TC acoja nuestros argumentos”.

A este requerimiento se sumaron los independientes Gustavo Gatica, Héctor Ulloa, Carolina Cucumides, Bernardo Salinas, Marisela Santibáñez, Valentina Cáceres y Roberto Celedón, la PDG Tamara Ramírez, y los PPD Andrea Parra y Carlos Cuadrado.

Del mismo modo se hicieron parte Ana María Gazmuri (PAH), los PS Francisco Crisóstomo, Andrea Macías, Emilia Nuyado, Juan Santana y César Valenzuela, además de los PC Marcos Barraza, Boris Barrera, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Sofía Gonzalez, Irací Hassler, Lorena Pizarro y Daniela Serrano.

Precisamente, esta última, integrante de la Comisión de Educación, fue una de las impulsoras del requerimiento, y sobre la admisibilidad señala que “es una buena noticia que el tribunal haya acogido a tramitación nuestro requerimiento, toda vez que este tiene como objetivo principal resguardar garantías constitucionales cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes”. Por otra parte, añade, “cuando estamos hablando de Escuelas Protegidas, estamos hablando del conejillo de Indias de este gobierno para introducir un Registro Nacional de Vándalos, que tienen similitudes. Es decir, hoy día, a cualquier falta, poder quitar un derecho social tan importante como es la gratuidad”.

El segundo requerimiento acogido, dicho está, corrió por cuenta de diversos senadores: Danisa Astudillo, Alfonso De Urresti y Fidel Espinoza (todos PS); Karol Cariola, Claudia Pascual y Daniel Núñez (del PC); Ricardo Celis (PPD); las independientes Ximena Órdenes y Alejandra Sepúlveda; Esteban Velásquez (FRVS); Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez (FA); e Iván Flores, Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste (DC).

Esta última senadora dice valorar “que el Tribunal Constitucional haya acogido a tramitación el requerimiento que hicimos como Comité Unido del Senado”. Y suma: “Confiamos en que en el estudio de fondo que hará el TC se pueda aclarar la eventual inconstitucionalidad de algunas disposiciones de este proyecto de ley, particularmente aquellas relativas a revisiones de las pertenencias de las y los estudiantes, la intervención policial en establecimientos educacionales y las restricciones al acceso a la gratuidad en educación superior como una pena accesoria”.

“La seguridad en las comunidades educativas es una prioridad que debe ser complementaria a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, al derecho a la educación y a las garantías constitucionales que nos rigen en un Estado de Derecho. Como requirentes, colaboraremos activamente en todo dicho proceso”, cierra Provoste.

Pero desde el oficialismo ponen paños fríos a esta suerte de primer triunfo de la oposición en el TC. El diputado Luis Pardo (RN), integrante de la Comisión de Educación, asevera: “Que se hayan declarado admisibles los requerimientos no significa que vayan a ser inconstitucionales. Yo tengo la seguridad que lo aprobado respeta la Constitución y que el resultado ante el TC será favorable. Finalmente, detrás de cada una de estas normas hay un profesor agredido, un estudiante amenazado y una familia que pide tranquilidad, y me parece lamentable que en virtud de la oposición ellos deban esperar”.