Este miércoles 29 de abril, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se revisará la solicitud de la defensa de la exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier -indagada por tráfico de influencias, prevaricación y violación de secreto reiterado- para anular la orden que dio pie al allanamiento efectuado en su domicilio en enero pasado.

De acuerdo con la versión expuesta por su abogado, Rodrigo Piergentili, el Ministerio Público habría logrado la autorización para ejecutar la entrada y registro del inmueble ubicado en Providencia en base a antecedentes falsos.

En términos generales, afirman que no es cierto que la exjueza haya fingido el robo de su celular y así impedir que los investigadores lo revisaran.

Pese a las alegaciones, lo concreto, según antecedentes que están en el expediente de la causa, es que el 13 de enero la jueza Isabel Correa concedió la autorización, por lo que al día siguiente los efectivos de la PDI llegaron hasta la vivienda.

En ese procedimiento, eso sí, los detectives no sólo incautaron varios dispositivos electrónicos, sino que también un elemento que les llamó ampliamente la atención y que, hasta ahora, se desconocía.

Conforme se establece en el acta de incautación que firmaron tanto Letelier como los funcionarios policiales que participaron del procedimiento, esa tarde también se encontró una escopeta y municiones en dos dormitorios de la vivienda.

“Mientras se efectuaba la revisión del inmueble, se produjo un hallazgo casual consistente en una escopeta marca Winchester, sin modelo visible, calibre .38, serie XXXXXXXX, junto a 35 cartuchos calibre .16, los cuales figuraban inscritos a nombre del cónyuge de la imputada, Hugo Quintana de la Fuente, fallecido el 24 de julio de 2024″, se lee en el informe de la diligencia emanado el 20 de enero.

Asimismo, el documento precisa que “conforme a la información obtenida del sistema institucional SIBI, mantenía la inscripción vigente del arma. Consultada la imputada respecto de esta situación, señaló que a la fecha no había efectuado el proceso de regularización correspondiente".

Conforme a los procedimientos que establece la normativa, como se desprende de documentos contenidos en la carpeta de la causa, tanto el arma como los cartuchos fueron remitidos a la Sección Balística del Laboratorio de Criminalística de la policía civil, “para pericia y posterior remisión”.